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| 6/18/2001 12:00:00 AM

Sobre las transferencias

Presento a ustedes inquietudes sobre el artículo del doctor Hernando Gómez Buendía, ‘

Presento a ustedes inquietudes sobre el artículo del doctor Hernando Gómez Buendía, ‘Escaso y mal repartido’, en la edición #992. Sin duda las transferencias deben manejarse con pulcritud. Lo que no está bien es que nos escandalicemos por su mal manejo y pasemos de largo por la corrupción y los negociados de los entes nacionales, causa primordial del déficit fiscal. Con ello no pretendo justificar la corrupción regional, sino de poner freno a ambas, pero sin detener ni desacelerar el proceso autonómico, que a la larga debe garantizar una mayor eficiencia y también una más sólida integración nacional. Es injusto afirmar que “la parte grande del daño ya está hecha”, simplemente porque se crearon las transferencias y se definió un aumento anual en previsión del crecimiento de las obligaciones, específicamente salud y educación, que se trasladan a los entes territoriales simultáneamente con esos dineros.

Las transferencias no son malas en sí mismas ni es malo que se incrementen en proporción al incremento de las obligaciones a las cuales están destinadas. No puede olvidarse que el origen de esos dineros es la tributación regional, o sea que la transferencia original es la que el contribuyente hace a las arcas nacionales. Para el caso de Medellín, por ejemplo, las transferencias en 1998 y 1999 fueron del 4,8 y 4,9 por ciento de los recaudos nacionales en esta ciudad. Y una proyección de 2001 a 2007, sin considerar el posible recorte por la reforma en curso, estima las transferencias en un promedio de 4,4 por ciento de la tributación nacional generada en Medellín. Tampoco es justa la referencia generalizada a alcaldes y gobernadores, cuando dice que ellos “quedan en libertad de gastar las transferencias como quieran” y que “este es el punto más atractivo para ellos y el más dañino para los colombianos”. Porque hay muchos alcaldes y gobernadores honestos que están luchando por defender los derechos de sus regiones a un desarrollo digno y a una atención a necesidades básicas insatisfechas. La inversión en “piscinas con olas” no es el caso general de los gobernantes regionales.
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