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| 11/22/1999 12:00:00 AM

UNA ASPIRINA CONSTITUCIONAL

Muy valiosos los aportes de SEMANA al análisis jurídico del problema Upac. No obstante, es a
todas luces evidente que darle una aspirina constitucional a un enfermo económico, ahora o dentro de seis
meses, no cambia nada porque resulta que el problema no es jurídico sino estrictamente de plata. Gracias
a errores garrafales y sistemáticos durante los dos o tres últimos años, como subir las tasas de interés a
niveles inconcebibles (e impagables) y a su vez atar las deudas de vivienda al vaivén de tales intereses en favor
de los banqueros, hoy el deudor vive el peor de los mundos: cuotas y saldo "en libros" de la deuda altísimas,
en grave diferencia con el bajísimo valor real de su vivienda. Simple: lo que compro en 100 vale 50 pero debe
300. La única pregunta tangible que hay por resolver en este problema es: ¿quién va a pagar por esa
diferencia? La alternativa entre crear la cultura del no pago y la de clavar al deudor no debe ni siquiera
plantearse porque son 800.000 deudores trabajando y pagando las ineficiencias y utilidades de los
banqueros y los intereses de 10 millones de ahorradores, lo cual ya evidencia una 'pelea' mal casada amén de
un desequilibrio enorme: en este país un deudor 'mantiene' 12,5 ahorradores y más encima le tiene que dar
enormes utilidades a los banqueros. Lo único cierto, además, es que las circunstancias en las cuales los
bancos ganaron miles de millones en utilidades durante años y bajo las cuales alegremente contrataron
tales créditos hipotecarios se les devolvieron, tal como se les devolvieron a los constructores y al país, y
punto. No lo vieron ni lo previeron ni puede hacérseles una excepción. En resumen, darle largas y contentillo
jurídico constitucional (?) al problema ¡económico!, ¡de plata! o tratar de clavarle la 'solución' al deudor, es
inviable e inútil. El sistema financiero no puede quebrarse, pero los banqueros sí van a perder. Y mientras
más pronto sean capaces de afrontarlo, me parece mejor para la futura viabilidad económica de la vivienda y
del país. Casi nada. Alfonso Aljure O. Bogotá
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