Gobierno y Procuraduría, por fin de acuerdo

Cuando la Procuraduría propuso cambiar el Código Disciplinario estableció que sorprender a los funcionarios consumiendo drogas en lugares públicos o en el sitio de trabajo fuera sancionado como una falta grave. El Gobierno se opuso, por considerar que esos hechos no se podían juzgar como si la falta fuera equiparable a un delito de lesa humanidad. Al final, la viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda, encontró que la administración Santos tenía razón y que los servidores públicos consumidores de narcóticos sólo podían recibir esa sanción si se comprobaba que influía en sus funciones. Así se lo hizo saber a la Corte Constitucional, que deberá determinar si ‘fumarse un porro’ o ‘echarse un pase‘ puede llegar a ser un factor inhabilitante para el desarrollo de funciones públicas.