Cambio de rumbo

El agente fiscal delegado por la Procuraduría en el proceso penal de los auxilios distritales presentó el jueves pasado un concepto jurídico que puede significar un profundo cambio de rumbo en el caso. Según el documento, el debatido acuerdo 13, que aprobó el pago de esos dineros, está cobijado por una presunción de legalidad y su expedición no debe por sí sola considerarse punible. Si dicho acuerdo se presume legal, haberlo aprobado y luego aplicado por medio del giro de los auxilios no podría constituir delito, con lo cual ni los concejales que lo votaron, ni el entonces alcalde Juan Martín Caicedo y sus secretarios de Hacienda que lo aplicaron, podrían ser procesados por esa causa.