Todos en la cama o...

Ahora que –por la solicitud de medidas cautelares de Petro– está sobre el tapete el tema de si Colombia tiene la obligación de acatar la normatividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, está saliendo a flote un problema. Y es que si se considera que las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento, las otras normas también tendrían que serlo. Una de estas es que los funcionarios elegidos por voto popular solo pueden ser destituidos por un juez y en un proceso con doble instancia. Como la mayoría de los parapolíticos en Colombia fueron juzgados por una sola instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, de aplicarse el criterio de la OEA esos procesos no serían válidos y todos quedarían libres. Por eso varios congresistas que se encuentran condenados por parapolítica –como Mauricio Pimiento, Miguel Pinedo, Luis Alberto Gil, Odín Sánchez y otros– ya demandaron ante ese organismo con ese argumento.