Otros tiempos

Ahora que se ha convertido en una prioridad la lucha contra la corrupción, vale la pena recordar cómo se combatía este flagelo en los primeros años de la República. Un decreto de 1822, firmado por José María del Castillo, presidente interino de la Gran Colombia, establece que cualquier “empleado en la hacienda nacional a quien se justificare sumariamente fraude o mala versación en los intereses públicos, o resultare alcanzado, se le aplicará irremisiblemente la pena de muerte, sin necesidad de más proceso que los informes de los tribunales respectivos”. Si este criterio se aplicara en la actualidad habría miles de muertos.