De marca mayor

Pocas veces un caso había involucrado a tantas y tan altas autoridades judiciales como el del gobernador del Caquetá. Antes de ser elegido, Juan Carlos Claros había sido condenado por peculado a 10 meses de cárcel. A pesar de que esta condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, Claros se posesionó como gobernador en enero pasado. La Procuraduría ordenó entonces su destitución debido a la condena, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 13 años. Sin embargo, el destituido no se dio por vencido e interpuso una tutela que llegó al Consejo Superior de la Judicatura. La sorpresa fue que la sala disciplinaria de esa entidad le dio la razón a Claros y argumentó que le habían violado el derecho al debido proceso. Ahora, la Procuraduría ha anunciado que está en total desacuerdo con la decisión del Consejo y que le va a pedir a la Corte Constitucional que seleccione la tutela y revise el fallo.