EL CASO MICHELSEN

El llamamiento a juicio a Jaime Michelsen dictado la semana pasada, tiene su origen en una interpretación jurídica a la que llegó un juez, después de un largo debate con los abogados del ex presidente del Banco de Colombia. La discusión se basaba en si el tope establecido por la legislación para los denominados autopréstamos en una entidad financiera, había sido superado por un conjunto de créditos del Banco de Colombia a favor de empresas del Grupo Grancolombiano. El argumento de la defensa era que, como cada empresa beneficiaria de los créditos era una persona jurídica diferente, los préstamos no se podían acumular y debían ser analizados individualmente, con lo cual ninguno superaba los límites legales. Por su parte la Superintendencia Bancaria alegaba que el tope de estos créditos se le debía aplicar al Grupo Grancolombiano como conglomerado y no a sus empresas individualmente, con lo cual sí se superaban los topes legales. La decisión tomada la semana pasada por un juez inclina la discusión a favor de este último planteamiento. La pregunta que se hacen numerosos juristas es cuál es el criterio legal que se utilizó para definir que un grupo de empresas juridicamente independientes, pueden ser consideradas una sola persona jurídica.