¿Se quedará?

La elección de la contralora, Sandra Morelli, está en vilo mientras se define si ella acredita los cinco años de experiencia en servicio público que se requieren para ejercer ese cargo. En su defensa, ella ha invocado que sus años de trabajo en la Federación de Cafeteros y en la Cámara de Comercio de Bogotá también corresponden al concepto de servicio público. El magistrado que lleva el caso en el Consejo de Estado, Alberto Yepes, tiene que definir esta semana dos cosas. 1) Si trabajar en la Federación Nacional de Cafeteros, que es una entidad de derecho privado pero que maneja recursos importantes del Estado a través del Fondo del Café, se puede considerar servicio público. 2) Si lo mismo puede interpretarse de la responsabilidad de ser árbitro de la Cámara de Comercio y por cuánto tiempo ejerció ese rol.