Un preocupante panorama de violencia en Colombia presenta la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia en su informe anual de 2009.
En ese documento, el organismo internacional reconoce algunos esfuerzos del Gobierno por mejorar la situación, pero muestra también su preocupación por las violaciones sexuales que se cometen en el país, la tortura, las desapariciones, las ejecuciones de civiles que son presentados como bajas en combates militares y la permanencia de la violencia de las Farc, el Eln y paramilitares en algunos lugares. También registra la dificultad que muchas personas tienen para acceder a la justicia, incluso dentro del proceso de justicia y paz, a la vez que vuelve de denunciar el reclutamiento de niños a los grupos armados.
Por su parte, el Gobierno, en un documento de 14 páginas, dice que “las instituciones colombianas toman nota de los retos señalados por el Informe y de las falencias por superar”. También agradece que el informe “hace una justa valoración de los esfuerzos de las diversas instituciones del Estado y de la sociedad para lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en Colombia”.
Entre las tantas observaciones hechas por la ONU, hay una descripción muy precisa de un fenómeno de la violencia que el Gobierno suele discutir cuando se menciona, como es la reaparición de “grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares”.
A este respecto, el informe dice que “en muchas zonas del país, la oficina en Colombia observa con gran preocupación la expansión y creciente actividad y violencia contra la población perpetrada por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares”.
Entre los hechos que inquietaron en 2009 a este organismo internacional se cuentan masacres, asesinatos, amenazas, desplazamientos y violencia sexual contra personas que no tienen ninguna participación en la guerra que vive el país. “Los ataques han estado dirigidos contra quienes se oponen a las exigencias de estos grupos, poseen propiedades de su interés, son percibidos como colaboradores o miembros de otros grupos, o están en una zona de disputa con grupos rivales. Entre las víctimas también hay numerosos desmovilizados por ajustes de cuentas o por negarse a integrarse a estos grupos”, dice la ONU.
Sobre el modo de actuar, dice en el documento que algunos de estos grupos “operan de un modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares, y participan en actividades criminales tales como narcotráfico, extorsión, despojo de tierras, prostitución y trata de personas, así como en actividades lícitas, aunque a veces irregulares, como loterías y seguridad privada”.
Esos grupos, según Naciones Unidas, están dirigidos por personas que “fueron anteriormente mandos medios de esas organizaciones o militares”.
“En ocasiones estos grupos celebran acuerdos entre sí o con frentes de las FARC-EP o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para facilitar negocios ilícitos, especialmente narcotráfico”, asegura el organismo internacional, que también observó el año pasado “casos de colusión, de tolerancia y de aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con estos grupos, motivados principalmente por corrupción”.
Según el informe, estos grupos tienen capacidad de ejercer “violencia organizada”, “amplio poder económico”, “capacidad para corromper autoridades e instituciones del Estado”, “vínculos con autoridades y poderes fácticos locales”.
La ONU reconoce que desde el gobierno se han hecho esfuerzos para contrarrestar a estos grupos, pero dijo que “el reto que plantean va más allá de la delincuencia común. El hecho de que estos grupos operen en lugares donde actuaron los antiguos grupos paramilitares, aprovechando sus estructuras económicas y políticas, reitera la necesidad de redoblar los mecanismos de prevención para la población en riesgo (especialmente para los jóvenes en áreas urbanas y rurales) y de proteger y atender a los afectados”.
El organismo también se refirió a los actos de violencia que cometen las Farc y el Eln y su constante irrespeto por la vida de la gente que no participa en ningún grupo armado.
En las consideraciones que el Gobierno hizo sobre el informe de la ONU, reconoció la existencia y el desafío que representan esos grupos que han surgido después de la desmovilización de los paramilitares.
Sin embargo, consideró inadecuado “que toda la criminalidad colombiana sea catalogada como neoparamilitarismo, la reedición de los paramilitares o la continuidad de éstos; tal como se expresó”
El argumento que da es que “no hay homogeneidad en la conformación, propósitos, métodos y actividades de estos grupos; es dable encontrar estructuras militares o cuasi militares, mafiosas, sicariales y diversidad de propósitos: extorsión, territorio, comercio minorista de drogas ilícitas, narcotráfico, redes de prostitución, entre otros. Se trata de no calificar de paramilitares a toda banda delincuencial organizada en Colombia; ello no niega las exigencias para castigar a quienes incumplen los compromisos del proceso de desmovilización, ni la intensidad con la que hay que combatir la delincuencia”.
En su respuesta, el Gobierno también se refirió al resto de violaciones a los derechos humanos que registró la ONU en su informe anual.