Esta semana se conoció que nueve jóvenes, que hasta hace unos meses vivían en Soacha, Cundinamarca, aparecieron muertos en fosas comunes en un paraje cerca de Ocaña, en Norte de Santander. El Ejército reportó a estas personas como "bajas en combate", ocho de ellos presuntos integrantes de bandas emergentes y uno del Eln. Sin embargo, sus familias salieron a denunciar que ninguno de ellos eran delincuentes, sino muchachos comunes y corrientes.
En Caracol radio, el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 que opera en esta zona al nororiente del país, narró cómo ocurrieron los combates y ratificó que estas personas pertenecían a grupos ilegales. Escuche la versión del general (clic aquí).
Giovanni Hernández, hermano de uno de los muchachos que aparecieron muertos, insistió en la misma emisora que su familiar no era ningún delincuente y que lo que sucedió fue un homicidio. Escuche la versión del familiar (clic aquí).
En La FM se escucharon versiones que apoyarían la del General Coronado, aunque hablan de cifras distintas. El director del Instituto de Medicina Legal, Pedro Franco, informó sobre las condiciones en que habían llegado los cuerpos de 11 jóvenes desaparecidos. Aparentemente, según el funcionario, algunos cuerpos tenían prendas de uso militar (clic aquí).
El alcalde de Ocaña, Yebaril Hadad Linero, dijo que el reporte oficial que le llegó, explica que son personas muertas presuntamente en combate. Según el alcalde, durante los últimos cuatro meses han recibido cerca de 20 cadáveres provenientes de varios lugares y no exclusivamente de este municipio. Escuche su versión (clic aquí).
De otro lado, en La W, se habló sobre las dos opciones que le pondrían fin al paro judicial que hoy completa 24 días: una, el gobierno asume las exigencias de los funcionarios sobre su nivelación salarial; dos, el Tribunal de Cundinamarca declara la legalidad o no del cese de actividades. Quienes hablaron, sin embargo, se tiraron la pelota y no parece que haya una pronta solución.
Jesael Giraldo, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, explicó por qué los funcionarios judiciales y el gobierno no se ponen de acuerdo a raíz de la ley cuarta de 1992 que reglamentó la nivelación de los salarios. Escuche cómo Giraldo deja en manos del gobierno la decisión de ceder o no ante las pretensiones laborales de los servidores públicos (clic aquí).
Pero lo que dijo Diego Palacio, ministro de Protección Social, deja claro que el gobierno no ofrecerá más de los 66 mil millones de pesos que le ofrecieron a los protestantes (clic aquí). También explicó por qué no le corresponde a su gabinete pronunciarse sobre si este paro es ilegal o no, sino al Tribunal de Cundinamarca a petición del Consejo Superior de la Judicatura (clic aquí).
Si resultara ser ilegal, se le descontaría al sueldo de quienes participaron en el paro y se investigaría a sus promotores, es decir, a los líderes de Asonal, quienes insisten en que es legal.
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