Seis mil víctimas de diferentes regiones del país les enviaron cartas a varios representantes a la Cámara pidiéndoles que no aprueben la Ley de Víctimas de hace curso en el Congreso. (Ver carta).
Según los peticionarios, “este proyecto de ley no recoge los intereses y necesidades de las víctimas, haciendo de ésta, una ley excluyente, desconocedora del contexto del conflicto, las medidas de atención y reparación no son integrales, lo propuse no es acorde a las necesidades de reparación y satisfacción de los derechos de las víctimas”.
La versión aprobada en el por la Comisión Primera el 12 de noviembre del año pasado, deja la sensación, según las víctimas y algunos expertos en reparación, que no respeta del todo el derechos de las víctimas del conflicto armado.
Algunos de los puntos más criticados de la norma que está en trámite son la exclusión de las víctimas de los agentes del Estado de la reparación integral. A este respecto, la norma dice que las víctimas de grupos ilegales pueden acceder a la reparación sólo con una prueba sumaria de su condición. Pero quienes hayan tenido como victimarios a policías o soldados, deben esperar un sentencia de un organismo judicial.
Otro punto crítico es que se fijó un monto de reparación que está contemplado en el decreto 1390, lo que desconoce la diferencia entre la reparación a la que debe acceder una víctima de otra. Es decir, los jueces deberán fallar las reparaciones basados en las escalas que fijó el gobierno. Algo que algunas víctimas y sus representantes han definido como arbitrario.
Además, en el proyecto actual, el Estado está exento de responsabilidades por no garantizar la defensa de los derechos de las víctimas y plantea que el Estado sólo reparará por un principio de solidaridad y no por su falta de eficacia o por excesos de sus agentes.
En el tema de los bienes, la ponencia inicial planteaba la restitución de los inmuebles y de cualquier bien. Pero al final de su tercer debate, la iniciativa aprobada descartó la restitución de bienes, pues el gobierno argumentó que no había forma de verificar cuáles eran los bienes de las personas afectadas por el conflicto, antes de adquirir su condición de víctimas.
Finalmente, es común que en la aplicación de la Ley haya interpretaciones contrarias. En estos casos, la propuesta inicial decía que primaría la interpretación a favor de la víctima, basada en postulados de derecho internacional. Pero esta parte fue retirada.
Por todo eso, las víctimas prefieren no tener ninguna ley. En sus cartas, reconocen “la necesidad de una ley de víctimas, pero su fin debe ser proteger y reparar en términos de verdad, justicia, reparación integral, garantía de no repetición y sujeto a los estándares y tratados internaciones en DDHH”.
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