Antioquia asumió el reto de proteger el Atrato

Antioquia siempre ha sido un departamento respetuoso del ordenamiento jurídico colombiano, especialmente cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales de la vida, la salud, el agua, la seguridad alimentaria, el medioambiente, la cultura y el territorio, razón por la cual acoge el fallo proferido por la corte donde se reconoce al río Atrato y sus afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.

El estudio de la Corte Constitucional determinó que la vulneración era imputable a más de 30 entidades del Estado colombiano, entre ellas la Presidencia de la República, seis ministerios, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Minería, los departamentos de Antioquia y Chocó, las corporaciones ambientales, la Policía Nacional y 15 municipios.

Antioquia ha asumido con mucha responsabilidad el mandato dado por la corte en el fallo en cuestión. Ha designado un equipo técnico-jurídico, integrado por las secretarías y gerencias comprometidas en armonía con los municipios de Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte, además de procurar una articulación interinstitucional con las demás entidades y, sobre todo, con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, órgano encargado de direccionar y articular el plan de acción. Como acciones puntuales, la Gobernación ha diseñado diferentes planes por parte de sus secretarías, se han elaborado y enviado derechos de petición solicitándoles a los respectivos ministerios que nos acompañen y direccionen en el cumplimiento de la sentencia.

Con el propósito de asegurar la protección, recuperación y debida conservación del río, se conformó una comisión de guardianes del río Atrato y un equipo asesor con invitados del Instituto Humboldt y WWF Colombia, los cuales, conjuntamente con las entidades públicas y privadas, las universidades, las entidades comunitarias y miembros de la sociedad civil, deben supervisar, acompañar y asesorar las labores de esos guardianes.

También se ordena al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a los departamentos de Antioquia y Chocó conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, un plan de acción para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de la minería ilegal que se realizan en el Atrato y sus afluentes.

Así mismo, los ministerios de Agricultura, del Interior, de Hacienda, Planeación Nacional, Prosperidad Social, gobernaciones de Antioquia y Chocó, y los municipios accionados, deben realizar un plan integral que permita recuperar las formas racionales de subsistencia y alimentación. También asigna funciones fundamentales a los ministerios de Ambiente y Salud, al Instituto Nacional de Salud, Codechocó, Corpourabá, con la supervisión del Instituto Humboldt y las universidades de Antioquia y Cartagena, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y WWF Colombia para que lleven a cabo estudios toxicológicos y epidemiológicos.

Finalmente, la Corte Constitucional asignó la responsabilidad al gobierno nacional, a través del presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas por implementar para el cumplimiento de la sentencia.

El departamento de Antioquia no teme a los retos, pero espera reciprocidad y el cumplimiento por parte del gobierno, de los ministerios y de todas las entidades vinculadas al fallo. Dada la importancia del tema, es indispensable que se apruebe un Conpes para la protección especial del río Atrato, como una entidad sujeto de derechos.

*Subsecretario jurídico de la Gobernación de Antioquia.