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| 12/12/2017 1:14:00 PM

Para salvar al Atrato se necesita una transformación social y estatal

Liz Margaret Álvarez Calderón, analista ambiental, sugiere modificar la concepción que tenemos de la minería y fomentar la articulación institucional como claves para el cumplimiento de la sentencia.

Una vez más la Corte Constitucional, en su rol de garante de la Carta Magna, ha proferido un fallo histórico y paradigmático para los puristas del derecho. Esta vez, ha revolucionado la teoría de los sujetos jurídicos en la sentencia T-166 de 2016, con ocasión del riguroso análisis sobre la situación del río Atrato generada por el desarrollo irresponsable de la minería, en el que declara a este afluente como sujeto de derechos, ordenando al gobierno tomar las medidas para que garantice su protección, conservación,mantenimiento y restauración.

Son tres los componentes que deben fortalecerse para asegurar que tanto el río Atrato como el ecosistema en su integridad puedan preservarse. El primero es la legalidad: urge potenciar las herramientas de formalización y de control estatal frente a la explotación ilícita; la experiencia nos ha enseñado que las herramientas existentes han sido insuficientes y no totalmente eficaces para garantizar que quienes desarrollan minería, ajustan sus operaciones a los estándares técnicos amigables con el medioambiente. Se requiere un mayor presupuesto público que posibilite una mejor capacidad de respuesta institucional frente a los ilegales.

El segundo es la articulación institucional. Debe existir entre las autoridades mineras, de Policía y la autoridad ambiental. Si no hay una adecuada unión de esfuerzos, coordinación y unos objetivos comunes claros y definidos será el medioambiente el que terminará asumiendo las consecuencias, con efectos nocivos y daños irreversibles.

Finalmente está el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales. La protección del medioambiente, el control y la facultad de imponer sanciones no puede continuar
siendo competencia exclusiva de la CAR, el Estado debe diseñar y dotar de herramientas a nuevas instituciones que controlen con mayor eficacia los agentes que atentan contra el ambiente, de manera que situaciones como la presentada en el río Atrato no tengan que esperar a llegar a la Corte Constitucional para encontrar remedio, sino que, vía administrativa, se puedan solucionar.

El cuidado de los ecosistemas naturales debe ser una prioridad y un compromiso del Estado y la sociedad. Nuestros recursos se agotan y un ejercicio irresponsable de la
minería solo traerá pobreza, enfermedad y muerte. Es el momento de alterar el orden de prioridades y hacer que el medioambiente esté desde ya y para siempre, por encima de los intereses económicos.

*Analista ambiental.

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