Revertir estigmas: el reto de la minería artesanal

La minería artesanal y de pequeña escala (Mape) –conocida mundialmente como ASM, por su sigla en inglés– está constituida por productores que utilizan métodos extractivos rudimentarios o con muy bajo grado de mecanización.

La incursión de la Mape en las nuevas tecnologías es lenta debido a que está en manos de personas con bajos niveles de escolaridad y convicciones erróneas fuertemente arraigadas. Sin embargo, existen casos exitosos en los que aplicar prácticas más acordes con los estándares ambientales ha incrementado la producción.

En la actualidad el país no cuenta con criterios diferenciales para establecer las fronteras entre la Mape y las extracciones ilícitas; esta indefinición equipara a los pequeños mineros con los explotadores ilegales, lo que dificulta las labores de las autoridades policiales y ambientales en su tarea de combatir la ilegalidad.

Dificultades para un diagnóstico acertado

El desconocimiento específico sobre la actividad de la Mape origina generalizaciones con poco sustento técnico. Por ejemplo, según un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el entonces Minercol, en 2003 había en el país 200.000 mineros menores de edad; ese mismo año, el Ministerio de la Protección Social reportó un total de 18.637. En 2011, el Dane, utilizando proyecciones poblacionales, indicó que el número era de aproximadamente 5.000. Desde entonces, la cifra aparece dentro de la agrupación de otras ramas.

Los datos sobre consumo anual de mercurio asignados a la Mape por distintos investigadores varían entre 50 y 750 toneladas, es decir, un porcentaje de diferencia del 93,3 por ciento. Un estudio técnico presentado por la Universidad de Córdoba al Ministerio de Minas y la UPME en 2014 encontró que la cifra ronda las 193 toneladas anuales, y que Antioquia es el mayor consumidor, con el 67 por ciento, seguido por Chocó (12,6 por ciento), Cauca (8,7 por ciento), Bolívar (8,1 por ciento), Nariño (2,6 por ciento) y Córdoba (1 por ciento).

Debido a que trabajan en regiones aisladas donde la presencia de las instituciones del Estado es débil, los mineros artesanales y de pequeña escala deben compartir el territorio con la delincuencia organizada, lo que no solo los hace víctimas de la extorsión, sino que también los convierte en delincuentes ante la opinión pública.

Un desmesurado incremento en los registros oficiales de producción aurífera desde 2008, que coincide con los reportes de las autoridades sobre una creciente actividad extractiva de los grupos al margen de la ley, sirvió para inculpar a la Mape de ser la principal responsable de la contaminación hídrica y la deforestación. Infortunadamente, la ausencia de evaluaciones técnicas apropiadas no permite conocer cuánto de ese impacto ambiental corresponde a esta rama de la minería y cuánto a los grupos delincuenciales.

A diferencia de la gran minería, los aportes socioeconómicos de la Mape son más locales y están representados en la generación de empleo en zonas remotas, en muchas de las cuales la economía gira exclusivamente en torno a la producción mineral.

Las cifras oficiales presentan debilidades, debido a que la producción se cuantifica a partir del pago de regalías, lo que permite incluir en los registros actividades ilícitas de lavado de activos y contrabando. Sin embargo, es posible obtener un estimado de la participación económica de la Mape.

Durante 2016 la producción total de oro alcanzó 61,8 toneladas, de las cuales el 12,6 por ciento correspondió a las compañías de gran minería y el 87,4 por ciento a la Mape. En carbón la relación es inversa: de las 98,8 millones de toneladas extraídas, el 91,2 por ciento es de la gran minería y el 8,8 por ciento de la Mape; en roca fosfórica, sal, yeso y hierro, la Mape representó el ciento por ciento, 41 por ciento, 7,8 por ciento y 3,1 por ciento, respectivamente.

Este panorama presenta varios retos: recurrir a prácticas más limpias, en especial en cuanto a eliminar el mercurio, el uso del agua y el manejo de los vertimientos; implementar la seguridad industrial; revertir el estigma al que ha sido sometida por compartir territorio con los grupos al margen de la ley; generar mejores relaciones con las autoridades mineras y ambientales, y, finalmente, poner en marcha un sistema de comercialización que elimine intermediarios y permita ejercer mayores controles sobre las transacciones.

*Experto en minería.