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| 9/6/2017 8:43:00 PM

Desafíos para los nuevos empresarios del sector

El reto es es que las zonas esmeralderas salgan del abandono y que dejen atrás un sistema de relaciones feudales para formar parte de la Colombia del siglo XXI.

Las historias del mundo esmeraldero parecen sacadas de los más descabellados ejemplos del realismo mágico. Las guerras verdes de los años sesenta y ochenta y la vida entera de Víctor Carranza podrían haber salido de las más brillantes mentes literarias. En realidad, reflejan un mundo feudal compuesto principalmente por 11 municipios perdidos entre las montañas de Boyacá y Cundinamarca, a pesar de estar a menos de 200 kilómetros de la capital de una de las economías más prometedoras de América Latina.

Las minas de esmeralda no han escapado al abandono del Estado en Colombia. La escala de la violencia que padecen sí es única y responde a un complejo entramado que reúne clientelismo, paramilitarismo y la más sofisticada combinación de captura regulatoria y lobby. Esto mantuvo el apetitoso botín de las esmeraldas fuera de las manos de las elites capitalinas y en las de unos pocos zares de origen local.

Desde que los esmeralderos se dieron cuenta de que sacar las piedras a cielo abierto (al hacer explotar tajos de montañas) significaba más pérdidas que ganancias, el impacto ambiental de la explotación se redujo.

Además, al ser manual y no requerir del uso de mercurio o de cianuro, tiene una huella ambiental menor a la de otros tipos de minería. Es difícil descubrir cualquier dato contundente, sin embargo, según el diario La República, de los 309 títulos mineros de esmeralda adjudicados en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, menos de diez cuentan con las licencias ambientales necesarias para las actividades de extracción.

La institucionalidad se dio por vencida en su intento por controlar el negocio de las esmeraldas en la década de los setenta, cuando los gobiernos de Alfonso López Michelsen y Misael Pastrana les otorgaron el control de las minas a los zares de la región mediante procesos licitatorios. Y hasta hoy la regulación parece de cuento: son tantas las características que determinan el valor de las esmeraldas, que no todos los quilates son iguales.

Fija el precio el propio exportador quien, con frecuencia, es el mismo productor y además paga las regalías de acuerdo con el valor que él mismo determina. Quizá por eso, según la Agencia Nacional de Minería, en 2016 se exportaron más de 2 millones de quilates de esmeraldas, que solo pagaron 8.422 millones de pesos en regalías.

Pese al histórico abandono, las medidas para conectar la región esmeraldífera y el resto del país parecen estar dando frutos. Dentro del portafolio de los proyectos 4G, la cuarta generación de los planes viales, por ejemplo, se encuentra la iniciativa de la Transversal del Sisga, que conectaría a Santander, Boyacá y el Meta sin necesidad de cruzar por Bogotá.

La presencia de empresarios ajenos a la violencia y de compañías multinacionales en la zona ha propiciado un proceso de formalización laboral y operacional.

Sumada a la modernización de la institucionalidad minera en el país, la coyuntura parecería prometedora: la licencia concedida a la empresa heredera de las minas de Carranza en Muzo, la Minería Texas Colombia (MTC), por ejemplo, viene con condiciones. Los requisitos impuestos por la Agencia Nacional Minera incluyen, además de cumplir la ley laboral y ambiental, cofinanciar obras de alto impacto e invertir el 1 por ciento de las utilidades netas de la empresa en la comunidad.

Los avances son tales que en Muzo ya hay un sindicato. Según la revista Dinero, de los 800 empleados solo se han afiliado al sindicato 200, pero que exista un grupo de trabajadores organizados colectivamente ya es una importante señal de desarrollo.

La tecnología podría ser un arma de doble filo para la nueva explotación minera. Por un lado, permitirá aumentar la producción, que lleva décadas decayendo, y la eficiencia. Por otra parte, la necesidad de emplear personal cada vez más calificado en ciencias como la geología, podría impedir la contratación de mano de obra que lleva siglos en una relación de dependencia con las minas. El resultado sería, sin duda, violencia y protesta de la población local.

Uno de los indicadores que medirá, a la larga, el desempeño de la minería moderna de esmeraldas será el de los guaqueros que visitan los escombros de las minas en busca de cualquier piedra para alimentar a su familia durante unas semanas. Encontrar la forma de atender a esa población o incluirla en las operaciones sin recurrir al asistencialismo extremo o a las relaciones extorsivas, será la medida de éxito de los nuevos esmeralderos.

*Directora de Semana Sostenible.

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