Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/07/09 00:00

Así se están muriendo algunos archivos en Colombia

Varios documentos del país que tienen valiosa información histórica podrían perderse si no se toman medidas a tiempo.

Restauración realizada por el Archivo General de la Nación a documentos expuestos a tintas ferrosas y hongos. Foto: Archivo General de la Nación

En enero de 2014, el investigador Olmo Uscátegui consultó por primera vez el Archivo Histórico del Magdalena Grande para su tesis de maestría en Antropología Social. En el periódico El Estado, de 1920, averiguaba el papel que jugaron las empresas bananeras en las primeras tres décadas del siglo XX en Colombia: lo sorprendió ver que varias de esas noticias estaban destrozadas en bolsas de basura.

Pero en febrero pasado, el Archivo General de la Nación (AGN), entidad encargada de determinar la política archivística del país, recuperó del archivo del Magdalena Grande información notarial producida entre 1788 y 1907. Aunque los documentos que buscaba Uscátegui no se salvaron, sí lo hicieron 40.000 folios (recogidos en 99 tomos) que estaban en un “avanzado estado de deterioro” por la salinidad y el calor de Santa Marta, pero también por “el descuido, la mala manipulación, la negligencia y en ocasiones el desinterés de algunos por este importante acervo documental”, señaló el AGN. Un grupo de biólogos, microbiólogos, historiadores y archivistas restauran este material que además será digitalizado.

Pero otros archivos municipales y departamentales no han tenido la misma suerte. A pesar de que una investigación del Archivo General de 2014 concluyó que ese año los archivos del país (sumados los departamentales, municipales y los de entidades públicas) invirtieron 2,1 billones de pesos en “gestión documental”, es decir, en actividades de planificación, de procesamiento, de manejo y de organización de los documentos, la inversión no parece coincidir con el estado de algunos en las regiones.

Hace poco en un artículo de SEMANA, Hugo Buitrago, docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana, contó que es difícil consultar el archivo judicial de Sogamoso –importante por la historia de las guerrillas en los Llanos Orientales y la época de la Violencia–, por su desorden y que le preocupaba el estado higiénico de varios archivos en Colombia.

Si bien el AGN –que hace parte del Ministerio de Cultura– es la máxima autoridad nacional en esta materia, los gobernadores y alcaldes son los responsables de los archivos de sus regiones. Y para algunos funcionarios, que manejan recursos limitados, esta no es una prioridad. “Mantener un archivo histórico es muy costoso. Nosotros estamos adscritos a la Secretaría de Cultura y no es un secreto que esta entidad no cuenta con un gran presupuesto”, dice Mónica Cortés, coordinadora del Archivo Histórico de Cali. Durante años, en esa ciudad los documentos estuvieron en sótanos de edificios oficiales, expuestos a las inundaciones y la humedad. Solo en 2004 empezó el proceso para recuperarlos en el Centro Cultural de Cali, donde hoy están resguardados registros que datan desde 1564.

Los investigadores hacen las principales denuncias sobre el abandono de los documentos. Y sostienen que es toda una proeza acceder a esta información. Fabio Zambrano, magíster en Historia de América Latina, sostiene que “en alcaldías locales, como la de Usaquén (en Bogotá) y en municipios pequeños, están muy mal catalogados. Y en el caso de los archivos del Amazonas y de la Orinoquia, por la distancia, falta profesional capacitado”. En sus investigaciones sobre la Colonia ha encontrado cualquier tipo de trabas para reconstruir la historia de las comisarías en estas regiones y el origen de ciudades como Leticia.

En palabras de Gregorio Saldarriaga, investigador e historiador experto en Hispanoamérica, la situación de algunos archivos responde a una suma de “falta de voluntad política” y a la idea generalizada de que “el pasado es prescindible”. Según Saldarriaga, no es un secreto entre sus colegas que archivos como el de Rionegro (Antioquia)–donde se promulgó la Constitución de 1863 y de la que nació los Estados Unidos de Colombia– y Jardín –que jugó un papel primordial en el proceso de colonización del suroeste antioqueño– no están en las condiciones ideales. Sin embargo, en el caso de Rionegro, la Alcaldía invirtió 110 millones de pesos en 2013 para preservar esta documentación.

No todo son quejas. Varias instituciones hacen una importante labor de preservación, como la Biblioteca Piloto de Medellín, que desde hace 60 años protege todo tipo de documentos relacionados con la historia de Antioquia (fotografías, diarios personales y prensa). También se destaca el trabajo del Centro de Memoria Histórica (CNMH) y su política de archivo de derechos humanos que está en proceso. Estos documentos –señala el CNMH, en el borrador del proyecto que está realizando junto con el Archivo General de la Nación– servirán “como un instrumento de lucha contra la impunidad” y como una “garantía de los derechos”.

Allí están, por ejemplo, los archivos personales de víctimas como Fabiola Lalinde, quien durante 30 años recopiló información para encontrar a su hijo Luis Fernando Lalinde, desaparecido por el Ejército en 1984. Su historial, que ahora es público y fue incluido por la Unesco en el Registro Regional del Programa Memoria del Mundo, contiene fotos, mapas, recortes de periódicos y cartas que pesan 25 kilos.

Otra importante medida, emprendida ya por algunas bibliotecas, entre ellas la Nacional y la Luis Ángel Arango, es la digitalización de los documentos. Como dice Antonio Echeverry, experto en historia andina y profesor de la Universidad del Valle, la clave está ahí: “Nosotros somos uno de los pocos países en los que se manipulan directamente documentos del siglo XVI y XVII. En España, por ejemplo, toda la información de este tipo se ve en una pantalla”.

Pese a estos ejemplares esfuerzos, el tema archivístico en Colombia merece mayor cuidado. No parece suficiente la información que el AGN recopila sobre el estado de los documentos: se basa en autoevaluaciones que hacen los mismos encargados de estos, aun así se haga una verificación. Por lo pronto, cualquier ciudadano puede denunciar irregularidades a través de la página web de AGN o a través de la Procuraduría General de la Nación.

El tema no deja de ser inquietante, pues la pérdida de archivos impide la posibilidad de hacerle preguntas al pasado. Como dice el historiador Ramón Maya “si no se conservan los archivos se pierde la memoria colectiva. Tal como ha pasado en nuestro país”.

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