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| 9/15/1986 12:00:00 AM

EL MEMORANDO SECRETO

SEMANA revela los lineamientos de un documento que está circulando en el nuevo gobierno, sobre profundas reformas a la T.V.

Los temas económicos y políticos no son las únicas prioridades sobre las que se encuentra trabajando el recién instalado gobierno del presidente Virgilio Barco. Hay uno, además, que puede no ser definitivo para la historia del país, pero que a corto plazo interesa sin duda a muchos más colombianos que cualquier otro: el de la televisión. El nuevo Mandatario recibió hace pocas semanas un documento -que un funcionario de la nueva administración definió como un briefing- preparado para Barco por un grupo de directivos de las principales programadoras de televisión y que contiene una novedosa propuesta para reformar el sistema que rige actualmente las tres cadenas de la pantalla chica. El documento está siendo tomado en serio, pues cuenta con el visto bueno de Enrique Peñalosa, considerado el principal asesor del Presidente en materia de T.V.
¿Otra vez reformar? Hace apenas un año, el Congreso aprobó la ley 42 por medio de la cual se introdujeron algunos cambios al manejo de la T.V., bajo el lema de convertir este medio en estatal, más no en gubernamental. Lo que se pretendía era retirarle algunos poderes al Ejecutivo de turno, para otorgárselos a un Consejo Nacional en el que en teoría debían estar representados "todos los sectores de la comunidad" y que debía hacer televisión para esa misma comunidad. La idea, que sobre el papel parecía buena, tropezó con muchas objeciones, incluyendo, según dicen, las del propio Barco. El hecho de que el gobierno saliente haya preferido dejarle las manos libres a su sucesor para que llevara a cabo todo el proceso de adjudicación, fue interpretado por muchos como una muestra de que, pase lo que pase, el gobierno de turno sigue y seguirá siendo el que manda.

LA PROPUESTA
El documento, que según pudo establecer SEMANA parece haber entusiasmado a Barco, es básicamente una propuesta de tres puntos que, sin llegar a la fórmula de la privatización de los canales, busca crear entre las dos cadenas comerciales una dinámica de competencia que sería llevada también a los espacios noticiosos. En cuanto a los canales regionales, la propuesta considera que se deben integrar a la cadena tres, para darle un uso adecuado al crédito francés que se está negociando con el fin de financiar la ampliación a nivel nacional del cubrimiento de ese canal cultural y educativo.
En cuanto a la competencia entre las dos cadenas comerciales, se trata de que la próxima licitación adjudique a un grupo de programadoras una cadena y a otro grupo la otra, de tal manera que ninguna programadora cuente con espacios en ambos canales. A cada uno de los dos grupos, Inravisión les otorgaría el suficiente margen de maniobra para asociarse, integrar espacios, sustituir programas, transmitir eventos especiales y llevar a cabo toda clase de operaciones conducentes a aumentar la competitividad entre los dos canales.
Cada una de las dos cadenas sería manejada por un funcionario de alto nivel, responsable de facilitar los movimientos de programación sugeridos por las programadoras asociadas en su respectiva cadena, para buscar un mejor servicio hacia los televidentes y, claro está, mejores ratings de sintonía.
En cuanto a los noticieros, el documento parece interpretar lo que muchos creen que es el deseo de Barco de que desaparezca la distribución por partidos y grupos políticos de esos espacios. A cambio de esto, cada una de las dos cadenas tendría su propio y unico noticiero con varias emisiones diarias. Cada informativo sería manejado por una sociedad donde todas las programadoras del canal respectivo estarian obligadas a participar con una distribución equitativa de las acciones. En cuanto a la política editorial, se crearía un ente para cada noticiero y en él tendría un voto cada programadora, independientemente de su participación accionaria.
El documento alega que el sistema tendría grandes ventajas económicas, pues cada noticiero contaría con un respaldo financiero muy grande, gracias a la participación de todas las programadoras del canal. Esto permitiría adquirir modernos equipos que hoy se requieren para el cubrimiento ágil de la información, como son las unidades de enlace móviles y los sofisticados sistemas de edición y posproducción, que hoy en día resultan demasiado costosos para una sola programadora. Se podrian además presentar, con gran facilidad, interrupciones en la programación de cada canal para la emisión de extras informativos. Los noticieros no entrarían entonces a licitación, sino que serían adjudicados en forma directa a cada una de las dos sociedades.
Finalmente, la propuesta referente a los canales regionales busca que estos, que han sido hasta ahora un fracaso financiero y que le han costado sólo a Inravisión más de 250 millones de pesos, sean integrados a la programación cultural y educativa de la cadena tres, de tal modo que esta emitiría sus espacios hasta las seis o siete de la noche y a partir de ese momento, cada canal regional podria cortar con la red nacional y emitir una, dos o tres horas de programación regional, según su capacidad. Con esto, sostiene el documento, se aseguraría una continuidad de la programación, que hoy no existe, en particular en el caso de Telecaribe. Esas horas de programación regional podrían comercializarse para financiar la operación.
El documento, claro está, es por ahora sólo un documento, y ni siquiera del gobierno sino de un grupo de programadoras. Tan es así que nadie quiere pronunciarse al respecto: los que lo conocen, porque no quieren reconocer que lo conocen, y los que no lo conocen, porque no quieren hablar sobre lo que no conocen. Claro que en privado, las objeciones han comenzado a aparecer, pues la verdad es que el documento es hoy el tema predilecto de conversación en el medio.
Hay dos tipos de dudas: unas sobre si el proyecto se puede hacer, y otras, sobre si funcionaría si se llega a poner en marcha. En cuanto a las primeras, es obvio que la propuesta tropezaría con las inevitables resistencias de quienes se sentirían lesionados y por lo que muchos consideran sería el posible predominio de las programadoras grandes sobre las chicas. Pero más de fondo son las segundas. Lo que en la práctica se está proponiendo es la creación de dos cooperativas de programadoras y la experiencia en Colombia en materia de cooperativas de empresas privadas no es muy alentadora. "Si ni siquiera se pudieron poner de acuerdo Juan Gossaín, Alfonso Castellanos y Margarita Vidal, ni Gabriel Ortiz, Javier Ayala y William Restrepo para conformar un pool de periodistas con miras a un noticiero, cómo sería la cosa con grupos de 10 y más programadoras, donde cada gerente está acostumbrado a ser un dictador", comentó a SEMANA un observador de la situación.
Pero aparte de esto, la actual propuesta no solucionaría el meollo del problema, pues el éxito económico dependería, como ahora, de la adjudicación inicial que hiciera Inravisión, en la que inevitablemente unos resultan más favorecidos que otros en cuestión de horarios. Como las utilidades no serían colectivas, sino que cada programadora ganaría o perdería con sus respectivos espacios a la hora de la verdad, o sea de la adjudicación, le seguiría yendo bien a las programadoras que el gobierno quiera.
En todo caso, independientemente del poder político que tenga el gobierno para superar estas resistencias y llevarlo a cabo -poder que Barco tiene en estos momentos-, el gran temor que existe entre alguna gente del medio es que el nuevo híbrido público-privado no necesariamente resulte mejor que el híbrido que actualmente está funcionando.





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