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EL REESTRENO

El gobierno decide no enterrar por ahora el cine colombiano.

17 de agosto de 1987

"El gobierno no tiene la intención de dejar morir el cine Colombiano". Con esta breve y contundente afirmación la nueva gerente de Focine, Helena de Montoya, despeja el interrogante que había quedado flotando sobre el futuro de esa entidad, después del retiro de su última gerente María Emma Mejía. En los cinco meses que han transcurrido desde entonces, mucho se especuló sobre un posible cierre de Focine, cuyos recursos, según rumores, acabarían adscritos a Colcultura. Funcionarios de peso de este gobierno, e inclusive miembros de la junta, creían que había llegado el momento de los santos óleos. No era este el ánimo del nuevo ministro de Comunicaciones, Fernando Cepeda, quien a pesar de las acusaciones de demora para dar fin a la interinidad administrativa, consideraba, según una alta fuente gubernamental, que lo importante era encontrar la persona que llenara los requisitos para esta delicada posición.
La elegida es una antioqueña amable, cuya hoja de vida está más cerca de la jurisprudencia y de la administración que de la pantalla. Recientemente se desempeñó como secretaria general del Ministerio de Gobierno, cuya reestructuración, que entra en vigencia en septiembre, estuvo a su cargo. "Mi prioridad es poner la casa en orden", afirma la nueva gerente, refiriéndose al principal problema que enfrenta la entidad: el no ingreso de recursos adeudados por cerca de mil millones de pesos. La mayor parte de éstos tiene su origen en la retención que hacen los exhibidores del impuesto del 16% que, según la ley 55 de 1985, deberían ser pagados a Focine. El cobro de estas deudas fue una de las prioridades de la pasada administración, pero los exhibidores han tenido hasta ahora las de ganar. Focine carece de instrumentos legales para hacer efectivo el cobro, y como las disposiciones vigentes no incluyen plazos ni intereses, la prolongación indefinida del pago representa jugosos dividendos financieros para los exhibidores que juegan con plata de terceros. Además de esto hay problemas de interpretación legal y de cuantificación de cifras. Cine Colombia, por ejemplo, considera que Focine le adeuda cuantiosos recursos y que lo que debe hacerse es un cruce de cuentas. Cada vez que se han discutido posibles soluciones a este problema, se ha llegado a la conclusión de que la única fórmula sería la aplicación de medidas coercitivas, incluyendo el cierre de salas de cine, que deberían ser impuestas por el ministro de Comunicaciones que si tiene esas facultades. Como se trataba de un sistema nuevo impuesto, con apenas dos años de existencia, los ministros de turno prefirieron seguir buscando una solución a las buenas, antes que recurrir a una acción tan drástica. No es sino hasta ahora que las deudas están llegando a niveles alarmantes y que la supervivencia de Focine está en tela de juicio, cuando se han creado las condiciones políticas para resolver este problema a corto plazo.
La solución financiera no es sino uno de los múltiples obstaculos que tendrá que salvar la nueva administración de Focine. Al igual que sus antecesores, Helena de Montoya tendrá que enfrentarse al problema que no ha podido superar hasta ahora el cine colombiano y que es la principal causa de su desprestigio. Concretamente, que es imposible, en las condiciones actuales, hacer una película que recupere su inversión. Hoy por hoy, una película no cuesta menos de 50 millones de pesos y su recaudo, sobre la base de una taquilla de 100 mil espectadores que es el promedio de asistencia para películas colombianas, asciende a 12.8 millones de pesos (2.8 millones por taquilla y 10 por subsidio oficial). Esto significa que toda película pierde no menos de 35 millones de pesos en el país, lo que hace suponer que el único productor será el Estado, porque ningún particular va a perder millones de pesos por amor al arte, sobre todo si se tiene en cuenta que ahora los créditos requieren garantía real, condición que no puede llenar casi ningún director. La experiencia ha demostrado que la aspiración de suplir el déficit nacional con el mercado internacional es utópica, ya que no existe mercado internacional no sólo para las películas colombianas, sino para cualquier película en idioma español en general. De las treinta y pico de películas que ha producido Colombia en su historia, sólo dos se han vendido fuera del país: "Tiempo de morir" y "El niño y el Papa". La primera por el nombre de García Márquez y la segunda por el gancho del Sumo Pontífice.
Estas realidades llevaron a que, durante la administración de María Emma Mejía, el Estado se volviera el gran promotor del cine, actividad que por primera vez en Colombia se hizo en forma continua y sostenida. Para José María de Guzmán, presidente de Cine Colombia, el resultado de este experimento fue desastroso: "El Estado colombiano, a través de Focine, ha tratado de suplantar la iniciativa particular y, al contrario de fomentar la iniciación de una industria cinematográfica que masifique esta expresión cultural, se ha convertido en empresario al participar en la escogencia de las obras, financiar totalmente su ejecución, sin importar la respuesta del público e imponer a los exhibidores colombianos la obligación de presentar estas películas, la mayoría de las veces en detrimento de patrimonios de propiedad privada. El Estado empresario, como artífice de la cultura, corresponde a regímenes totalitarios, a la estalinización de la cultura, políticas diferentes a la democracia que vivimos en Colombia. Focine debe desaparecer como organismo interventor de la cultura y surgir como corporación financiera de fomento de la iniciativa cultural y de la industria que se debe crear para masificar estas expresiones. Lo que el Estado debe patrocinar es la creación de empresas productoras permanentes y no la elaboración de guiones".
Estas consideraciones filosóficas, si bien válidas, no son aplicables a corto plazo. Hasta que no se aumente considerablemente el precio de la boleta del cine en Colombia, ni siquiera Cine Colombia con su infraestructura podrá recuperar la inversión en una película. En este momento, una boleta en Europa cuesta 10 veces más que en Colombia y en Estados Unidos ocho veces más. Para el cineasta Luis Alfredo Sánchez, la única posibilidad de que se desarrolle la industria cinematográfica nacional a nivel privado, es que se libere el precio de la boleta y que se baje considerablemente el costo de producir películas. Jorge Alí Triana, por su parte, es escéptico sobre la posibilidad de reducir los costos de producción, y no cree que, a corto plazo, pueda haber cine que no sea patrocinado por el Estado, como ha sucedido en los últimos tres años. El viceministro de Comunicaciones y presidente de la junta directiva de Focine, Marco Tulio Rodríguez, no le teme ni a la participación del Estado, ni al hecho de que el cine no sea aún una actividad rentable en Colombia. "Focine se creó para apoyar una expresión de la cultura que es el cine. No fue concebido como un renglón de ingresos, pero tampoco para fomentar el despilfarro. Vamos a convocar un seminario de cine en agosto en el cual participarán todas las partes, y posteriormente fijaremos unas políticas no sólo sobre Focine, sino sobre cine en general".
Una de las pocas cosas en las cuales parece haber acuerdo, es que en cualquier etapa de transición las coproducciones jugarán un papel muy importante. Con la relización de "La Misión" y "Crónica de una muerte anunciada" Colombia ha entrado por la puerta grande a los escenarios de cine internacional. La infraestructura existente y los costos competitivos la han convertido en una opción atractiva para las grandes compañías productoras. Mientras llega el cine nacional que todo el mundo anhela, el sistema de coproducciones puede suministrar el oxígeno necesario.