Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1995/06/05 00:00

ESCANDALOSISIMO

Un libro que revela casi todo sobre el cartel de Medellín. ¿Lo conocen las autoridades judiciales?

ESCANDALOSISIMO

MERCADERES DE LA MUERTE
EDGAR TORRES ARIAS
INTERMEDIO EDITORES
BOGOTA, I995
$ 16.000
HE LEIDO ESte libro como una ciudadana colombiana común y corriente, que desconoce los procesos que cursan contra los delincuentes del cartel de Medellín, cuáles son las acusaciones y las pruebas concretas que existen contra los que están detenidos, qué fallos se han proferido e, incluso, entre tanto 'Boliqueso' 'Popeye', 'Pájaro', 'Enchufe', 'Pasarela' y 'Memobolis', quiénes de estos están muertos, prófugos o presos.
Sin embargo, y a pesar de ello, resulta claro que una gran cantidad de los datos que aporta su autor son desconocidos por la opinión pública, y es posible también que por la justicia. Y no son datos sin importancia, sino que tienen que ver con todo el prontuario de crímenes, masacres, secuestros y actos terroristas cometidos por el cartel de Medellín durante 17 años.
Pongo algunos ejemplos. Se revela con fechas, estrategias, horas y lugares, los nombres de los autores materiales de los siguientes delitos: los asesinatos de Jorge Enrique Pulido, Federico Estrada Vélez, la juez María Elena Díaz, el magistrado Carlos Ernesto Valencia, el procurador Carlos Mauro Hoyos. Marina Montoya y de personajes desconocidos como, entre muchos otros, el novio de la empleada de Pinina, el hermano de la amante del padre de Eugenio León García, amén de los de las numerosas víctimas de las vendettas y en especial las de los clanes de los Galeano y los Moncada.
De igual manera, se dan los nombres de los autores materiales de la bomba en La Macarena de Medellín, del atentado a El Espectador, del intento de secuestro de la hija del ex presidente Belisario Betancur, de la masacre en la hacienda Los Cocos... La enumeración podría copar páginas y páginas de esta revista. El hecho de que resulte imposible para el lector común y corriente saber si todas las imputaciones que figuran en el libro están vinculadas ya a un expediente o a un sumario reservado o si sobre ellas se ha producido una sentencia, produce gran desconcierto y zozobra.
Porque el autor se limita a consignarlas en su libro, y como fuentes solo menciona dos periódicos y una revista de circulación nacional. En el prólogo, y muy de pasada, alude a relatos de "terroristas, exjefes de la mafia, testigos sin rostro oficiales antidrogas y hasta ex amantes de los barones de la cocaína". Asevera que varios de los protagonistas de los episodios que investigó han negado su participación en ellos. Si aun así los da a la luz pública, quiere decir que tiene pruebas, de las cuales carecería la justicia.
Podría alegarse que el periodista está amparado por el secreto profesional y que no tiene por qué dar fuentes. De acucrdo: pero sí está en la obligación con el lector, con la sociedad y con la justicia de proporcionar las pruebas que le permiten hacer las afirmaciones que publica. Si no lo hace porque no quiere o no las tiene. Las autoridades de todas maneras deben valorar la índole y el contenido de la supuesta investigación periodística para determinar si ameritan una intervención judicial. Pues el secreto profesional no puede servir para amparar conductas delictivas.
Por ejemplo sería de gran mportancla conocer las pruebas que le permiten a Torres Arias colocar como pie de foto del retrato de Juan Fernando Toro, alias 'La monja voladora', lo siguiente: "Encargado de entregar fuertes sumas de dinero a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ".
Este sí que es un delito desconocido por la opinión pública y por la justicia y que amerita que la Fiscalía abra de oficio una investigación. Porque un caso es el del narcovideo en el que -según dicen- aparece un constituyente recibiendo dinero de un narcotraficante y otro que se afirme que esa fue una conducta generalizada entre los miembros de la Asamblea.
No se trata de desvirtuar o de restar mérito al trabajo de Torres Arias. Se trata de que en el país se establesca con toda claridad hasta dónde llega la responsabilidad ética del periodista y dónde comienza el encubrimiento de conductas delictivas. Se trata de evitar el atropello a la opinión pública al obligarla a dar por cierto como un artículo de fe todo lo que afirme, sin mas, un periodista por el hecho de que media un secreto profesional.
Se trata en suma de impedir que el periodismo acabe por convertirse en una telenovela barata en la que se revelan delitos atroces que nunca llegan a los estrados judiciales. O a la inversa: que la justicia pase a reemplazar a la telenovela diaria porque nunca hay pruebas y si las hay e incluso ello se hace público no se obliga a suministrarlas.

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