Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1984/12/17 00:00

GUERRA AL BETAMAX

Acción de la justicia pone fin a la era del mercado ilegal del video

GUERRA AL BETAMAX

Repentinamente, como en las novelas rosa, la historia de amor de los colombianos con el betamax empieza a atravesar por una crisis otoñal. El sorpresivo intento de los productores de películas, de poner en cintura a los casi 1.000 negocios (sin contar con los que funcionan en los garajes, floristerías, peluquerías y cuartos de casa de familia) que en Colombia se dedican al alquiler de cintas de video, ha puesto en jaque un negocio que se había convertido en un pilón de oro, sobre la base de que el betamax se estaba transformando, para muchas familias colombianas en un electrodoméstico tan imprescindible como la nevera, la licuadora o la televisión.
Todo comenzó con una providencia del Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de la ciudad de Bogotá, en la que el pasado seis de noviembre el juez Fernando León Moncaleano decretó "el embargo y secuestro de todos los videocassettes o videogramas que contengan película u obra cinematográfica que se encuentren en el establecimiento comercial denominado Betamovie Club". (Ver recuadro). Agregando que: "De conformidad también con la solicitud que antecede, el juzgado decreta al tenor de lo establecido en el Art. 245 de la Ley 23 de 1982, la suspensión de toda actividad que implique el uso de obras cinematográficas en cintas de video sobre las cuales no tenga la previa y expresa autorización de sus titulares". En hechos concretos, la decisión del juez trajo consigo la "detención" de unas 5.800 cintas del establecimiento considerado como uno de los más grandes del país.
Minutos después de realizado el embargo, la noticia se regó como pólvora por los diferentes negocios capitalinos. Al sentimiento de estupor inicial, siguió después el pánico y el sábado por la mañana propietarios de firmas de alquiler de videocintas empezaron a retirar apresuradamente sus películas, llegando no solamente al extremo de dejar completamente vacíos los locales, sino además de descolgar cualquier aviso alusivo al negocio. A comienzos de la semana anterior eran contados con los dedos de la mano los establecimientos abiertos, ante el temor de la mayoría de seguir los pasos de Betamovie.
Pese a que la demanda instaurada ante el Juzgado 24 se centraba en un sólo local, la amenaza era clara. El embargo a "Betamovie" constituyó tan sólo el primer paso dado por los abogados de la Motion Picture Association of America, (MPAA), entidad que reúne a los mayores estudios (Columbia Pictures, MGM, Paramount, Universal, etc.), para obligar a los sitios de alquiler de cintas a pagar las regalías de propiedad intelectual pertenecientes a las películas rentadas.
Según estimativos de la MPAA, los estudios dejan de percibir una suma superior a los mil millones de dólares al año en el mundo, por concepto de piratería (reproducción ilegal y comercio de cintas) y robo de señales privadas de televisión. En respuesta, la asociación inició hace algún tiempo una campaña legal encaminada a recaudar parte de esa suma, haciendo cumplir los acuerdos internacionales sobre derechos de autor. El primer sitio donde se inició la batalla legal fue Europa, donde se ha logrado reducir la evasión a niveles relativamente aceptables. En el caso concreto de España, donde el negocio ya está legalizado, sólo el 15% del mercado es pirata. La segunda área de esfuerzo es Latinoamérica, zona donde se encuentra un buen numero de aparatos de video. El uso indiscriminado de películas sin licencia ha llevado a que para 1985 la MPAA haya presupuestado "una figura signifcativa de seis cifras en dólares", con el fin de combatir la piratería en el continente. Así, ya se han llevado a cabo denuncias en Brasil, Venezuela y Argentina, siendo Colombia el sitio más reciente donde la MPAA haya utilizado sus recursos legales.
Los sistemas de control que se han aplicado no han sido iguales. En Brasil, por ejemplo, se llegó a un acuerdo con los distribuidores de películas en cassette, en el sentido de que se les otorgó una amnistía por seis meses, para que en ese periodo legalizaran su actividad. Sin embargo, parece que la mano blanda no funcionó y en la actualidad han comenzado a aplicar medidas más drásticas como las que hace un año se aplicaron en Venezuela, cuando muchos propietarios de almacenes de betamax acabaron en la cárcel, después de que les fueran incautados sus stocks de películas. En la actualidad, el mercado pirata en Venezuela no ha desaparecido y se calcula que representa el 30% del mercado total. En este país existen seis distribuidoras legalizadas y en enero comenzarán a funcionar otras dos.
El boom del betamax
El betamax llegó con las "bonanzas" de mediados de los años 70, y por eso se convirtió en el símbolo de una clase emergente que había hecho su fortuna en actividades non sanctas. Poco a poco fue ganando status, hasta llegar a asociarse simplemente con los ingresos de sus compradores. No obstante su aparente popularidad, por el alto precio de los aparatos su uso se ha mantenido circunscrito a una élite, sin que por ello sean pocas las familias colombianas de recursos medios que ahorran hasta el último centavo para poder hacerse a este comodo sistema de "cine en su casa".
En 1976 surgió el primer establecimiento dedicado al alquiler de cintas: "Betamarú". Actualmente, Bogotá cuenta con cerca de 300 establecimientos dedicados al alquiler de cintas, sin contar con los negocios caseros que se nutren de los más grandes. En Cali se calcula que existen 100, en Medellín 90, en Barranquilla 40 y en Bucaramanga y Cartagena aproximadamente 20. Sin embargo, en Bogotá los realmente grandes son apenas cinco con "Betamovie", "Video Library" y "El Chuzo" a la cabeza.
En sus comienzos, las cintas se alquilaban en un promedio de 30 pesos y el inventario se reducia a 20 títulos, la mayoría de series de TV o de películas viejas. Hasta la semana pasada, cuando aún estaban en funcionamiento los sitios de alquiler de cintas, éstas se ofrecían a un promedio de 100 pesos y el stock llegaba a cifras que superaban las cinco mil cintas. El negocio, que comenzó siendo casero, atendido por sus propios dueños, se fue sofisticando hasta el punto de que algunos de los negocios grandes no sólo contaban con sistemas de abonados, tiqueteras, kárdex y computador, manejados por nóminas de hasta 16 personas, sino que contaban con sistemas de control tipo aduana, que detectaban las audacias de los amigos de lo ajeno. Con todo y eso, en establecimientos como "Betamovie" se registraban robos hasta de 250 películas mensuales, y en algunas oportunidades las cintas alquiladas se devolvían "chiviadas" y rebobinadas con copias de pésima calidad.
Para dar una idea de la magnitud del mercado, solamente en Bogotá uno de los establecimientos grandes podía alquilar hasta 400 películas diarias y más de mil en los fines de semana. Jim Corsay, uno de los propietarios de "Video Library", afirma que "si existimos, es porque existe una demanda de programación". Y esa demanda llegó a proporciones insospechadas a comienzos de este año cuando por cuenta de la mala programación de TV los grandes negocios llegaron a contabilizar entradas "no despreciables" de dos millones y medio de pesos al mes, gracias a promedios de suscriptores, abonados con cómodos sistemas de tiqueteras, que superaban los cinco mil por establecimiento.
Sin embargo, esta cifra millonaria de ingresos se redujo drásticamente en el curso del año, a medida que la nueva programación de T.V. le abría las puertas a los enlatados norteamericanos, lo que afloraba en forma salvaje la competencia. A finales de este año las ganancias de los negocios más grandes eran aún considerables, pero en ningun caso superaban el millón de pesos mensuales.
Pero el peso de la ley arrasó la semana pasada con este próspero negocio. Sin vuelta de hoja, los propietarios de establecimientos de esta indole se han visto abocados a liquidar personal, recuperar las cintas que estaban alquiladas y negociar de alguna manera con quien "tenían viva" la tiquetera, llegando en algunos casos a proponer trueques que van desde la entrega de cintas virgenes o grabadas con cualquier Kung-Fu, hasta la entrega de aditamentos como forros de betamax que en esta oportunidad vienen como anillo al dedo por la clausura temporal del mercado.
Tras la legalidad
El frenón en seco del negocio se produjo por la acción de los representantes de la MPAA que buscan que los distribuidores de cintas de betamax paguen las regalías que corresponden por derechos de autor. Tal como lo dijera uno de los abogados de la empresa, Guillermo Zea, "se busca reorganizar y reorientar el mercado hacia un producto legítimo". Pero precisamente la principal queja de los afectados radica en que, desde hace meses, vienen sosteniendo conversaciones no sólo con la MPAA, sino con otras casas productoras, en busca de llegar a acuerdos para legalizar su actividad y como prueba de ello muestran cartas cruzadas con la mencionada compañía que incluso sugiere, concretamente a "Betamovie", "El Chuzo" y "Video Library", la necesidad de hacer un estudio de factibilidad para montar una infraestructura de reproducción de cintas master con equipo profesional e indican que, en caso de que las condiciones del negocio lo permitan, el costo de un sistema para hacerlo se acercaría a los 315 mil dólares. Sin embargo, en este punto de las conversaciones, se produjo el cierre de las importaciones en Colombia, lo cual no hacia factible la realización del proyecto. Este argumento es uno de los que con más fuerza esgrimen los afectados a su favor, añadiendo que no les dieron una alternativa posible y que el paso siguiente fue caerles encima con todo el peso de la ley. Para reafirmar su intención de legalizar el negocio alegan que venian pagando impuestos de aduana, IVA, y regalías a Sayco --nadie sabe porqué--. Si bien es cierto que esta situación estaba prevista, y muchos sabían que algún día se iba a poner sobre el tapete la necesidad de legalizar el mercado del betamax, es mucho lo que va del dicho al hecho.
La ley vigente, la 23 de 1982, que unifica la legislación sobre derechos de autor, ha sido escasamente aplicada y frente a ella existen vacíos de interpetación que hasta ahora comienzan a ser llenados. El resultado se ha visto claramente en el caso de la demanda contra "Batimovie", donde no sólo se incautaron las películas de los estudios asociados a la MPAA, sino el resto de cintas de otras casas productoras del mundo y de diversas cadenas de televisión. Aunque a finales de la semana se afirmaba que estas últimas serían devueltas, en realidad no estaba claro quién puede representar a quién, o si cada cinta alquilada debe estar amparada por un permiso de la casa productora.
¿Qué puede esperarse?
Previendo el embate de las casas productoras norteamericanas, una serie de empresas venía negociando con los estudios cinematográficos el derecho de representarlos en el mercado colombiano para proveer de cintas a los establecimientos que venían funcionando como rueda suelta. Una de ellas es "Magnum, Video Club S.A." que había lanzado una agresiva campaña que rezaba así: "Queremos sus derechos de video para Colombia. Antes de que los "piratas" se apoderen de sus películas y programas de video y ustedes reciban NADA, converse con nosotros, entrevistese con nosotros, escribanos. Nosotros les pagamos por sus derechos y los protegemos".
Teresa Gómez, directora administrativa de la compañía, interroga da por SEMANA afirma que "la idea de obtener la representación legal de las casas productoras no sólo garantiza la calidad del producto, sino que contribuye a la racionalización del mercado". Esto tendría sentido en la medida en que, por falta de controles, el mercado del betamax venía comportándose en forma muy irregular, pues no sólo se podían alquilar películas entre 30 y 140 pesos, sino que algunas de ellas no garantizaban los más mínimos niveles de calidad.
Sin embargo, este sistema de intermediación tiene sus bemoles. Varios expertos consultados ven difícil que el gobierno acepte el pago de regalías al exterior (para un producto tan suntuario como una película de betamax) y permitan la importación de cintas master y equipos de duplicación, teniendo en cuenta las difíciles condiciones del sector externo colombiano. Interrogado por SEMANA, un funcionario del Incomex opinó que "es complicado que con un presupuesta mensual de importaciones de 250 millones de dólares, haya cupo para películas, cuando hay prioridades más altas".
Pero aun si fuera viable el sistema, habría un problema adicional que sería el de la lentitud con la que se reiniciaría este nuevo sistema de mercado de betamax. Los conocedores aseguran que con el negocio totalmente legalizado, apenas 70 títulos de películas hace años exhibidas en el país, cuando actualmente el ritmo de renovación alcanza los 100 títulos mensuales entre TV y cine. Eso podría significar que los usuarios colombianos de betamax tendrían que resignarse el año entrante a ver, como gran cosa, "Lo que el viento se llevó", "Casablanca" o, en el mejor de los casos, "Tiburón 1", películas que ya todo el mundo ha visto y que por consiguiente no tienen mayor demanda. Las que más interés despiertan son las películas de una hora hechas especialmente para T.V., que hasta la semana pasada llegaban a Colombia pocos días después de su exhibición en los Estados Unidos, y que todo el mundo se peleaba como pan caliente. Estas serán más difíciles de conseguir en el futuro, pues a menos que hayan sido producidas para la T.V. por las grandes compañías cinematográficas, es probable que no tengan representación en Colombia. De todas maneras lo que sí es seguro es que si llegan a obtenerse, será meses después de su exhibición en los Estados Unidos.
Otra consideración que está por definirse es la del precio al que se alquilarían las películas bajo el nuevo sistema. Mientras los propietarios de los locales existentes hasta la semana pasada, afirman que el costo se elevaría a cerca de 500 pesos, con lo que definitivamente el negocio desaparecería, los que aspiran a ser los nuevos representantes de los productores norteamericanos hablan de una franja entre $100 y $200, lo cual sería manejable.
Hasta el momento, tal como se perfila la situación, el propietario de uno de los mayores centros de distribución de cintas afirma que "nos han dejado sin posibilidad de cumplir la ley. Están forzando el surgimiento de un mercado negro que se sale de las manos de todos. Y así, ni siquiera se volverán a pagar los impuestos que, mal que bien, hasta ahora se venían pagando". Y ésto ya se estaba produciendo a finales de la semana pasada cuando algunos establecimientos de betamax comenzaban a ofrecer un discreto "servicio a domicilio". No en vano se calcula que 8 mil familias en todo el país viven de este negocio. Y lo que sí es bien claro es que el gobierno no puede dedicarse a perseguirlas con la misma saña que a los traficantes de coca.--
El "chivo expiatorio"
Eran las 10:30 de la mañana del 9 de noviembre. Como siempre, las puertas de "Betamovie" en la calle 95 con carrera 15 se abrían puntualmente al público, sin sospechar que ésta sería la última vez. En efecto, un extraño grupo de lo que podrían haber sido habituales usuarios, hizo su entrada en el establecimiento. Se trataba de Michael Heuser, representante de la MPAA, el juez 24 civil, Hernando León Moncaleano el abogado Guillermo Zea, la secretaria del juzgado, un secuestre y dos camarógrafos de TV que de inmediato apostaron sus cámaras para registrar un episodio tan emocionante como uno cualquiera de las películas que en "Betamovie" se acostumbraba alquilar. Entonces comenzó la función. Después de anunciar que venían a realizar un embargo por cuenta de la MPAA, comenzaron a empacar ante la mirada atónita del público y de los empleados, cuanta cinta fueron encontrando en el lugar. Beatriz de Rugeles, propietaria del establecimiento, quien camino a la peluquería se enteró del asunto, se presentó de inmediato en el local. No valieron de nada las súplicas, las protestas olos argumentos jurídicos que ella expusiera para impedir que le desocuparan el negocio. Durante 12 horas de intenso trabajo, los funcionarios incautaron 5.800 cintas. Cuando, en un momento dado, preguntó que porqué era ella la única objeto de este embargo, el juez le respondió: "Mucho honor ser la primera". Apenas lograron salvarse 300 películas que estaban alquiladas y a pesar de su tristeza, la propietaria de "Betamovie" le comentó graciosamente a SEMANA: "Jamás imaginé, yo que siempre procuro vivir bien arreglada, que mi primer debut en largometraje lo fuera a hacer en pañoleta".

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