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| 8/2/2009 12:00:00 AM

La pelea de Joel

Este es un clásico caso de David contra Goliat: esta semana comenzó en Estados Unidos el juicio contra Joel Tenenbaum, un estudiante que en 2003 envió a sus amigos siete canciones descargadas de la red. La industria busca un castigo ejemplar.

La Riaa es la Asociación de la industria musical de Estados Unidos, y representa nada menos que a 1.638 compañías de grabación y comercialización de música. La lista de sus miembros es impresionante; están todos los nombres más poderosos de la industria: Warner, Universal, Sony, BMG Ariola, Emi y HBO/WEA. Entre sus socios, producen y distribuyen el 85 por ciento de las grabaciones musicales que se venden en Estados Unidos. En pocas palabras, la sigla Riaa es sinónimo de poder, y su misión es proteger los derechos de propiedad intelectual de sus afiliados.

Joel Tenenbaum es un muchacho como cualquier otro. Le fascina la música y pertenece, como todos los jóvenes de su edad, a la generación que nació no con el pan bajo el brazo, sino con un e-mail de brazalete. Hoy, Joel es estudiante de posgrado en física en la Universidad de Boston. Hace seis años, cuando Joel tenía 19, recibió una notificación en que lo acusaban de haber bajado música de la red a través del servicio ilegal de P2P (Kazaa, LimeWire y Napster, son algunos ejemplos). En la carta de la Riaa le solicitaban 3.500 dólares como compensación. Joel ofreció 500 dólares, y envió un cheque que la asociación no aceptó y devolvió.

Cuatro años después, Joel fue demandado penalmente por Sony BMG, Warner Records, Atlantic, Arista, y UMG Recording y llamado a comparecer ante la Corte. A diferencia de otras 40.000 personas que recibieron la misma notificación, Joel decidió pelear y contrademandó, tras alegar que la suma solicitada era excesiva. La Corte ordenó conciliar. Tannenbaum ofreció 5.000 dólares, pero la Riaa los volvió a rechazar luego de exigir 10.500 dólares. No llegaron a un acuerdo y en ese momento, el destacado profesor Charles Nesson y un grupo de estudiantes de leyes de la Universidad de Harvard decidieron apoyar a Joel. En octubre de 2008 el joven tuvo que rendir indagatoria durante nueve horas seguidas. Después, tanto sus padres como su hermana y sus amigos cercanos han tenido que rendir largas indagatorias también ante los abogados de la Riaa.

Pero es mejor escuchar la versión de Joel de su propia pluma. "Hasta cierto punto, tengo miedo de escribir esto -dice en un blog-. Aunque ya han confiscado mi computador y copiado mi disco duro, nada me garantiza que no lo hagan otra vez. Desde hace cuatro años me han amenazado, demandado, forzado a rendir declaración a mis padres, hermana y amigos y a mí mismo dos veces; la primera vez durante nueve horas y la segunda durante siete. Lo que me espera puede ser una multa que puede llegar a 4,5 millones dólares. En el único caso similar al mío que llegó hasta la Corte, el veredicto del jurado fue una multa de 1,92 millones para la parte demandante".

"Cuando analizo esto, tengo que recordarme a mí mismo por qué estoy siendo juzgado: ¿por fraude bancario? ¿Por robar un casino? ¿Por ataque cibernético al gobierno? No. Compartí música bajada de la red. La reacción de toda la gente a la que le he explicado esta historia es siempre la misma: estupor, sorpresa, e indignación, fruto del increíble secreto con el que la Riaa ha operado en este caso. '¿Y cómo te descubrieron, me preguntan. Entonces explico que hay 40.000 personas en mi situación, y que fuimos escogidos de un grupo de millones de personas que hacen lo mismo: compartir música.
 
Allí aparece la mirada horrorizada en la cara de quien me escucha. La mirada de 'pude haber sido yo'. La razón por la que este caso ha permanecido en tanto secreto es porque la mayoría de las personas llegaron a un acuerdo. Yo no. El juicio comienza hoy (27 de julio de 2009). Desafortunadamente, no será transmitido por 'webcam' en la red como lo requirió el grupo de jóvenes estudiantes voluntarios de Harvard que me apoya (bajo la dirección del profesor Charles Nesson de la facultad de leyes de Harvard, en la que es fundador y codirector del Berkman Center for Internet and Society). El juicio no se podrá transmitir debido a la exitosa oposición de la Riaa, pero estaremos enviando 'tweets' y bloqueando todo lo que podamos. También tenemos un 'website' propio (joelfightsback.com) y un grupo en Facebook".

Con Obama en contra
Tanto la administración Bush en el pasado como la de Obama hoy, han tomado partido por la Riaa, con el entusiasta apoyo del vicepresidente, Joe Biden, quien es un ferviente defensor de la asociación. Lo que es interesante en este caso es que el joven grupo de abogados que defiende a Joel no ha basado su defensa en un ataque a las leyes de propiedad intelectual. Dicen que están de acuerdo con la infraestructura legal del sistema. Pero consideran que el millonario monto que la ley permite por daños y perjuicios es inconstitucional, y que la industria musical está abusando de poder federal al utilizar el sistema judicial de manera caprichosa.

En la ley que penaliza el robo digital en Estados Unidos (The Digital Theft Deterrence Act), los pagos por daños y prejuicios por cada violación van desde 750 hasta 150.000 dólares. Eso quiere decir que si Joel pierde el caso podría ser obligado a pagar más de un millón de dólares por las siete canciones que bajó.

Los argumentos, tanto del Departamento de Justicia como de los abogados de Joel, son complejos. Pero lo que subyace en el fondo del debate es si a una empresa privada como la Riaa se le debe permitir aplicar un instrumento judicial tan brutal y costoso como The Digital Theft Deterrence Act, como si fuera una institución que pueda obligar a quienes violan los derechos de propiedad intelectual a pagar daños sin el debido proceso. Al Departamento de Justicia esto le parece bien. A los estudiantes de Harvard que defienden a Joel, no.

Lo que dice la defensa de Joel es que si se logra entender cómo los jóvenes interactúan hoy con los nuevos medios digitales Internet, los celulares y los videos, se podrá examinar en serio los problemas que estas prácticas traen consigo, y moldear tanto el sistema judicial como el sistema educativo norteamericano de manera que se logren resultados en beneficio del interés público. El jurado tiene la última palabra.
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