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Claudia Triana, directora de Proimágenes, representa a los directores, productores y realizadores de cine que se oponen a las restricciones que propone la Ley de Actor. | Foto: Guillermo Torres

CINE

Continúan las polémicas por la ley del actor

Un proyecto de ley que busca reivindicar los derechos laborales de los intérpretes atentaría contra las libertades creativas y el crecimiento de la industria cinematográfica colombiana.

2 de julio de 2016

Si a un escultor se le dijera que para hacer sus obras en Colombia debe trabajar solo con arcilla, seguramente la mayoría de los escultores nacionales buscarían otros países para hacer arte. Una restricción similar sintieron los artistas audiovisuales (guionistas, productores, directores y realizadores) cuando se radicó en el senado el proyecto de ley 163 de 2016 o Ley del Actor, que busca garantizar sus derechos laborales, pero a costa de lo que los cineastas consideran normas “represivas”.

La propuesta consta de cuatro capítulos. El primero explica por qué la creación artística de los actores es un patrimonio cultural y cómo este aporte se les debe retribuir económicamente. El segundo habla de la diferencia entre actores naturales y profesionales: hace hincapié en dar prioridad a los segundos, incluye cuotas de participación en las producciones nacionales y también crea un comité que acredite quienes son profesionales. El tercero enuncia las condiciones de trabajo y las prestaciones sociales a las que deberían acceder. Y el cuarto, y último, se refiere a sus derechos pensionales y al sistema de seguridad social.

Las reacciones al proyecto no se hicieron esperar. Los realizadores cinematográficos consideran que el segundo punto coarta sus libertades creativas al obligarlos a utilizar actores profesionales y al exigir que un 90 por ciento de ellos sean colombianos. Peor aún: el artículo diez habla de crear un Comité de Acreditación Actoral, que tiene como objetivo “acreditar la profesionalización de los actores y actrices en Colombia y avalar el porcentaje de actores no profesionales para una producción”.

Una carta radicada ante el Senado por Proimágenes, entidad que fomenta el cine en el país, asegura que exigir el 90 por ciento de colombianos en las obras nacionales dificulta las coproducciones, pues las realizadoras internacionales no estarían interesadas en Colombia si solo el 10 por ciento de los actores pueden provenir de sus países, además en papeles no protagónicos.

Lo anterior preocupa si se tiene en cuenta que parte de los 210 largometrajes estrenados en Colombia entre 2003 y 2016 (más de la tercera parte de todos los que se estrenaron entre 1915 y 2002) obedecen a los incentivos creados en la Ley de Cine, que motivaron a personas de otros países a coproducir en el país.

Pero la polémica se agita más con el tema de los actores naturales. Los directores y guionistas coinciden en afirmar que la decisión de involucrar en los rodajes a actores sin estudios –como prefieren llamarlos algunos– responde a una elección estética que alimenta la producción. Coartar la elección del reparto, con base en la lista de actores agremiados y avalados por un comité, sería censurar la creatividad.

El uso de actores naturales no es nuevo: responde a una escuela narrativa que comenzó al término de la II Guerra Mundial, cuando el pueblo italiano –destrozado por el conflicto y acostumbrado a una industria fílmica fascista– fundó el neorrealismo italiano, la primera escuela de cine que introdujo oficialmente a actores naturales, que habían sentido la guerra y tenían la sensibilidad poética para contarla.

Como dice Jacques Toulemonde, director de la película Anna, si esta ley hubiera existido en Italia, no habría sido posible rodar películas como El ladrón de bicicletas o Umberto D, que años después inspiró a Víctor Gaviria para realizar Rodrigo D no futuro, una historia de seguidores paisas del punk hecha totalmente con actores naturales. Aun, más allá, obras como La sociedad del semáforo, Tierra en la lengua, La vendedora de rosas o El abrazo de la serpiente, la primera película colombiana nominada a un Óscar, no hubieran sido posibles con esa restricción.

Sergio Cabrera, quien usualmente trabaja con actores profesionales, está de acuerdo con que haya cuotas de participación de actores nacionales en la televisión: “Llegan hecatombes de producciones extranjeras que aplastan a los colombianos”. Pero no está de acuerdo con que se le exija al cine contratar solo actores sacados de un portafolio de sindicato. “A veces –dice Cabrera– necesitamos elegir actores naturales para contar verdades que de otra manera el cine no podría narrar”.

Con Cabrera coinciden varios, como Ana Piñeres, presidenta de la Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente: los actores necesitan que se les reconozcan derechos laborales y pensionales que históricamente la televisión les ha negado.

Un mes después que el ACA (Asociación Colombiana de Actores) radicó el proyecto, las partes entraron en diálogo para acordar puntos de encuentro que beneficien a toda la industria audiovisual.

Pese a lo que asegura el director Rubén Mendoza, “la lucha debe darse por talento y no por decreto”. Julio Correal, miembro de la junta directiva de ACA, asegura que hay que buscar soluciones, sin desconocer que para el sindicato de actores hay puntos fundamentales como un registro nacional que permita “contar cuántos somos para decirle a la industria y al gobierno que somos una mayoría que deben escuchar”.

ACA asegura que la cifra del 90 por ciento de actores nacionales profesionales es negociable y que, ante todo, su objetivo es blindar a la industria ascendente del cine de los vicios que tiene la televisión.

Sobre el tema de los actores naturales se buscan acuerdos, pues es el más sensible: existe una delgada línea entre el actor natural artístico, que tiene una razón de ser, como Nilbio Torres (Karamakate en El abrazo de la serpiente) y aquel que de la noche a la mañana se convierte en actor, como ha ocurrido con varias celebridades.

Rodrigo Guerrero, quien ha mediado desde mayo entre las partes involucradas en el proyecto de ley, asegura que “falta dialogar en la industria audiovisual colombiana. Es el momento de trabajar para que Colombia no solo sea una vitrina internacional para el cine, sino para todas las creaciones audiovisuales”.

Por ahora, las conversaciones avanzan para encontrar garantías para el ejercicio de la profesión, sin imponer censuras creativas ni brechas de acceso de nuevos talentos a la industria audiovisual.

¿Y la televisión?

Los canales públicos y privados no se han sumado al diálogo entre actores y cineastas.

Los directores de cine, productores y actores coinciden en afirmar que los canales de televisión tienen deudas con el gremio actoral. Sin embargo, Caracol Televisión, en una carta enviada al senador Antonio José Correa, asegura que “los actores de televisión se encuentran bien remunerados por las productoras y canales, no solo en el nivel de los roles protagónicos, sino incluso en el de los actores por capítulos, quienes hoy en día reciben un millón de pesos por tres días de trabajo”.

Más adelante afirma: “Entendemos las preocupaciones de los actores en cuanto a las condiciones en las que prestan sus servicios… Lo que no consideramos conveniente es que se cree un régimen híbrido de contratación que les permita gozar de los beneficios de ambos tipos de contrato (laboral y prestación de servicios) sin las cargas u obligaciones propias del régimen laboral”.