PERIODISMO CON BEMOLES

Esta semana, en la comisión primera del Senado, el periodismo investigativo puede ser herido de muerte. El liberal José Name Terán presentará ponencia del proyecto de ley del senador Jaime Castro "por el cual se reconoce y garantiza el derecho a la información " cuyo texto --leído entre líneas--podría conducir a todo lo contrario.
En 29 artículos Castro estipula los mecanismos que se deben adoptar para que los actos de la administración del Estado sean de conocimiento público, según él, de manera "fácil y expedita " garantizando así el derecho a la información.
Así, los decretos de ministros, alcaldes, gobernadores; los contratos en que sean parte los departamentos y municipios, los actos de gerentes de entidades públicas y, en últimas, todo lo referente a la administración oficial, deberá consignarse en boletines y gacetas cuyo número y periodicidad determinarán los mismos altos funcionarios o mesas directivas de las corporaciones, requisito que también podría llenarse con la simple colocación de edictos públicos en muros callejeros.
Como estamos en épocas de austeridad presupuestal y la impresión de carteles callejeros es mucho menos costosa que la edición de volúmenes y, como el proyecto de Castro le da el mismo valor a una y otra posibilidad de cumplir con el requisito de ley, lo más probable es que una buena parte de los actos de los funcionarios públicos quedarían consignados en carteles murales, lo que haría prácticamente imposible la labor de consulta por parte de periodistas de investigación o ciudadanos curiosos.
Es de presumir también que la diaria "guerra de carteles" que libran los militantes políticos, los publicistas de academias de corte y confección y de institutos de bachillerato nocturno y los promotores de espectáculos públicos en los muros más visibles de las ciudades, contarían con un nuevo y fuerte contendor: los pegadores de edictos.
¿LABERINTO SIN SALIDA?
Tal vez previendo esa dificultad, el senador Castro estipula en su proyecto otra fórmula de acceso a la información oficial: fotocopias de documentos, previa autorización del "jefe del respectivo organismo o el funcionario en quien éste haya delegado dicha facultad". La consulta, precisa el proyecto, "se realizará -en horas de despacho y, si ello fuere necesario en presencia de un empleado de la correspondiente oficina" y, como todo en esta vida tiene su precio, el periodista investigador o el ciudadano curioso deberá cancelar el precio de la fotocopia en la tesorería de la entidad, pero si lo prefiere, "podrá indicar el sitio en el cual un empleado de la oficina sacará las fotocopias". No lo señala el proyecto pero es de presumi que el reportero deberá cuidarse de darle propina al empleado que le haga el favor de ir a sacar la fotocopia pues podría incurrir en el delito de soborno.
Uno y otro mecanismo de consulta de fuentes tienen sus bemoles; el primero, porque se corre el peligro de que justamente, el párrafo donde está consignado el monto del contrato de explotación de un yacimiento carbonífero, por ejemplo, esté tapado por la programación de lucha libre en el coliseo de El Campín. El segundo, porque un alto funcionario es por lo general, una persona muy ocupada como para estar recibiendo y autorizando emisión de fotocopias solicitadas por estudiantes y periodistas y, porque si tiene tiempo, tal vez en el momento de dar la orden no se encuentre en su oficina otro empleado que sirva de testigo a la autorización, y aun en caso de que sí se llenara este requisito, podría ocurrir que un fuerte aguacero impidiera que un tercer empleado público cumpliera con el mandado de ir a sacar la fotocopia.
Por lo demás, el proyecto "por el cual se reconoce y garantiza el derecho a la información" mantiene las actuales limitaciones impuestas "por el carácter reservado" de algunos documentos lo que se determina según el criterio del funcionario y que es algo así como todo aquello que afecte la seguridad nacional.
SEGUNDO EN DISCORDIA
En contraposición al de Castro, su copartidario y colega Enrique Pardo Parra, presentó dos proyectos de ley sobre "derecho de información y medios masivos de comunicación social", y sobre "adjudicación y utilización de los espacios de televisión "
Sin ponente designado todavía, los proyectos de Pardo se enmarcan en la filosofía del Nuevo Orden de la Información y de la Comunicación (Nonic) que promueve las Naciones Unidas y que está contenida en el Informe McBride, en el que participaron por América Latina, Gabriel García Márquez y el chileno Juan Somavía.
La primera iniciativa de Pardo es incorporar a la Constitución un artículo según el cual "se garantiza el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión... en forma que asegure a todos el libre acceso a esos servicios, el derecho de respuesta y la objetividad y pluralidad de fuentes de información, dando igualdad de oportunidades a todas las corrientes políticas científicas y filosóficas".
Aunque el proyecto en debate del senador Castro se refiere únicamente a la información de carácter oficial y el del senador Parra al manejo de los medios de comunicación, los dos inciden en el desempeño profesional del periodismo y en el derecho de los ciudadanos a ser informados y a comunicar.
Antes del McBride, las Naciones Unidas proponían la instaúración de un Nuevo Orden Informativo, sin contar con elemento de la comunicación como fenómeno social. Sustentaban entonces que, por ejemplo, las agencias transnacionales de la información emitían el 77 por ciento de sus materiales sobre la situación de los países del Tercer Mundo, en los centros de poder de los países desarrollados: Washington, Londres, París, Moscú, lo que resultaba desequilibrado e injusto. Luego, se introdujo el elemento del derecho a la comunicación con lo cual se abarca la necesidad de que nuevos protagonistas sean actores de las informaciones y de que, además del derecho a estar informado, el ciudadano, la comunidad en general, tenga también el de comunicar su propia posición.
A eso parece apuntar la-propuesta de Pardo cuando dice que "para preservar los principios democráticos y facilitar el cumplimiento de su función cívica y cultural a los medios de comunicación masiva deben garantizarse, a la vez que el dominio estatal de los bienes públicos que se utilizan para propagarlos, la libertad de acceso a la antena, la libertad de programación y la objetividad y pluralidad de la información y de las tesis o doctrinas que se presentan a los usuarios".
No se precisa, en el caso del proyecto sobre adjudicación de espacios de televisión, cómo conjugar el derecho a informar y comunicar por parte de todos los sectores de opinión y de todas las instancias representativas de la comunidad con la forma de costear, en dinero, ese derecho, de tal suerte que efectivamente se ejerza. Sí se estipula, en cambio, la obligación por parte de los directores de los espacios, de conceder el derecho de respuesta "dentro de las 72 horas siguientes a la emisión, sin fines lucrativos". Esto hace pensar que sectores que no tengan un espacio permanente apelarían sistemáticamente al derecho de réplica. De no respetarse este derecho, la ley estipula que el programador debe pagar una multa de un millón de pesos.
El de Castro y los de Pardo son iniciativas que apenas comienzan a debatirse y sobre las que aún no hay conceptos ni posiciones muy elaboradas.
DOS SENADORES TRES PROYECTOS
SEMANA consultó a los autores de los diferentes proyectos sobre derecho a la información que actualmente ,cursan en el Congreso.
En su exposición de motivos, el senador liberal Jaime Castro senala que él derecho a la informacion adquiere cada día más importancia . Por ello en la actualidad se busca su reconocimiento claro y la adopción de mecanismos que faciliten y hagan expedito su ejercicio".
Haciendo referencia al proyecto dijo: "mi proyecto contempla el derecho cierto a ser informado de la gestión que cumplen las autoridades públicas, lo que se podría denominar el acceso ciudadano a los archivos oficiales :la publicidad de los documentos oficiales. Es la obligatoriedad de la administración para dar a conocer sus actos sin que medie previa solicitud. Pese a que esto se encuentra reglamentado en una ley de 1913, no se cumple ".
Enrique Pardo Parra refiriendose a sus dos proyectos afirmó: "Mis dos propuestas son diferentes:mientras la reforma a la Constitución se constituye en la organización ideal conforme al ordenamiento en paises desarrollados como Francia y Alemania, la operatividad de tal reforma se encuentra consignada en el proyecto sobre la adjudicación y utilización de medios audiovisuales.
"La radio y la televisión tienen un 95 por ciento de penetración sin que exista una reglamentación que s, existe en el caso de la prensa . Y aun que existe un buen ánimo en el Congreso en torno a la iniciativa, el problema radica en que el gobierno no deja legislar, porque la iniciativa parlamentaria está restringida. Así no importa que se hagan modificaciones, sino que se debata, se objete . El objetivo, en últimas, es lograr pluralidad de opiniones y acabar con la monopolización de espacios por parte de corrientes políticas".
LOS PERIODISTAS OPINAN
SEMANA interrogó a dos voceros gremiales de los periodistas sobre los proyectos que cursan en el Congreso.
Oscar Jaramillo, coordinador del Area de Opinión Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad Externado de Colombia y miembro del CPB opinó: "El proyecto de Jaime Castro es de una pobreza extrema . Está dedicado a reglamentar el derecho a la información tal como lo concibe la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Es una ley para el periodismo detectivesco que no contempla, en ninguna parte, el derecho ni la garantía del libre acceso a la creación de información, lo que sí considera la iniciativa de Pardo Parra, convirtiéndose en un instrumento necesario y en un derecho positivo para la información ".
Oscar Alarcón, presidente del Circulo de Periodistas de Bogotá (CPB) dijo refiriéndose al proyecto del senador Castro:
"En general, la iniciativa tiene el mérito de sistematizar las normas que reconocen y garantizan el derecho a la información, muchas de las cuales están ya vigentes. Sin embargo, apenas tocan un aspecto del problema de la información el que tiene que ver con los actos de la administración pública. El Congreso también debería entrar a considerar los otros aspectos a los cuales tienen derecho los ciudadanos"