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| 11/26/2016 12:00:00 AM

La encrucijada de los precolombinos

Muchas personas tienen piezas arqueológicas y desconocen que están cometiendo un delito. Sin embargo, la ley parece tener vacíos. ¿En qué radica la complejidad del tema?

En 2009 el galerista Fernando Pradilla vendió cuatro piezas precolombinas. Un día, en 2011, llegaron a la galería El Museo siete policías, dos arqueólogos y un abogado del Icanh (Instituto Colombiano de Antropología e Historia), lo allanaron y se llevaron parte de su colección. Desde entonces, enfrenta un proceso legal por comercializar patrimonio nacional. “Pensaba que estas piezas no se podían sacar del país, pero no que no se podían tener y vender. En la calle de los anticuarios solían comercializarlas. Quisiera pedir perdón por lo que hice, pero también aclarar que fue por desconocimiento”, dice Pradilla.

Este es solo uno de muchos casos. Pero además de denuncias por tenencia, a diario se presentan ante el Icanh otras por guaquería, contrabando o fundición de oro. La ley establece que los bienes arqueológicos son patrimonio de la Nación y los particulares no pueden intervenirlos, venderlos ni poseerlos.

Pero aunque suene obvio, la realidad es que miles de personas en Colombia tienen precolombinos en sus casas y muchas desconocen que al hacerlo están infringiendo la ley. A esto se le suma, además, el problema de que la posibilidad de registrar las piezas ante el Icanh venció en 2013. SEMANA aprovechó el caso de Pradilla para hablar con Ernesto Montenegro, director del Icanh, sobre el tema.

SEMANA: ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el Icanh con situaciones como la de Pradilla?

ERNESTO MONTENEGRO: Al hecho de que hay un marco legal que puede ser interpretado de distintas formas. Eso no pone en cuestión que el patrimonio arqueológico es de la Nación o que la tenencia no registrada es ilegal. La cuestión está en las dudas legítimas y reales sobre cómo se resuelve el tema. Y resolverlo implica una voluntad política.

SEMANA: ¿Qué pasa con las personas que hoy tienen en su poder piezas arqueológicas y no las registraron antes de 2013, como ordena la ley?

E.M.: Están en una situación de ilegalidad. El Estado debe tener control sobre los bienes patrimoniales y creó un marco normativo específico que desde 2008 dio unos tiempos para regularizarlos. Pero creo que no tenemos que estigmatizar a todas las personas que se encuentren en una situación ilegal, y debemos hacer algo para regularizarlas.

SEMANA: ¿Qué hace el Icanh?

E.M.: El Icanh es la entidad garante de la conservación de los bienes arqueológicos. Están los bienes muebles –la nariguera, la vasija–, los bienes inmuebles –pinturas rupestres–, las áreas arqueológicas –San Agustín– y los contextos arqueológicos. No nos interesa solo proteger el objeto, sino también el contexto donde este estaba. Si alguien lo interviene, destruye el patrimonio, así venga a entregar lo que sacó de allí. A pesar de no querer poseerlo y de legalizar la existencia de un bien, ha destruido el patrimonio arqueológico.

SEMANA: Los bienes muebles que recibe el Icanh, ya sea a través de un hallazgo, una incautación o excavaciones, ¿a dónde van a parar?

E.M.: A los almacenes del instituto. Pero el objetivo no es crear un lugar infinito en donde estén todos los bienes fuera del alcance de la sociedad. Esperamos que estén en espacios que garanticen su divulgación.

SEMANA: ¿En Colombia hay suficientes sitios que garanticen esa exposición?

E.M.: Sería deseable que hubiese más y trabajamos con los entes territoriales para construir planes de manejo y repositorios. También con las universidades, que tienen laboratorios y espacios para la conservación. También están los museos y casas de la cultura, pero estos son muy dispares: hay unos bien dotados técnica y humanamente, y otros no. Por otra parte, nosotros mismos hacemos investigación, pero además existe una normativa general para la intervención en patrimonio arqueológico: todos los procesos de intervención territorial –la construcción de una carretera, de una casa, etcétera– requieren un programa de arqueología preventiva.

SEMANA: Si la gente hace un descubrimiento arqueológico su deber es reportarlo, pero no sucede siempre. ¿Qué opina de ese vacío entre la ley y la persona que encuentra y no reporta, ya sea por querer beneficiarse o por desconocimiento?

E.M.: Por una parte, hay una responsabilidad pública que es ponerlo en conocimiento de las entidades competentes. Por eso existe un sistema general de registro, que nos lleva a un inventario nacional de bienes arqueológicos.

SEMANA: El problema es que el registro venció en 2013. Este era además ambiguo, porque si la persona no conocía los detalles de la pieza, no podía completarlo. ¿Hay otra alternativa hoy?

E.M.: La ley de 2008 nos dejó, después de 2013, en una situación compleja. Dado que es taxativa al anunciar la fecha para el registro, no podemos ir en contra sugiriendo que se pueden tener piezas. Sin embargo, para subsanar las deficiencias legales, el Icanh creó un mecanismo específico para que, mediante una solicitud, se pueda abrir un registro para nuevas tenencias. La existencia del patrimonio arqueológico es dinámica, cotidianamente las personas o la entidad encuentran bienes. Se necesita así un mecanismo para que puedan entrar a ser parte del inventario. Adicionalmente, entendemos que hubo quienes no participaron oportunamente de la ventana que abría la ley. Por eso, el Icanh ha propuesto esta solicitud. No es un derecho general. Un ciudadano pone de manifiesto la posesión irregular de esos bienes y de acuerdo con las condiciones de conservación que tengan, el Icanh podría autorizar su posesión. El objetivo fundamental de la norma es que las piezas no circulen, no representen valor de cambio. Yo no estaría de acuerdo con ampliar la tenencia sin restricciones, pero hay que diferenciar los casos: hay tenedores en una situación irregular tal vez por desconocimiento de la norma, y un gran conjunto de personas que se ocupa del comercio de piezas. Esto motiva la guaquería, el pillaje, la destrucción de patrimonio, el mercado ilegal, el blanqueamiento de dinero. Esas, sobre todo, son las prácticas que deben ser sancionadas. Por eso entidades como el Museo del Banco de la República y el Museo del Oro dejaron de comprar piezas individuales, sacadas de contexto, y por eso también se hizo la Ley de Cultura de 1997. Hay un conjunto de actividades que son cotidianas, y que son la mayoría, y por eso no podemos abrir una ventana para que estas se promocionen.

SEMANA: ¿Qué opina usted de que se regularice a futuro la figura del coleccionista como tenedor temporal de un acervo que cuida, protege e incluso investiga y exhibe?

E.M.: Normativamente Colombia no lleva la vanguardia, pero sin duda participa en las discusiones de la Unesco sobre el tema. Esta es una discusión internacional, muy contemporánea, y nuestro marco no es disonante con ello. En todas partes la figura del coleccionista está siendo debatida.

SEMANA: ¿Cómo incentivar a la gente a que acuda al Icanh sin miedo a consecuencias legales?

E.M.: No es un tema contra los individuos y las tenencias, pero sí sancionamos a las personas que destruyen el patrimonio arqueológico, promueven la guaquería y el mercado ilegal. Tenemos la disposición de estudiar las tenencias, pero también el derecho a sancionar y a decomisar piezas, pues quiéranlo o no los poseedores, estas se pueden dañar. La ilegalidad puede conducir a otra cadena de delitos.

SEMANA: Por último, ¿qué pasa con el contrabando?

E.M.: El tema de la fundición del oro y el contrabando de piezas es una problemática gravísima, de todos los días. Yo resaltaría el hecho de que hay un espíritu desde la Constitución del 91 que se ha venido materializando con la Ley General de Cultura y la Ley 1185 de 2008, pero la discusión por supuesto no está cerrada. Es necesario seguir desarrollando el marco normativo. Hay muchas deficiencias, especialmente sobre el tema de los metales. El marco no lo aborda aún de manera adecuada. No hemos discutido en el mundo cosas que pasan desde hace muchos años. 

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