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POR UN PUÑADO DE PESOS

En los últimos años la actitud del arquitecto ha sufrido lo que puede llamarse una upaquización de su conciencia profesional.

14 de febrero de 1983

La actitud del arquitecto profesional frente al aspecto económico de su trabajo ha cambiado bastante en los últimos años, no sólo por efecto de la devaluación de la moneda nacional, sino por algo que podría llamarse la "upaquización" de su conciencia profesional y por el descubrimiento de que "más es más", en términos de la relación entre el presupuesto de una obra y el valor de los honorarios profesionales. Los efectos de este fenómeno se perciben en los altísimos costos de los servicios profesionales que hacen del arquitecto "un artículo de lujo". Esto inevitablemente hay que enmarcarlo dentro del panorama económico reciente del país y dentro de ese vasto proceso de explotación comercial de la vida nacional que, en los últimos diez años, ha alcanzado proporciones alarmantes.
Tómese por ejemplo el manejo arquitectónico del privilegio; un renglón de la rentabilidad del trabajo profesional. Un buen lugar, un buen vecindario, un buen espacio, un buen material, transformados y manejados como privilegios, han incrementado considerablemente su valor hasta llegar a límites francamente exagerados. Sobre todo cuando lo que antes era normal se vuelve ahora privilegiado.
Un aspecto especial del privilegio es la escogencia y reserva de los mejores lugares de la ciudad para erigir construcciones como el futuro Hotel Meliá que, desde su punto de dominio, se apropian de sectores que por derecho propio son patrimonio de la ciudad, por ejemplo los cerros de Bogotá, de Cali y de Medellín. Se pregunta entonces si el papel de las oficinas de Planeación, especialmente en Bogotá, consiste en ir transformando las normas para dar cabida a la explotación del privilegio y no para defensa del patrimonio común.
El usufructo de la inseguridad es otro renglón que, por fuerza de las circunstancias de la vida urbana, ha pasado a ser un capítulo de manipulación económica por parte de los arquitectos. Los conjuntos y urbanizaciones cerradas y los edificios vigilados han pasado a ser ahora un distintivo que cuesta en la medida en que su propia configuración aumenta considerablemente los costos de por sí elevados de la vivienda. Esto sucede no sólo en los grupos de ingresos altos, iniciadores de la modalidad, sino en los sectores de ingresos medios e incluso de bajos ingresos que ahora tienen que optar por tal solución. Este "servicio" a la ciudadanía que en sí mismo puede parecer inocuo y necesario, pasó a ser un item más del valor rentable del espacio, inadecuadamente controlado o restringido.
Esto lleva a pensar también en la elevación exagerada del costo de la construcción que cuenta, entre otros factores, con el uso desmedido de materiales y accesorios importados, la mayoría de ellos superfluos e intrascendentes. En esto la empresa privada y el Estado compitieron fuertemente en los años pasados. El ejemplo de desmesura que representan obras como el Palacio de Nariño en Bogotá, y el Centro de Convenciones de Cartagena, superan incluso los más rebuscados ejemplos de la acción particular, la que de un modo u otro trabaja a escala menor, comparativamente hablando. El aumento en los costos de construcción y dotación de los edificios representa obviamente aumento de honorarios. No existe una suficiente evaluación del fenómeno económico de la arquitectura que permita establecer tarifas sensatamente proporcionales a la inversión. De modo que el apetito se abre con la perspectiva de obtener, a costa del aumento del costo por metro cuadrado, una suculenta tajada de honorarios.
La conservación del patrimonio histórico y cultural en esta perspectiva es francamente utópica. Quién que se respete resiste la tentación de demoler, si el "lote" promete ganancias, para hacer algo más rentable? Aún el sagrado oficio de la restauración ha descubierto las ventajas de no dejar piedra sobre piedra para hacer de lo que fue antiguo, una réplica moderna y eficiente, con todos los beneficios del progreso tecnológico.
Es común hablar y discutir sobre la ética profesional. No se sabe todavía qué es eso. No existen bases culturales, históricas, económicas y arquitectónicas para entender cómo esa ética es fundamentalmente un asunto de participación legítima y adecuada y no sólo un conjunto de pautas que, en la medida de lo posible, sólo previenen "trampas", (las que siempre se efectúan). Los puntos mencionados en esta nota no son considerados faltas contra la ética, resignadamente se admite que son las "reglas del juego". Pero en una perspectiva más amplia, son verdaderos atentados contra la sociedad, contra la ciudad, contra la historia y contra la misma ética profesional.
Un aspecto adicionalmente alarmante es la proyección de esas reglas de juego a las esferas de la docencia universitaria, con el ánimo quizá de ser realistas y prácticos en la formación de las nuevas generaciones profesionales. Mientras en algunas materias se pretende enseñar la ética de la ciudad, de la historia, de la cultllra, en el ambiente flota la certeza de que tan sólo existen maneras acertadas de justificar las arbitrariedades profesionales y que, en el fondo, todo se reduce a cómo aprovechar las circunstancias en beneficio personal.--