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| 9/23/2006 12:00:00 AM

Réquiem por un sueño

El proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno acabaría con todos los beneficios tributarios que permiten que este sector sobreviva.

"L a reforma tributaria invita a las exequias de la cultura", dictamina una valla ubicada en la carrera 30 de Bogotá. Las opiniones que sobre el tema se han expresado en los medios de comunicación son igual de categóricas: la reforma que presentó el gobierno y que actualmente se negocia con el Congreso es devastadora para la cultura. Y no se equivocan. Ningún sector de la cultura queda a salvo. El libro, el cine, el patrimonio cultural, los museos públicos y privados y los diferentes eventos artísticos (llámese teatro, ópera, conciertos) se verán afectados en gran medida. No sólo los costos de los productos culturales se elevarían, lo que haría el acceso a ellos aún más difícil para la gran mayoría de colombianos, sino que la supervivencia de muchas actividades culturales estaría en peligro. Leyes como las del Libro y el Cine, que han sido emuladas en otros países del continente, podrían desaparecer y a cambio Colombia se convertiría en uno de los parias del continente en materia de cultura.

La 'simplicidad' es la palabra clave. Según explicó a SEMANA Gloria Inés Cortés, ministra de Hacienda encargada, uno de los cuatro objetivos de la reforma tributaria es eliminar factores que contribuyen a hacer pesada la reglamentación y al mismo tiempo ayudan a crear espacios para la evasión. Busca crear procesos 'transparentes' donde todo se haga por encima de la mesa, y por lo tanto proponen que la mejor forma de apoyar a la cultura, y a cualquier otro sector, es a través del presupuesto. Sin embargo, para un sector como el de la cultura esta premisa no parece ser válida. "Si los particulares regalan 20.000 millones al año a festivales de teatro, museos, actividades musicales, el gobierno pierde probablemente 6.000 millones en ingreso. Si se elimina la exención, el gobierno recibe 6.000 millones más, pero no podría compensar el aporte privado a esas actividades (que dejan de recibir 20.000 millones), sin recurrir a otros fondos", explica el historiador Jorge Orlando Melo.

"Es el desastre de los desastres", dijo a SEMANA Amparo Sinisterra de Carvajal, que hace parte de ese grupo de mujeres que han luchado por sacar adelante la cultura desde hace varias décadas. "Si la reforma pasa tal cual como está planteada, el 31 de diciembre tendría que entregar la Orquesta Filarmónica del Valle y se cerraría Proartes".

El caso de estas dos entidades es un buen ejemplo para ilustrar uno de los aspectos que más afectaría a toda la cultura: la eliminación de las beneficios tributarios a las fundaciones culturales, empresas editoriales, productores y distribuidores cinematográficos, poseedores de bienes considerados patrimonio cultural, entre otros, como también a las donaciones e inversión en la cultura. "Ni el Estado puede solo ni la empresa privada puede sola. Este matrimonio es la unión perfecta. Es lo que ha permitido el desarrollo de la cultura en todo el mundo", insiste Amparo Sinisterra.

Gloria Zea, directora de las Fundaciones Museo de Arte Moderno y Camarín del Carmen, no avisa mejor panorama. "La situación económica de las fundaciones culturales ya es lamentable, y si además nos quitan las donaciones, le ponen IVA a la boleta y nos hacen declarar renta, pues apaga y vámonos", dice.

De leer, nada

La industria editorial colombiana es la cuarta más grande en Latinoamérica después de México, Brasil y Argentina, gracias a la Ley del Libro, cuya pieza legislativa central se ha mantenido desde 1958. La ley actual, que data de 1993 y que tiene una vigencia hasta 2013, exime de renta a las empresas editoriales al igual que a los autores y traductores, exime al libro de IVA y estimula la creación de librerías en el país. Si estos beneficios llegaran a desaparecer se cree que el costo de un libro podrá aumentar entre 18 y 20 por ciento. "La clase media a la que pertenecen la mayoría de nuestros clientes son los que están recibiendo el impacto. El libro en Colombia ya de por sí es costoso para que se le agregue otro impuesto", asegura una de las libreras más respetadas de Bogotá, Alba Inés Arias, de la Librería Lerner Norte.

En la actualidad cursa una propuesta entre los congresistas para que 32 productos de la canasta familiar queden excluidos de IVA, entre ellos los libros, revistas y periódicos. Esta alternativa, sin embargo, no es una opción para el sector. En palabras de Gonzalo Arboleda, vicepresidente de Santillana, este sería uno de los "peores escenarios", pues no se podrán beneficiar del descuento de IVA sobre los bienes y procesos que hacen parte de la cadena productiva, lo que en últimas implica un mayor costo que se traduce en un mayor precio sobre dichos bienes. "Muchas editoriales invirtieron sobre unas reglas de juego vigentes hasta 2013. Cambiar esas reglas significaría crear una inestabilidad jurídica que podría terminar con la emigración de las editoriales a otros países que tienen leyes del libro mejoradas para competir con Colombia", dice Adriana Mejía, presidenta de la Cámara Colombiana del Libro.

Nadie más perjudicado con este escenario que el lector, que además de pagar más por los libros vería reducida la opción de títulos a los que tiene acceso. Las editoriales terminarían sólo apostándoles a aquellos títulos que tienen su éxito asegurado dejando a un lado la edición de otros títulos menos comerciales, y lo peor, aún a su fondo editorial. El Estado, que desde hace rato ha disminuido la adquisición de libros, compraría menos libros aún y ese escenario idílico donde todos los niños pudieran tener un acceso a los libros sería aún más hipotético todavía.

Adiós al cine

"En el cine -explica el promotor de proyectos culturales Gonzalo Castellanos- casi desaparecería la ley 814, expedida hace apenas tres años, y cuyos beneficios tributarios a la inversión privada en películas nacionales (una deducción de 125 por ciento por cada peso invertido) ha permitido pasar de tres películas anuales hasta 2003 a más de ocho por año desde entonces". Según explica Castellanos, quien después de ayudar a crear esta ley en Colombia ha sido contratado para hacer lo mismo en otros países, el incremento de películas ha atraído fuerte inversión extranjera en coproducciones y ha pagado impuestos por adquisiciones de bienes y servicios necesarios superiores a lo que el fisco ha dado como incentivo tributario.

"Este beneficio puede desaparecer en un tiempo, cuando haya una industria consolidada. Por ahora hay que ayudarle a despegar. La gente no está acostumbrada a invertir en negocios de riesgo y menos en cine. Si no tienen los beneficios es casi imposible que inviertan", explica Andrés Calderón, director operativo y de proyectos de Dynamo Capital, empresa especializada en la gestión de proyectos cinematográficos, creada a raíz del surgimiento de la Ley de Cine.

El panorama del cine nacional sería aún más grave si se le pone IVA a la boleta de cine, lo que no sólo implicaría una disminución de los asistentes a las salas, sino menos dinero para Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que en sus tres años de existencia ha entregado 11.500 millones de pesos a 191 proyectos.

La ministra de Hacienda encargada, Gloria Inés Cortés, en un intento por tranquilizar al sector, dijo a SEMANA que hay que tener paciencia. "Deben permitir que el gobierno y el Congreso analicen lo que pasa con cada sector y que se realicen propuestas alternativas. Hay que mirar bien si ese beneficio que tiene el sector es la forma de estimularlo". No queda más que esperar. Justificar la importancia de la cultura en un país es un debate que debería estar superado hace mucho tiempo. Que la sabiduría de los macroeconomistas no destruya algo tan micro, delicado y complejo como es la cultura.
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