Viernes, 20 de enero de 2017

| 1998/03/30 00:00

UNA DENUNCIA ALARMANTE

Jaime Castro revela a qué sectores les interesa sepultar la descentralización y por qué.

UNA DENUNCIA ALARMANTE

Descentralizar para pacificar Jaime Castro. Editorial Ariel, Bogotá, 1998 $16.900 Si algo fundamental caracteriza a la Constitución de 1991 es su espíritu descentralista: En ese momento estaba claro para todos _gobierno y constituyentes_ que los principales factores generadores de violencia en el país eran el fracaso de la reforma agraria y la aberración centralista que reinaba en la organización política y administrativa del Estado. El golpe fue duro para esa clase dirigente que ha usufructuado durante décadas el poder burocrático y el manejo de los dineros públicos en beneficio de sus muy personales intereses: ambos privilegios fueron limitados por las nuevas disposiciones constitucionales, en favor de la toma de decisiones por parte de los departamentos y los municipios.
Por ello no tardó en aparecer la cauda de interesados en regresar al antiguo régimen, quienes reclaman una reforma de la Constitución. Y lo hacen utilizando un sartal de argumentos amañados, que distorsionan la realidad. De ahí la importancia de este libro de Jaime Castro, especialista en el tema y auspiciador de todo el proceso, que se inició en la administración Belisario Betancur, con la elección popular de alcaldes, siendo Castro ministro de Gobierno. De manera puntual, clara y sin rodeos explica la importancia política que tiene para el país la autonomía de los gobiernos seccionales y locales. Y llega a plantear, como tesis central, la urgencia de acelerar el proceso para pacificar al país. Además _y esto es bien importante_ toma cada uno de los argumentos utilizados para atacar la descentralización y los desbarata con cifras y argumentos contundentes. Se refiere especialmente a los dos puntos que son neurálgicos para los intereses de la clase política tradicional: el manejo del calendario electoral y el sistema de transferencias y tributos fiscales, vigentes gracias a la Constitución de 1991.
Así, por ejemplo, al lector le queda claro que el déficit fiscal no se originó en las transferencias territoriales, como lo ha sostenido el gobierno actual y que la desaceleración que se busca del proceso descentralista está patrocinada por los politiqueros, a quienes se les cambió las reglas del juego y se les eliminó los mecanismos que les permitieron durante décadas construir sus sólidas pirámides electorales, basadas en gamonalatos y baronazgos. Hay que anotar que el libro es duro contra el gobierno de Samper y contra los que Castro llama "sectores retardatarios de la clase política". Y sin duda suscitará controversia entre los conocedores del tema. Pero es un ensayo serio y documentado que da una voz de alerta sobre un aspecto fundamental de la vida colombiana. Ojalá esa voz se oiga a tiempo.

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