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| 2009-06-08

Relator de la ONU escuchó a víctimas de "falsos positivos"

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    Martha Díaz Ospina, representante de las víctimas de la región Caribe “Estos casos los vamos a llevar a la Corte Penal Internacional, porque sabemos que aquí no va a haber justicia”, dijo Díaz, durante la audiencia pública de este lunes. Ella contó cómo su hijo, Douglas Alberto Tabera fue desaparecido y después reportado como guerrillero muerto en combate. Los hechos ocurrieron en San Juan del Sinú, el 2 abril de 2006. En su testimonio narró que su hijo tenía disparos en las manos que le hicieron a quema ropa, lo cual demuestra, según ella, que fue ejecutado por el Ejército. Las víctimas que asistieron a la audiencia pública de este viernes denunciaron que la política de recompensas estimula el asesinato de inocentes.
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    Astrid Sanabria, representante de las víctimas del Casanare “Íbamos a traer un material para el trabajo, porque mi esposo trabajaba con unos ingenieros. Mi esposo se fue adelante yo me retasé un kilómetro, me salvé porque me quedé atrás. A él le hicieron un montaje, porque eso hay que reconocerlo, para eso el Ejército sí que es bueno. Le dispararon por la espalda y dijeron que era guerrillero caído en combate. La única arma que él tenía era una navaja, pero le pusieron un fusil. Desde entonces mi familia también ha recibido amenazas”.
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    María Irene Gallego, madre de Gonzálo Velásquez “Mi hijo salió de paseo de Pereira, para Medellín, con un grupo de compañeros el 26 de abril de 2006. Una vecina me dijo que mi hijo debía estar desaparecido pues después de varios días en que no se reportaba. Otro de mis hijos se fue a buscarlo y el 5 de mayo lo encontró enterrado en Yarumal, Antioquia. Fue reportado como NN, según las noticias del canal Teleantioquia. Dos de los cadáveres estaban en un basurero y da la casualidad que tres de ellos tenían disparos en la espalda y en las rodillas. Les dispararon entre 13 y 15 tiros. Ahí lo que hubo fue sevicia… Yo quiero dos cosas: reivindicar el nombre de mi hijo y aportar al país para que esto no se repita”.
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    Reynel Martínez, pastor evangélico de la ciudad de Cúcuta “Mi hermano estuvo en el Ejército 18 meses y se retiró porque consideró que no le convenía debido a sus principios cristianos. Un día viajó a Bogotá para reclamar sus cesantías y la libreta militar. Después de que no supimos más de él comenzamos a buscarlo y pusimos el denuncio ante la Fiscalía. Después de un mes la Fiscalía nos dijo que él había sido asesinado en Sogamoso, Boyacá. Le pusieron camuflado y una ruana y dijeron que era guerrillero. Nosotros fuimos desplazados del Catatumbo por la guerrilla. No entiendo ¡cómo es que un joven que le prestó un servicio al Ejército, nueve meses después de su retiro es asesinado por la misma institución! Hasta ahora las autoridades no han querido recibir nuestras denuncias. Queremos que se haga una investigación. Como seguidor de Jesús, creo que conocer la verdad es más importante que cualquier otra cosa”.
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    Gustavo Petro El senador del Polo denunció que la resolución 29 de noviembre de 2005, creada por el entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina, “abrió la puerta para las ejecuciones extrajudiciales”. Esta resolución es la que regula el sistema de recompensas. Lo primero que indicó Petro es que el documento de esa política se mantuvo en “secreto”, como reza en las páginas que lo componen, desde su creación, lo cual impide un efectivo control sobre su aplicación. Esta resolución define cuál debe ser el pago de recompensas por información que de con la captura o abatimiento de integrantes de la guerrilla o grupos ilegales, entre otras. Pero esa resolución no facilita el control de las autoridades sobre esos pagos, pues es imprecisa. Una razón es que la resolución contempla el pago por información que permita capturas o “abatimientos” de combatientes con rangos inferiores, a los que califica de “indefinidos” (distintos a los cabecillas), y dice que se paga a personas “indeterminadas”.
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    Philip Aston, relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales dijo que estaría en Colombia por 10 días en los cuáles se reunirá con representantes de las víctimas y del gobierno. “Yo soy nombrado para asesorar el Consejo de las Naciones Unidas sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Mi papel se basa en el presupuesto de que siempre es útil la presencia de organizaciones internacionales”, dijo. “Es claro que Colombia ha sufrido mucho a causa del conflicto. Sé que el gobierno ha trabajado por recuperar la situación. Mi papel consiste en identificar medidas adicionales para mejorar la situación. Quiero recalcar que no solo me ocupo de los falsos positivos, sino que mi papel va más allá. También me interesa conocer de otras ejecuciones extrajudiciales que han quedado impunes”. “Voy a viajar por diferentes lugares. Y el 18 de junio voy a dar una conferencia de prensa en la que informaré sobre unas conclusiones y recomendaciones iniciales.
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