Tarjeta amarilla

Este jueves, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, les sacará tarjeta amarilla a la dirigencia del fútbol, a los presidentes de los clubes profesionales y a los representantes de los jugadores.

Desde cuando Santos llegó al poder, su intención de sanear el fútbol, democratizarlo y convertirlo en un negocio transparente ha tenido pocos resultados. Por eso en la reunión del jueves el gobierno, como mediador, pondrá los límites para que de una vez, y sin más dilaciones, clubes y futbolistas lleguen a un acuerdo que ponga fin a más de tres años de conflictos.

Este proceso, en el que se frustró la primera huelga de futbolistas y llevó a los jugadores a defender por primera vez sus derechos laborales, dejó claro que la Dimayor y la mayoría de los clubes profesionales incumplen las obligaciones establecidas en la legislación deportiva y laboral, sin contar que la propia Federación Colombiana de Fútbol (Colfútbol) está desobedeciendo algunos de los mandatos y reglamentos de la Fifa.

El Estado ha demostrado su incapacidad para controlar el balompié, pues en casi 60 años de fútbol profesional no ha tenido la fortaleza de poner orden. Por eso, lo que saldrá a relucir en la reunión del próximo jueves en el despacho del Vicepresidente no será nada fácil de resolver. Si bien el fondo del problema es estructural, lo que por ahora se deberá resolver es el enfrentamiento entre clubes y jugadores.

Históricamente, los clubes profesionales habían impuesto las reglas de juego, pues determinaban a su antojo la forma como se debían vincular los futbolistas a sus equipos, la remuneración y la forma como se compraban y se vendían sus pases, es decir, el traslado a otro equipo, entre otros temas.

Sólo en 1997, la Corte Constitucional estableció límites para esta trata de personas. A partir de allí se exigió que para que un club fuera propietario de los derechos deportivos de un jugador, debía existir un contrato de trabajo, pero para protegerse, algunos clubes celebraron contratos a término indefinido, a pesar de que desde 1995 la misma Fifa había ordenado que los contratos debían ser a término fijo y a un máximo de cinco años. Otra práctica usual fue la de celebrar dos contratos, uno laboral por una suma mínima, y otro civil en el que se paga el grueso de los ingresos del jugador, para eludir el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales, práctica que ejerce la mayoría de los 36 clubes profesionales (A y B).

Además de buscar estas deducciones, el propósito más importante de estos contratos es mantener al jugador atado al club y así conservar la propiedad sobre sus derechos deportivos, que en esencia son el activo económico más importante que tienen los equipos profesionales.

Pero esta figura empezó a ser usada en su contra. En 2004, al crearse la Asociación Colombiana de Futbolista Profesionales (Acolfutpro), los jugadores comenzaron a reclamar sus derechos. A finales de ese año, José Julián de la Cuesta, del Atlético Nacional, y Juan Carlos Henao, quien acababa de salir campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas, tomaron sus maletas y se fueron a jugar en el exterior porque no tenían contrato vigente con sus clubes.

Frente a esto surgió un pacto de los clubes para discriminar a los jugadores que se atrevieran a reclamar sus derechos. Quien lo hiciera no sería contratado por otro club colombiano. Aunque los directivos lo niegan, el propio Juan Carlos Henao, al regresar del Santos de Brasil, fue víctima del pacto.

Ante estas y otras violaciones laborales, la agremiación presentó, por solicitud de la Dimayor y la Federación, unas peticiones para ajustar las relaciones entre clubes y jugadores, de acuerdo con las normas laborales colombianas y la reglamentación de la Fifa. Pero la aparición del ‘sindicato’ generó un choque con los equipos, y la falta de acercamientos llevó a que en septiembre de 2005 los jugadores votaran la huelga, movimiento que fracasó por las amenazas de algunos directivos. Desde entonces, las peticiones de los jugadores aún no han sido resueltas.

¿Qué es lo que demandan los jugadores? Piden que su relación laboral se rija por un solo contrato, y que coticen a la seguridad social por el total de sus ingresos. Que se definan las reglas de comienzo y terminación de los contratos, los derechos y los deberes de clubes y los jugadores, y que se les dé una participación a los jugadores sobre los negocios del fútbol. También piden que se reconozca a Acolfutpro como la entidad que representa a los futbolistas y se descuente el derecho de asociación de los salarios de los jugadores. “Además de la intransigencia de la agremiación, los futbolistas quieren que se incluyan en las normas deportivas elementos que le son ajenos”, dijo Luis Bedoya, presidente de Colfútbol.
A esta negociación se suma la necesidad que tiene la Federación de expedir un nuevo Estatuto del Jugador, ordenado por la Fifa desde junio de 2005. Si bien les dio plazo a las federaciones de expedirlo hasta el 30 de junio de 2007, hay unos artículos que eran obligatorios desde julio de 2001 y que, de haberse incluido, habrían ayudado a resolver parte de los conflictos.

El nuevo estatuto ordena que los jugadores tengan un solo contrato y obliga a incluir los medios para proteger la estabilidad contractual, respetando la legislación laboral de cada país. Reglamenta el préstamo de jugadores, su permanencia en los clubes, los traspasos y las consecuencias deportivas y económicas de quien termine un contrato sin justa causa, entre otras.

¿Por qué los directivos son tan reacios a implementar estas normas? Porque la formalidad cuesta. Reportar ingresos, costos, nóminas y transferencias exige una estructura empresarial que los clubes no tienen.
La mayoría de los equipos en Colombia siguen siendo empresas de papel, cuyo patrimonio está conformado por activos intangibles: los jugadores, el nombre del club (razón social) y la ficha de la Dimayor, que es la que permite al equipo jugar en la liga profesional y que puede valer entre 2.000 y 2.500 millones de pesos. Esta fragilidad empresarial quedó al descubierto en el último informe realizado por la Superintendencia de Sociedades. En 2005 los equipos produjeron 89.200 millones de pesos por ingresos; sus egresos ascendieron a 95.600 millones de pesos, lo que llevó a la mitad de los equipos a terminar con balances negativos y al borde de la crisis.

La ley permite que los equipos se puedan endeudar por hasta por tres veces su patrimonio, que está representando en intangibles: de esta forma los equipos terminan teniendo un permiso oficial para quebrarse e incumplir sus obligaciones.

El año pasado, el Atlético Bucaramanga no les pagó a sus jugadores en todo el segundo semestre y nunca la Federación ni Coldeportes evitaron que el equipo jugara, a pesar de incumplir las normas laborales colombianas y los mandatos de la Fifa. Si equipos grandes como el América, Medellín o el Pereira han incumplido con el pago de salarios y aportes a la seguridad social integral (salud, pensiones y ARP), ni para qué mirar lo que ocurre en los equipos de la B, ni lo que se les hace a los técnicos o a los empleados administrativos de los clubes.

Una muestra de esta perversa práctica ha permitido que jugadores como Carlos Cortés o Arley Dinas, al quedar inválidos o incapacitados para jugar el resto de sus vidas, terminen recibiendo una pensión irrisoria, porque el grueso de sus ingresos no eran pagados como salario.

Los derechos deportivos de los jugadores, que son el patrimonio más valioso que tienen los clubes, que deben estar registrados bajo el control de Coldeportes, son usados como una mercancía sobre la cual hay precarios controles. Nadie sabe en realidad a quién pertenecen, cuánto valen y por qué. Y cuando son vendidos por cifras astronómicas, difícilmente terminan reflejados en los estados financieros de los clubes. “Eso son cosas del pasado. Hoy hay un estricto control en la Dimayor y en Coldeportes que permite saber toda la historia de un futbolista profesional en Colombia”, dijo Ramón Jessurum, presidente de la Dimayor.

Una muestra de la debilidad de este sistema quedó en evidencia recientemente. El joven Óscar Briceño fue adquirido por Millonarios para jugar en esta temporada gracias a que Sotrandes, uno de sus patrocinadores, aceptó pagar los 800 millones de pesos que valía su transferencia del Tolima. En teoría, el jugador entrará a los activos del club, pero cuando sea vendido, según dijo a SEMANA Juan Carlos López, presidente de Millos, Sotrandes recibirá de nuevo sus 800 millones de pesos más una utilidad adicional por derechos económicos. La ley del deporte establece que sólo los clubes profesionales pueden ser los poseedores de los derechos deportivos y prohíbe que el valor que reciban por tales derechos “pertenezca o sea entregado a persona natural o jurídica distinta del mismo club”. Para evitar problemas, Millonarios anunció que cambiará la modalidad del contrato. A pesar de que esta es una práctica muy usual en Colombia y en otros países, se requiere que todos los títulos de propiedad y todas las transacciones se realicen sobre la mesa, a fin de que los clubes no resulten perjudicados y no se facilite la presencia de dineros calientes.

SEMANA reveló a finales del año pasado cómo Roberto Jiménez, hermano de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, comandante del BCB de las Autodefensas, estaba negociando los pases de varios jugadores juveniles como pago de algunas deudas. La Fiscalía está investigando al ex presidente del Pereira, Ramón Ríos, por lavado de activos, indagaciones que se han extendido a otros clubes.

Es evidente que muchos directivos se sienten incómodos con las presiones del gobierno y de los mismos futbolistas para que este deporte sea transparente y mejor. Desde cuando Alfonso Senior y León Londoño Tamayo colgaron los guayos como dirigentes, este deporte quedó en manos de ‘personajes’ que, sin tener jerarquía ni liderazgo, dejaron perder el reconocimiento y el poder que Colombia mantuvo por muchos años ante la Fifa y la Conmebol, prestigio que ahora Luis Bedoya, nuevo presidente de la Federación, tiene como uno de sus propósitos recuperar.

También Bedoya tendrá que sacar a la Federación de la quiebra en la que se encuentra. La entidad presenta hoy deudas superiores a los 4.000 millones de pesos y demandas cuyas pretensiones superan los 14.000 millones de pesos.

Por eso este jueves, cuando la dirigencia del fútbol se reúna con el vicepresidente Francisco Santos, el gobierno deberá fijar de una vez por todas el camino no sólo para arreglar las diferencias entre jugadores y clubes, sino que deberá iniciar el proceso para transformar este deporte. Es mejor tener unos torneos con 10 ó 12 clubes que cumplan todos los requisitos, que continuar con unos torneos mediocres que, además de ser un mal espectáculo, terminan enriqueciendo los patrimonios de unos pocos. Es hora de que aparezcan verdaderos clubes, convertidos en sociedades anónimas, con miles de socios reales y no equipos de papel dominados por dos o tres personas.

El gobierno debe ayudar a salir al fútbol de la crisis. En este momento el Estado está a punto de darle una sede deportiva y administrativa a la Federación en el centro de alto rendimiento en Bogotá, pero esta y otras gabelas deben quedar condicionadas a un radical cambio en la estructura accionaria y empresarial de los clubes. Si esto no se hace, lo único que hará el gobierno será inyectarle más presión a una bomba que tarde o temprano explotará.