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Vuelve y Juega

Con la Dimayor, el gobierno mato el tigre y se asustó con el cuero.

3 de abril de 1989

Finalmente rodó la bola. Luego de toda clase de reuniones y declaraciones, peleas y promesas, el campeonato profesional de fútbol comenzó el pasado domingo sin que fueran muchas las cosas que se cambiaron. Primero fue el ataque del gobierno, en cabeza del ministro de Educación, Manuel Francisco Becerra. Luego la Dimayor contraatacá y prácticamente le exigió al gobierna que aclarara las dudas que pesaban sobre la honestidad de los dirigentes del deporte. Finalmente, el pasada martes 21 de febrero se reunieron los miembros de la Dimayor con los ministros de Educación, Justicia y Comunicaciones y, cuando se esperaba que volaran chispas, todo terminó de la manera más cordial posible y como si nunca hubiera ocurrido nada.
Lo cierto es que, ante los escándalos que marcaron el final del tornea del año anterior, se hacía imperiosa la intervención del gobierno en el asunto. Y así fue. Por primera vez en la historia del fútbol profesional en Colombia, que data de 1948, se decidió a tomar cartas en el asunto y averiguar qué es lo que pasa en un deporte que desde hace más de una década ha generado toda clase de dudas y sospechas. Tal responsabilidad recayó sobre el ministro de Educación, quien en tono enérgico anunció que se tomarían las medidas necesarias para sanear la actividad. Todo el mundo pensó que detrás de las investigaciones de forma que se anunciaron, se iba a llegar al fondo del problema y se iba a limpiar de una vez por todas la imagen del más importante de los deportes colombianos. Llegó entonces la investigación de la Superintendencia de Sociedades, que dejó en claro que los equipos no estaban al día con la ley marco del deporte y que en su gran mayoría estaban al borde de la quiebra.
Se esperaba que lo de la Supersociedades fuera sólo un primer paso para desenredar el ovillo, pero lo de la semana pasada, cuando se dio luz verde para la iniciación del campeonato, demuestra que no fue así. En una comunicación enviada por la Dimayor al ministro Becerra a comienzos del año, los dirigentes del fútbol no sólo exigieron que se aclararan los cargos contra ellos, especialmente los de vinculaciones con el narcotráfico -sin decirlo específicamente-, sino que requirieron la presencia de los ministros de Comunicaciones y de Justicia en la reunión del pasado 21 de febrero.
Esto complicó las cosas para el gobierno. Si bien es cierto que ningún narcotraficante aparece como miembro de la Dimayor en los actuales momentos, y tampoco aparecen como aportantes de los clubes, no lo es menos que varias de las personas que han dado aportes a los diferentes clubes se verían en calzas prietas para explicar la procedencia de esos dineros.
Para independizar a los árbitros de los equipos, se tomaron algunas medidas como la de la comisión arbitral, que todavía no está funcionando. De resto, todo quedó en compromisos de buena voluntad, respeto al famoso fair play (juego limpio) y un recorderis a los medios de comunicación de sus obligaciones. De modo que, aunque parece que las cosas mejoraron y que de acuerdo con la ley no había nada más que hacer, en la opinión pública quedó la impresión de que el gobierno, que entró anotando el primer gol, salió goleado del encuentro. Claro está que al aficionado, que poco se interesa por esos enredos, lo único que le importa es que otra vez tiene plan para el domingo.