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| 7/26/2014 5:00:00 PM

¡A pagar más impuestos!

Los mayores gastos y los menores ingresos petroleros llevarán al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a presentar una nueva reforma tributaria.

El esperado discurso del presidente Juan Manuel Santos el 20 de julio en el que anunció su agenda legislativa causó sorpresa. La causa: no mencionó un proyecto que impactará a millones de colombianos y que será fundamental para la buena marcha de las finanzas públicas: una nueva reforma tributaria.

Bien sea porque no quería alborotar el avispero antes de tiempo con una iniciativa que siempre levanta ampolla, o porque no quería distraer a la opinión pública del énfasis que hará en la agenda de paz y en las reformas para el agro, lo cierto es que, como decía el político estadounidense Benjamín Franklin, “lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos”. Y es seguro que el gobierno llevará el proyecto en el segundo semestre de este año, y que no será una ‘minirreforma’ como se había anunciado hace unos meses.

Muchos se preguntan por qué se vuelve a hablar de este tema cuando el Congreso aprobó hace apenas año y medio una reforma tributaria que todavía están tratando de digerir y pagar los contribuyentes. Y además, cuando la situación macroeconómica es favorable. En efecto, la economía colombiana está creciendo a tasas superiores al 5 por ciento, la inflación está bajo control –por debajo del 3 por ciento– y el desempleo sigue en descenso.

Para Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, el mejor momento para discutir una propuesta de esta naturaleza es cuando la economía va bien, porque es más fácil convencer a los empresarios de pagar más impuestos. “A pesar de que Colombia es el campeón mundial en reformas tributarias, el recaudo de impuestos es del 15 por ciento del PIB, inferior al de los países de la Ocde, el club al que queremos ingresar, que tienen recaudos por encima del 20 por ciento del PIB”, dice el analista.

Pero si bien el panorama macroeconómico luce despejado, no ocurre lo mismo con las finanzas públicas, a las que les están apareciendo varios nubarrones por los mayores gastos y menores ingresos. El presupuesto general de la Nación para el año entrante, que rondaría los 220 billones de pesos, trae incrementos sustanciales en varios rubros. En 2015 el gobierno pagará el mayor valor en pensiones en su historia. El cheque que recibirán más de 1 millón de pensionados del país ascenderá a 29,4 billones de pesos, una cifra récord, que supera los gastos en defensa de 27,7 billones.

La lista de compromisos sigue creciendo. A raíz de los paros agrarios del año pasado el gobierno acordó aumentar el presupuesto para el sector en los próximos años. Para 2015 será de 5,1 billones, una cifra que dobla los recursos que se le giraban al agro. La educación también tendrá más plata: 28,4 billones de pesos, es decir 1,5 billones más que este año.

Y vienen más recursos para salud, el Bienestar Familiar, para ciencia y tecnología y para programas sociales como Familias en Acción. Eso sin contar las mayores partidas para el ambicioso plan de infraestructura vial que vale más de 40 billones de pesos y cuya ‘cuota inicial’ depende de la venta del 57,6 por ciento de Isagen. A estos gastos se sumarán en el mediano plazo los del posconflicto, que según un estudio de Fedesarrollo ascenderían a 80 billones en diez años. El gobierno ya apropió para 2015 una partida de 7 billones para ese rubro. Y ahora se suman los mayores gastos por la fuerte sequía en algunas regiones por el fenómeno de ‘El Niño’.

Pero mientras crecen las expensas, los ingresos no aumentan al mismo ritmo. Aunque en el presupuesto de 2015 están incluidos recaudos tributarios por 126 billones de pesos, más endeudamiento interno y externo para financiar ese tren de gastos, hay otro hecho que preocupa al gobierno. En 2015 se recibirán menores recursos por la baja en la producción petrolera y por los menores giros de Ecopetrol.

Hoy en el país se producen alrededor de 1 millón de barriles y no se ve un incremento sustancial debido a los atentados a la infraestructura petrolera, a que no se han realizado grandes descubrimientos, a la demora en el otorgamiento de licencias ambientales y a los problemas con las comunidades, que se están volviendo un lío mayúsculo. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la carta de navegación de las finanzas públicas para los próximos diez años, el Ministerio de Hacienda reconoce que la producción de petróleo será inferior a la prevista en 75.000 barriles diarios y que Ecopetrol girará 2,3 billones de pesos menos.

Vuelve y juegan los impuestos

Por eso el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sigue haciendo sumas y restas para cuadrar las cuentas, más cuando tiene una camisa de fuerza que le impide tener un gran déficit: la Ley de Regla Fiscal, que limita la financiación de gastos por la vía de mayor endeudamiento

Y el funcionario ya baraja algunas propuestas. Mantendrá el cobro de dos tributos vitales para las arcas del Estado –el impuesto a patrimonios superiores a los 1.000 millones de pesos y el gravamen a las transacciones financieras (4 por mil), que representan cerca de 8 billones al año, y tenían sus días contados. El de patrimonio estaba vigente hasta este año y el de las operaciones financieras bajaba de 4 a 2 por mil el año entrante.

Pero Cárdenas no solo los mantendrá sino que buscará más recursos a través de dos propuestas que desde ya están causando polémica. Una de ellas es castigar con cárcel a los que omitan ingresos millonarios (más de 1.000 o 5.000 millones), pero a la vez, concederles una amnistía a los que declaren los bienes y patrimonios ocultos en el exterior a cambio de pagar una tarifa del 10 por ciento.

Los analistas ven con recelo estas iniciativas y dicen que Santos II debería aprovechar su capital político y presentar una reforma tributaria estructural. El presidente de Anif, Sergio Clavijo, dice que plantear únicamente la extensión de dos impuestos suena irresponsable fiscalmente cuando es evidente que los ingresos están cayendo por cuenta del fin anticipado del auge minero energético. Cuestiona que se proponga una amnistía tributaria porque no se puede seguir premiando a los tramposos y además, porque la Corte Constitucional ya las declaró inexequibles. Por eso el gobierno estudia presentar un acto legislativo para reformar la Constitución y facilitar la amnistía, una vía que toma más tiempo.

Según Fedesarrollo, el país necesitará recursos adicionales en impuestos equivalentes al 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por año, es decir, alrededor de 14 billones de pesos. Pero serían mayores si se firma la paz. Para este centro de estudio llegó la hora de gravar los dividendos de las personas naturales; aumentar del 16 al 17 por ciento el IVA y ampliarlo a todos los bienes y servicios, con devolución a los hogares de menores ingresos; desmontar totalmente los parafiscales y cobrar un nuevo impuesto al patrimonio pero solo a las personas naturales, permitiéndoles descontar la vivienda de habitación

El exdirector de la Dian, Horacio Ayala, coincide con varias de estas propuestas y dice que gravar los dividendos de las personas naturales sería la verdadera reforma para reducir la desigualdad. Pero no es partidario de aumentar el IVA porque es un impuesto regresivo que lo pagan los ricos pero también los pobres.

Pero el gobierno no está dispuesto a darse la pela con una reforma estructural porque como dice el ministro de Hacienda: “El gran activo del país es la confianza de los hogares, de los empresarios y de los inversionistas y si se anuncia una megarreforma tributaria se puede afectar este buen clima de inversión”. El debate está servido.
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