AGUA PASO POR AQUI...

"Este sí es el apaga y vámonos", asegura una ama de casa en tono alterado, después de participar en una de las muchas manifestaciones de ollas vacías, organizadas por distintos barrios de la ciudad frente a la residencia del alcalde de Barranquilla Guido Borrero Durán. "Cómo es posible -agrega- que, aparte de tener que aguantarnos la falta de agua, cuando venimos a protestar a la casa del alcalde, su esposa decida asomarse por la ventana y sacarnos la lengua. Ella puede estar muy aburrida de las protestas, pero por lo menos tiene el agua que le traen en carro-tanques".
La enfurecida ama de casa se refiere a un episodio sucedido en la capital del Atlántico hace pocas semanas, cuando la crisis del acueducto de las Empresas Públicas Municipales (EPM) pareció tocar fondo. Proliferaron las marchas de protesta al calor de las cuales surgió, por primera vez en muchos años, la posibilidad de que una de las poblaciones tradicionalmente más pasivas del país, se uniera para exigir la erradicación de la estructura politiquera de las EPM.
Sin duda, hay más de una razón para que esta pasividad esté quedando atrás. Por un lado, el hecho simple y llano de que cada día hay menos agua y de que, en barrios donde antes se presentaban racionamientos, hoy estos ya no existan porque no hay nada que racionar. Y por otro, parece ser la primera vez que ciertos barrios residenciales del norte de la ciudad, donde vive lo que en Barranquilla llaman "la gente del billete", estan soportando una escasez de agua que se ha vuelto inmanejable.

HISTORIA DE DOS CIUDADES
La reacción de las autoridades y de la clase política, directa responsable de lo sucedido, ha resultado más bien un factor agravante de la situación. Nadie pretende culpar al Alcalde de lo que está sucediendo. Pero lo que más ha sorprendido a los barranquilleros es que el burgomaestre y su esposa hayan reaccionado en forma tan displicente ante la más natural y justificada protesta popular. Para tratar de "sacar las patas", Borrero Durán firmó hace pocos días, al lado de 250 mil barranquilleros, una cartaplebiscito dirigida al presidente Belisario Betancur, al gobernador Fuad Char y al propio Alcalde, en la cual se exigía la reestructuración y despolitización de las EPM. Pero en este caso el remedio resultó peor que la enfermedad. La actitud de Borrero sonó a cinismo y gustó menos que las sacadas de lengua de su esposa.
Y sonó a cinismo precisamente porque el Alcalde pertenece a la corriente conservadora del senador Roberto Gerlein Echeverría, a quien muchos señalan como uno de los responsables de la actual crisis, al lado de los otros 4 senadores del Atlántico: José Name, Pedro Martín Leyes, Juan Slebi y Abel Francisco Carbonell, quienes han controlado durante la última década todos y cada uno de los puestos de la administación de las Empresas Públicas.
La actual crisis sólo puede explicarse retrocediendo unos años en la historia reciente de la ciudad. La de Barranquilla, en lo que a servicios públicos se refiere, bien podría ser la historia de "dos ciudades": la del pasado, antes de los años sesenta, y la de ahora, la de los últimos 10 ó 15 años. La vieja ciudad, un modelo de desarrollo urbanístico y eficiencia en los servicios. La de hoy, un caos absoluto sin planificación alguna que bien podría ser declarada "zona de catástrofe", pues aparte del agua, no existe alcantarillado pluvial, los teléfonos demoran horas en dar tono para marcar, los racionamientos de luz no se compadecen con las altas tarifas que se pagan allí y los barrios de invasión alojan a un 40% del millón 200 mil habitantes.

DE LOS BANQUEROS A LOS POLITICOS
Las EPM se crearon en 1925 con base en un par de créditos del Central Trust Co. de Illinois, entidad que condicionó los préstamos a que le fuera concedida la facultad de nombrar al gerente. Entre las obras que se adelantaron entonces, la más importante, sin duda, fue la planta No.1 del acueducto, con una capacidad inicial de 0.53 m3 por segundo cantidad suficiente para abastecer a cerca de 100 mil habitantes, poco menos de los que tenía la ciudad entonces. En 1944, esa planta duplicó su capacidad y el cubrimiento a la población fue casi total. En 1952 se construyó una segunda planta que aumentó la producción de agua a 1.6 m3 por segundo, con lo cual los planes de desarrollo del acueducto continuaban desarrollándose al ritmo del crecimiento de la ciudad.
Pero en 1960 sucedió algo que habría de cambiar el rumbo de las cosas. Los banqueros que controlaban hasta entonces la administración de las EPM, la entregaron al municipio, después de que éste terminara de cancelar los créditos contratados. Las Empresas fueron reestructuradas y poco a poco, el Concejo Municipal reformó la composición de su junta directiva -encargada de los nombramientos y de los contratos- hasta conseguir un control de ésta a través de sus representantes. Durante cerca de 12 años, la única preocupación de cada concejal fue conseguir una representación en la junta, pues desde allí podían nombrar a su clientela y asegurar su crecimiento político. Pero a ninguno se le pasó nunca por la mente la construcción de las obras que el acueducto necesitaba para continuar siendo suficiente frente a las necesidades, cada vez mayores, de la ciudad.
En resumen, entre 1952, cuando el legendario Samuel Hollopeter, gerente desde 1925 hasta 1960 de las Empresas en representación de los banqueros, inauguró la planta número dos, hasta 1971, cuando finalmente se terminó la construcción de la planta tres, la producción de agua se mantuvo invariablemente en 1.6 m3 por segundo, pese a que la ciudad pasó de 280 mil a 700 mil habitantes.
En esos momentos, la crisis del agua comenzaba a hacerse evidente en los barrios del sur, donde vivían las gentes de escasos recursos. En el norte, el servicio seguía siendo más o menos bueno. Fue entonces cuando los dirigentes políticos del momento descubrieron que nada más práctico para conseguir votos que tender redes de distribución de agua en los barrios del sur. Pero se les olvidó que las redes solas no sirven. Entre 1974 y 1975 siendo gobernador Gerlein, se llevó a cabo el programa BIRF-II, financiado por el Banco Mundial, con el fin de ensanchar las redes y optimizar el servicio. El programa resultó ser una catástrofe y pese a que se invirtieron 700 millones de pesos de entonces (unos 7 mil millones de hoy) el servicio no mejoró en lo más mínimo, pues los planes trazados en un principio se alteraron y toda la inversión se fue en tender redes por las cuales nunca pasaría el agua.
La última obra de ampliación del acueducto se terminó en 1983. Se trata de la planta número 3, con cuya entrada en operación se esperaba que la producción llegara a 4.4 m3 por segundo. Lo que nadie sabía era que la planta 3, construída en 1971, nunca había alcanzado sus objetivos de producción y sólo cuando se instaló en el 83 la macro-medición se pudo establecer la producción real de agua de las plantas: 4.1 m3 por segundo. En esos momentos, las necesidades de la ciudad ya superaban los 6 m3 por segundo. Esto hacía que una tercera parte de los habitantes no tuviera servicio de agua. Pero la situación era mucho más grave de lo que las cifras indicaban. El hecho de que muchas redes viejas nunca hubieran sido reemplazadas y de que el manejo de las válvulas de distribución fuera un verdadero caos, hizo que proliferaran las fugas, hasta llegar a niveles de pérdida de agua por este concepto del 30% o más. A principios de esta década se contrató por 320 millones de pesos la construcción de la planta 5. Esta obra ha sufrido retrasos y, aunque su capacidad inicial de 0.75 m3 por segundo ha sido duplicada, esto no alcanza a justificar que el valor de la obra haya pasado de los 320 millones iniciales a más de 2 mil, pues el precio se multiplicó por 7 y la capacidad sólo por 2.
Este último hecho lo único que indica es que la situación en vez de cambiar, tiende a empeorar. Despolitizar a las EPM es el objetivo de muchos pero, ¿es realista? Seguramente no aparte de que la despolitización, si bien es el origen del problema, no parece por sí sola solución. Las cifras de las EPM son aterradoras: ingresos de sólo 180 millones de pesos mensuales; gastos mínimos superiores a los 210 millones (el 70% en burocracia) y una deuda, interna y externa, de más de 5 mil millones. Muchos han sugerido la privatización del servicio, como medio efectivo de despolitización, pero lo cierto es que en Barranquilla ya nadie cree que la empresa privada, cómplice durante años en cada contrato otorgado por la clase política, pueda cambiar las cosas. El callejón se queda entonces sin salidas, en una situación que bien puede degenerar en un estallido violento, inimaginable en otras épocas en la ciudad del carnaval, la paz y la alegría.