Martes, 24 de enero de 2017

| 2008/08/16 00:00

Al carbón

Drummond ha sido autorizada para explotar una gigantesca mina que convertirá a Colombia en potencia carbonera. Varios pueblos serán trasladados parcialmente y se pavimentarán vías por todo el Cesar. Pero también hay problemas.

Drummond tendrá 47.000 hectáreas para extraer carbón en Cesar. Allí también operan empresas como Glencore y Coalcorp, a las que también le establecieron compromisos como la pavimentación de vías

Todo lo que tiene que ver con la explotación de la mina de carbón El Descanso en el departamento de Cesar es de proporciones astronómicas. Se trata de uno de los proyectos a cielo abierto más extensos del mundo, junto con El Cerrejón, en La Guajira, lo que va a poner al país entre los tres mayores exportadores de carbón del planeta en cinco años.

El gobierno colombiano acaba de darle vía libre a la explotación de esta mina, por medio de una licencia ambiental que tiene exigentes requisitos, no sólo para la multinacional Drummond, sino para un grupo de empresas que explota carbón en esa zona. La decisión está rodeada de polémica por el enorme impacto económico y social del proyecto.

El Descanso mide 27.000 hectáreas que, sumadas al resto de los terrenos de Drummond en Cesar -como la mina de la Loma-, da un campo de explotación de 47.000 hectáreas, un tamaño igual a la tercera parte de Bogotá. Allí hay 1.700 millones de toneladas en reservas. Si todas las compañías que explotan carbón en Colombia sólo se dedicaran a este proyecto, se irían 25 años para extraer esos recursos. A la Drummond esta mina le da para 'entretenerse' por lo menos otros 60 años. Por eso, la firma ya anunció inversiones por 1.500 millones de dólares para poder cumplir su plan de expansión.

Las implicaciones comerciales y sociales del carbón hoy son inmensas para Colombia, que ya tiene las mayores reservas de Latinoamérica. El país produjo el año pasado 70 millones de toneladas y, de cumplirse todos los planes de expansión de las compañías carboníferas, pasará fácilmente a 170 millones de toneladas antes de 2014. El mercado internacional está hoy dominado por Indonesia, Australia y Rusia. La buena noticia es que Colombia se va a trepar al tercer lugar de ese ranking.

Pero esta historia no es sólo color rosa. Tiene una cara menos amable. La explotación minera, especialmente en la zona de Cesar, ha desencadenado un dramático contraste: miles de millones de pesos en regalías, inversión y utilidades, pero al mismo tiempo cientos de personas sumergidas en la miseria, los malos manejos administrativos y la contaminación ambiental. Sólo un botón de muestra: el año pasado, los habitantes de la Jagua de Ibirico se lanzaron a una asonada para protestar por las malas condiciones de vida en su municipio. Al presidente Uribe le tocó ir a ponerle el pecho al problema.

Para muchos, es en este contexto en el que hay que ver el proyecto de El Descanso y por ello el Ministerio de Medio Ambiente impuso obligaciones bastante gravosas a todas las compañías que explotan carbón en ese departamento.

El Ministerio aplicó un nuevo criterio llamado de "integralidad" para definir las condiciones de la licencia. Esto quiere decir que el compromiso va mas allá de la obligación de no contaminar y mitigar los impactos ambientales, implica ayudar a reducir la contaminación general que se da por la actividad minera en la región.

Por ejemplo, aunque Drummond transporta su carbón por tren, tendrá que pavimentar parte de la vía del Carbón, una carretera de unos 40 kilómetros que hoy está destapada y que utilizan otras compañías para llevar semanalmente toneladas del producto en miles de camiones hasta los puertos. Los índices de contaminación del aire por esta carretera están disparados desde hace años.

Otro de los requisitos más importantes es que antes de dos años, 2.500 personas que viven en el centro de Cesar y se ven afectadas por la explotación del carbón, deberán ser reubicadas. Allí hay habitantes de los municipios de El Paso, La Jagua, Becerril y Chiriguaná.

Esta es una tarea titánica que ha ocurrido muy pocas veces en el país. Hace 30 años se trasladaron 13.000 personas de El Peñol, en Antioquia, por la construcción de la represa que ahora lleva ese nombre. Lo mismo ocurrió con el municipio de Guatavita y el embalse de Tominé.

En este caso, será la primera vez que una reubicación masiva estará en manos de un grupo de empresas carboneras que, a decir verdad, no cuenta con buen prestigio entre la población que va a reubicar. Los retos del traslado son enormes, pues no se trata simplemente de comprar predios, sino de remendar las heridas que la explotación del carbón ha abierto en la región. La negociación será muy dura.

El alcalde de La Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio, recordó la asonada del año pasado en su municipio y aseguró que "las compañías carboneras de Cesar tienen una deuda social, ambiental y laboral con los habitantes de la región". Para él, la reubicación de la población tiene que ser completamente concertada, no sólo con los habitantes, sino también con las autoridades, pues "hemos hecho inversiones en escuelas, restaurantes escolares, infraestructura y redes eléctricas, que no se las vamos ahora a dejar a Drummond". Todo indica que los habitantes de la región exigirán muchas cosas.

Las compañías están obligadas igualmente a hacer un estudio epidemiológico y a pagar los tratamientos médicos de aquellas personas que se confirme resultaron afectadas por la explotación carbonera en la zona.

En materia de infraestructura, Drummond deberá construir una banda transportadora de 3,5 kilómetros sobre el mar y un canal para la entrada de buques de gran calado, con el objetivo de hacer el cargue directo, lo que reducirá la contaminación. Así mismo, un área equivalente a la tercera parte de Medellín, es decir, 12.000 hectáreas afectadas por la explotación minera.

La viceministra de Medio Ambiente, Claudia Mora, explicó que la licencia tiene una trascendencia histórica, por la clase de compromisos que le fueron asignados a la compañía y por su enfoque integral.

"Aquí el asunto no es cuáles son las obligaciones de cada compañía por separado, sino cómo contribuyen en conjunto para que realmente mejore la situación ambiental de esa región que fue declarada zona de fuente de contaminación", explicó. Por eso, temas fundamentales como la pavimentación de la carretera, el traslado de las 2.500 personas y el estudio epidemiológico correrán por cuenta de todas las firmas. Allí están igualmente Glencore, CoalCorp y otras compañías.

Aunque la licencia reglamenta la explotación de la mina El Descanso, incluye obligaciones para otras empresas que tienen licencias ambientales completamente distintas. Una fuente del sector señaló que resulta un contrasentido jurídico: si quisieran apretar a todos, pues deberían haber reformado esas licencias ambientales y no utilizar una de la Drummond, para poner contra la pared a todas. La discusión es tan importante, que la aprobación de la licencia ambiental demoró tres años, lo que no había ocurrido hasta el momento en ninguno de estos procesos.

El negocio del carbón tiene de bueno y de malo, según el lente con que se mire. Por un lado, hay que reconocer que este producto es una fuente de desarrollo para el país, y la aprobación del proyecto de El Descanso así lo ratifica, más aun cuando los precios del producto están en sus máximos históricos, entre 120 y 130 dólares la tonelada. Pero, por otra parte, la población de esa zona tiene las alertas encendidas frente al crecimiento de la explotación carbonífera y su impacto ambiental y social. El gran desafío es si se podrá conciliar los intereses, a veces encontrados, del gobierno, las empresas y las comunidades.

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