Alto voltaje

Durante los Ultimos dos años los colombianos han padecido en carne propia las consecuencias de la voladura de 644 torres por parte de la guerrilla. Algunos han tenido que pasar noches enteras en tinieblas, otros han visto cómo sus trabajos se paralizan por falta de energía. En diferentes ocasiones han sido testigos del cierre del comercio antes de las 6 de la tarde y han visto cómo varias industrias deben parar su producción. Pero donde más sienten los colombianos la arremetida contra el sistema eléctrico nacional es en el recibo de la luz. Cada vez que una torre es derribada los costos se reflejan tarde o temprano en el cobro del servicio. Estas alzas, sin embargo, no obedecen a los costos de reparar las torres como muchos creen. Todo lo contrario. La reparación de las torres es asumida directamente por las empresas propietarias de las redes de transmisión tales como ISA, que en los dos últimos años lleva más de 40.000 millones de pesos invertidos en la reconstrucción de las mismas (la mayoría de éstas aseguradas). Lo que sí pagan los usuarios a través del recibo de energía es el mayor costo de producir electricidad cuando hay voladuras. Al no poder operar las plantas de generación eléctrica más económicas (por ejemplo, las hidráulicas) se hace necesario poner en marcha fuentes de energía mucho más costosas —como las térmicas— con el fin de atender la demanda de electricidad. Estos mayores costos de generación se conocen con el nombre de “restricciones” y deben ser pagados por las empresas comercializadoras de energía según lo establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Estas, a su vez, trasladan ese sobrecosto a las tarifas de los usuarios. Durante el año pasado los colombianos pagaron 295.000 millones de pesos de sobrecosto por la voladura de torres (ver gráfica). Esto es muchísimo más de lo que cuesta la reparación física de las torres. La polemica No obstante la gran mayoría de colombianos desconocen por completo esta manera de operar del sistema. Algunos confunden el costo de reparar las torres —asumido por las empresas distribuidoras de energía— con los sobrecostos que se generan cuando salen del sistema los generadores más eficientes y toca echar mano de los más caros. Entre ellos el alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, quien en su discurso de posesión afirmó que reponer las torres de energía había sido mucho más barato que el alza soportada por los usuarios por este concepto, e incluso acusó a las empresas de energía de lucrarse con los atentados terroristas. “La reconstrucción de las torres costó aproximadamente 25.000 millones de pesos. No sabemos para qué son los demás recursos que recogieron las empresas comercializadoras”. A su turno Carlos Lemos Simmonds, en su artículo ‘El atraco de las tarifas’ publicado en el diario El Tiempo el pasado 17 de octubre escribía: “La ocurrencia de algún avivato, de cobrarle a los consumidores los daños que ocasiona la guerrilla a las torres de energía, como si la culpa de que tal cosa suceda sea de los usuarios y no de un Estado incapaz de brindarles a las torres, y a los ciudadanos la debida protección”. Ahora bien, la realidad es que es imposible brindar protección a la totalidad de las torres dada la complejidad del sistema eléctrico colombiano —compuesto por más de 100.000 torres—, para cuya vigilancia se requeriría un pie de fuerza de más de 500.000 efectivos (más que todo el Ejército de Colombia). Sin embargo las repercusiones sociales y económicas que trae un racionamiento de energía son tan grandes que es preferible generar electricidad aunque sea con sobrecostos. De ahí que no sea tan errado el pago de las restricciones por parte de los usuarios porque el servicio más costoso es el que no se tiene. Justamente, debido a lo costoso que resulta generar energía cuando la infraestructura eléctrica está resquebrajada, Empresas Públicas de Medellín ha solicitado al Ministerio de Minas que el Estado sea el que asuma directamente los costos derivados de las voladuras. Para ello el gerente de la entidad, Iván Correa Calderón, propone que la Creg varíe la fórmula que afecta los cálculos de costos por efectos del orden público. No obstante la directora de la Creg, Carmenza Chahín, no sólo está en desacuerdo con la propuesta sino que asegura que además de inviable es populista: “No es lógico pensar que un Estado quebrado asuma los cientos de miles de millones de pesos que cuestan las restricciones como consecuencia de los atentados”. Lo cierto es que, si el gobierno decidiera cubrir dichos costos, debería realizar un recorte en la inversión social o aumentar los impuestos. Opciones que el país no parece muy dispuesto a soportar. Por fortuna la regulación del sector eléctrico colombiano es muy avanzada y el sistema está en buena medida blindado para que no sea fácil interrumpir el servicio de energía eléctrica. Pero, como siempre, los paganinis de las voladuras seguirán siendo los usuarios.