ALUMBRANDO EL CAMINO

Cada día es más claro que los países en vías de desarrollo, como Colombia, necesitan invertir en solucionar las apremiantes necesidades sociales de sus pueblos y, muy especialmente, en educación. Países que no inviertan en capital humano están condenados a continuar viviendo en condiciones de extrema pobreza y subdesarrollo. Sin embargo ello no es suficiente. Es necesario que simultáneamente con la inversión en capital humano haya altos niveles de inversión en infraestructura física de tal manera que la economía pueda ser competitiva y crecer a ritmos suficientemente elevados para absorber y, sobre todo, para remunerar adecuadamente altos volúmenes de mano de obra. La época en que la competitividad se basaba en la baja remuneración de la mano de obra ha pasado a la historia, por lo menos para países con el nivel de desarrollo relativo de Colombia. Cuando una economía disfruta simultáneamente de una mano de obra calificada y bien remunerada, de paz y justicia social y también de altos niveles de inversión en infraestructura, puede acceder y disfrutar de mayores mercados, lo cual, a su vez, le permite ocupar volúmenes cada vez mayores de mano de obra bien remunerada y de inversión, generándose un 'círculo virtuoso' que permite ir logrando, gradualmente, mayores niveles de desarrollo y de bienestar para la comunidad. Es claro, entonces, que la disyuntiva que se ha querido plantear en Colombia entre 'inversión social' e inversión en capital físico o infraestructura no debería existir. Se necesitan altos niveles de ambos tipos de inversión y también que se produzcan simultáneamente. ¿Cómo lograrlo? Creo que la evolución reciente del sector eléctrico da luces sobre la forma de hacerlo. Veamos: Durante varias décadas se consideró, correctamente, que había una gran correlación entre el ritmo de desarrollo del país y la disponibilidad de energía eléctrica en el mismo. Fue así como en la primera mitad de la década de los 80 se emprendió un acelerado programa de inversiones en generación y en interconexión eléctrica (9.000 millones de dólares de 1997 en menos de una década), financiado prácticamente en su totalidad por recursos del presupuesto nacional. A mediados de la década de los 80 la inversión en el sector eléctrico llegó a representar cerca del 40 por ciento del total de la inversión pública. Estos altísimos niveles de inversión desbordaron la capacidad fiscal del Estado y, adicionalmente, fueron insuficientes para atender el verdadero crecimiento de la demanda, desembocándose en el racionamiento de los años 9293 que tantos estragos causó a la economía colombiana. El panorama, entonces, era desolador: la inversión ya había sobrepasado la capacidad del Estado (a pesar de que éste, a costa de la inversión en otros sectores de la economía, había hecho gigantescas pero insuficientes inversiones en el sector) y, aún así, el país se enfrentaba a un racionamiento de grandes magnitudes. Es entonces cuando, después de tomar las medidas de emergencia y de corto plazo para enfrentar la crisis ocasionada por el racionamiento, se decide enfrentar el problema, buscándole soluciones estructurales de fondo: crear un mercado eléctrico que permitiera que las necesidades de inversión fueran financiadas por el sector privado y no por los recursos fiscales de la Nación que, además de ser insuficientes, podrían ser destinados a otros sectores, como el social. Esta nueva política empieza a desarrollarse a través de la expedición, en julio de 1994, de las leyes de servicios públicos domiciliarios y eléctrica (leyes 142 y 143 de 1994), que sentaron las bases que hicieron posible la inversión del sector privado en la prestación de servicios públicos, en general, y en el sector eléctrico, en particular. Después de expedidas las mencionadas leyes se emprendió el proceso de regulación del sector eléctrico. El objetivo primordial de la regulación fue el de crear un mercado altamente competido que permitiera al sector privado hacer las muy cuantiosas inversiones requeridas pero, al mismo tiempo, permitiera evitar, a través de la competencia en la medida de lo posible, los abusos que fueran en desmedro de los legítimos intereses de los usuarios finales del servicio. Una vez que la regulación tuvo un grado de madurez suficiente se inició un proceso encaminado a lograr inversión privada en el sector eléctrico. Fue así como en 1995 el gobierno nacional contrató estudios encaminados a establecer si un país de las características del nuestro podía atraer altos niveles de inversión privada en el sector eléctrico por parte de compañías que tuvieran la capacidad financiera y operacional de expandirlo a los ritmos requeridos. Se concluyó que ello no era posible en un ambiente en el cual la capacidad instalada estuviera mayoritariamente en manos del sector público. En efecto, se corría el riesgo de que éste actuara, al no tener la responsabilidad de producir un retorno adecuado sobre la inversión, motivado por criterios no económicos (políticos, seudosociales, etc.) y, al hacerlo, afectara los legítimos intereses del sector privado.Es así como en 1996 el gobierno nacional contrata a unos de los principales bancos de inversión del mundo y de Colombia para privatizar una parte de la capacidad instalada de generación eléctrica, especialmente la planta de Chivor y la Central Hidroeléctrica de Betania. El proceso de venta se desarrolla en medio de la incertidumbre propia de un clima de inversión con muchos atributos positivos pero también con muchos negativos, especialmente en el campo de la seguridad. Para fortuna del país el proceso fue muy exitoso y al final de 1996 se logró atraer inversión privada por un monto cercano a los 1.200 millones de dólares y transferir la propiedad de importantes activos del sector eléctrico al sector privado. Además los precios fueron superiores a los que se habían pagado en otros países por activos similares a los aquí vendidos. Este proceso de venta abrió la puerta a otros igualmente exitosos, los cuales han atraído inversiones por una suma total cercana a los 4.000 millones de dólares en menos de 12 meses. Pero, por encima de todo, se logró el objetivo principal: que la expansión del sector eléctrico se lleve a cabo con recursos privados y no con los del maltrecho e insuficiente presupuesto nacional. Es así como en la actualidad, sólo 18 meses después de efectuada la primera inversión privada significativa en el sector eléctrico, cerca del 50 por ciento de la capacidad instalada de generación del país y cerca del 30 por ciento de la distribución de energía eléctrica se encuentra en manos privadas. En la actualidad se llevan a cabo procesos de inversión del capital privado en otras actividades del sector, especialmente en distribución, campo que se ha convertido en una vena rota del presupuesto nacional y en un dolor de cabeza para los colombianos, quienes sufren el pésimo servicio que prestan compañías dominadas, en muchos casos, por la corrupción y la politiquería. Con ello y con algunas otras operaciones en las actividades de generación y de transmisión de energía eléctrica se habrá culminado un exitoso proceso de reorganización sectorial.A pesar de ser muy reciente, ya el país puede disfrutar de los beneficios de la reorganización del sector: pudo sortear con éxito el 'fenómeno de El Niño' sin soportar racionamientos de energía eléctrica; el sector privado ya ha acometido la construcción de varias nuevas centrales de generación, las cuales permiten mirar con optimismo el futuro del sector, y, lo más importante, el país no tiene que seguir dedicando una buena parte de sus escasos recursos fiscales a atender la expansión del sector eléctrico. Yo me pregunto: ¿cuál sería la situación macroeconómica del país si éste, aquejado como está por un gigantesco déficit fiscal, además tuviera que seguir invirtiendo una muy buena parte de sus recursos fiscales en el sector eléctrico? ¿Si durante la década de los 80 la inversión en el sector eléctrico se hubiera efectuado con capital privado, de tal manera que hubiera permitido destinar mayores recursos del presupuesto nacional a campos como el de la justicia, la educación y la seguridad, estaríamos ahora enfrentados a problemas tan grandes en estos campos? La exitosa experiencia vivida por el país en la reorganización del sector eléctrico demuestra que es posible lograr, en forma simultánea, altos niveles de inversión tanto en infraestructura física como en inversión social. Es necesario, entonces, que los colombianos apoyemos decididamente los procesos de privatización y de apertura al sector privado de actividades tradicionalmente dominadas por el sector público para liberar recursos fiscales que permitan emprender agresivos programas de inversión en el sector social y, particularmente, en educación. No es tarea fácil porque se amenazan fortines políticos y sindicales que están atentando contra el bienestar de los colombianos. Sin embargo el país ha demostrado tener capacidad de asumir con entereza y valentía este tipo de retos. Dejemos de perder tiempo precioso y encaminemos los esfuerzos nacionales a profundizar la inversión del sector privado en infraestructura y a hacer más eficiente la inversión del sector público en capital humano en lugar de dedicarnos a discutir cuál de las dos es más importante.