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| 11/6/2000 12:00:00 AM

Arde el gas

El proyecto de ley que propone liberar los precios del gas ha generado una intensa polémica. ¿Qué hay detrás de esta propuesta?

Hace unas semanas los titulares de los periódicos dieron la voz de alarma. Los precios del gas y de la electricidad podrían subir en el futuro próximo si se aprueba un proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso. Este anuncio generó un fuerte debate público. La discusión, que aún no termina, ha puesto de presente una diferencia de criterios entre el gobierno y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Y el desenlace de esta historia podría afectar a las empresas y hogares colombianos al momento de pagar sus cuentas de gas y de electricidad.

El asunto comenzó hace unos meses cuando el senador Carlos Ardila Ballesteros radicó un proyecto de ley en el Congreso para prohibir la exportación de gas colombiano. No obstante, con el correr de los meses, el proyecto dio un giro de 180 grados. De ser una iniciativa para prohibir las exportaciones se pasó a promoverlas. El artífice de este cambio, el senador Salomón Nader, lo justificó al argumentar que “la exportación de gas aumenta la probabilidad de encontrar nuevos yacimientos” y decidió incluir un artículo para liberar los precios internos a partir del año 2003. Posteriormente, cuando el proyecto ya se encontraba en la Cámara, sufrió nuevos cambios. El más controvertido: quitarle a la Creg su función de regular la producción de gas, tal como lo había establecido la ley 142 de 1994 —o ley de servicios públicos—.

La propuesta generó una polémica en la que han terciado representantes del gobierno, los expertos de la Creg y los grandes usuarios del gas. El ministro de Minas, Carlos Caballero, defiende el proyecto asegurando que es necesario liberar los precios para que las empresas tengan incentivos para explorar los pozos gasíferos, pues de lo contrario el país podría tener problemas de abastecimiento en el mediano plazo. A su turno Carmenza Chahín, directora de la Creg, manifiesta que el problema no es de abastecimiento y que además la inciativa “busca favorecer los intereses de Ecopetrol y sus asociados (Texas y British Petroleum —BP—)”.



El meollo

Lo que muchos se preguntan es por qué un proyecto diseñado para exportar gas se fundamenta en la liberación de su precio interno. Al fin y al cabo el precio del gas con destino a exportaciones ya es libre, al igual que el de los nuevos pozos. Los defensores de la iniciativa parlamentaria — Ecopetrol y el Ministerio de Minas— manifiestan que no es posible desarrollar la política de exportación (necesaria para incentivar la exploración de nuevos yacimientos) si no se liberan los precios internos. Afirman que aun si los pozos nuevos tienen precio libre tendrían que competir con los ya existentes, que tienen un precio regulado. En cambio los detractores —como la Creg y los consumidores de gas— cuestionan este razonamiento y en forma enfática afirman que para exportar gas no se necesita liberar el precio interno. “Esto lo único que haría sería generar un sobrecosto a los usuarios”, afirman los expertos de la Creg.

Más allá de esto, los opositores de la liberación argumentan que se estaría desconociendo un principio económico según el cual la libertad de precios sólo opera en mercados competitivos y no en los que existen monopolios. Teniendo en cuenta que Ecopetrol concentra en la actualidad el 60 por ciento del mercado, esta tesis podría ser válida. De acuerdo con la ley de servicios públicos, quien posea una participación superior al 25 por ciento del mercado tiene una posición dominante (ver gráfica). Además, según cálculos de la misma empresa estatal, para el año 2004, con la reversión de la concesión de los pozos de La Guajira por parte de la Texas, Ecopetrol controlará el 85 por ciento del mercado nacional de gas natural.

Para el gobierno, es sin embargo más importante pensar en el largo plazo y evitar un racionamiento en el futuro. En la actualidad la mayoría del gas proviene de la Costa Atlántica y se transporta por gasoducto hasta el interior. Este tubo tiene una capacidad limitada. Si dentro de unos años hay una sequía muy fuerte las termoeléctricas del interior del país no tendrían suficiente gas para operar y el país se vería abocado a un nuevo racionamiento. Y si bien la probabilidad de que esto ocurra es muy baja, Carlos Caballero afirma que el costo para el país sería muy alto y no quisiera ser recordado en el futuro como el ministro que lo causó. No obstante estos cálculos han sido refutados por los generadores de energía, que afirman que aun si la economía creciera a un 5 por ciento anual durante los próximos 10 años no habría problema.

En medio de esta discusión técnica los parlamentarios agregaron dos puntos adicionales al proyecto. Uno de ellos faculta a la Creg para fijar la tarifa a los usuarios residenciales con el fin de protegerlos ante las eventuales alzas en los precios del gas. Sin embargo los consumidores de todas maneras se verían afectados ya que las termoeléctricas que usan gas trasladarían este sobrecosto a las tarifas de la electricidad.



Intereses encontrados

Todo indica que, además de diferencias de criterio, en esta discusión hay intereses en juego que involucran a los actuales productores de gas: Ecopetrol, Texas y British Petroleum. Resulta que las reservas de gas del país no sólo están en La Guajira. En Cusiana, además de petróleo, hay enormes cantidades de gas. Pero la BP y Ecopetrol, que operan ese pozo, prefieren sacar el petróleo porque tiene un mejor precio. De hecho, en la actualidad están inyectando el gas para sacar el crudo.

Pero si el precio del gas fuera superior al actual, afirman los funcionarios del gobierno y los inversionistas, sería rentable sacar el gas de Cusiana para abastecer el mercado nacional. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el país ya está abastecido en un 80 por ciento por el gas que extrae la Texas de La Guajira, ¿qué pasará con el gas sobrante? Sin duda alguna habría que encontrarle mercado al gas de La Guajira. ¿Dónde? Aunque se ha hablado de Panamá el mercado más probable en el corto plazo es Venezuela. Según un despacho de la agencia EFE desde Caracas, el ministro de Energía de Venezuela, Alí Rodríguez, manifestó que Colombia y su país estudian la posibilidad para llevar gas a Venezuela para atender el déficit que existe en el estado de Zulia, lugar donde se están agotando las reservas del recurso. Y aunque Venezuela tiene enormes reservas en el oriente, desde hace más de seis años el proyecto de construcción del oleoducto oriente-occidente está parado por problemas de viabilidad económica.

Así las cosas, la BP sólo se motivaría a extraer el gas de Cusiana si lo puede vender a un precio similar al que recibirá la Texas con las exportaciones de gas.



Las consecuencias

Pero, ¿qué pasa si se aprueba el proyecto de ley en esas condiciones? Según cálculos de Empresas Públicas de Medellín, las tarifas del servicio de energía eléctrica subirían cerca de un 30 por ciento por efecto de los mayores costos del gas para la generación de electricidad. Igualmente, la industria nacional tendría un aumento en sus costos de producción. En un comunicado la Andi advirtió que “la industria podría sufrir una significativa pérdida de competitividad ante el eventual aumento de los precios del gas”.

El programa de masificación de gas también se podría ver frenado, afirman los críticos de la liberación, ya que las empresas que prestan este servicio no podrán trasladar a los usuarios residenciales los aumentos en el precio del gas. Añaden que se perdería todo incentivo para seguir conectando nuevos usuarios y se podría afectar el programa de gas natural vehicular.

Pero con toda esta discusión no sólo están en juego el futuro del precio del gas y sus consecuencias para la economía. También la inversión extranjera en el sector energético se podría ver afectada por un cambio en las reglas de juego. Según Francisco Ochoa, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), “este hecho tendría repercusiones en la inversión privada en el sector eléctrico y de la distribución de gas”. Añade que si lo que se busca es “crear condiciones que hagan viable la comercialización del gas de Cusiana, lo más conveniente sería abordar el estudio de este tema en forma directa, sin necesidad de desvertebrar el esquema regulatorio existente”. Por su parte el Ministro afirma que está dispuesto a “buscar soluciones que dejen tranquilos a productores y consumidores”.

Todo indica, no obstante, que la conciliación de las posiciones no será nada fácil. En todo caso la discusión entre Ecopetrol y los reguladores ha puesto en evidencia las contradicciones internas que tienen las instituciones del sector energético.
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