Arrancó el debate

Explosiva, inaplazable, inminente y crítica. Estos fueron algunos de los adjetivos empleados por los ponentes a la hora de calificar la situación del sistema pensional en el foro nacional realizado por SEMANA y la Cámara de Comercio de Medellín el miércoles pasado. Todos los puntos de vista sobre el tema estuvieron representados. Pero al final del día en lo único en que estuvieron de acuerdo los expositores es en que hay que hacer una reforma lo antes posible. La controversia está en cómo se reforma, quiénes toman la decisión y cuándo lo van a hacer.

El país ya conoce el diagnóstico: el hueco pensional equivale al 200 por ciento del PIB, la cobertura es limitada y las reservas para los pensionados afiliados al ISS sólo alcanzan para pocos años. Cuando se acaben estas reservas las mesadas se deberán pagar con cargo al presupuesto nacional. En otras palabras, si no se paga ahora con una reforma pensional el hueco se pagará con reformas tributarias en el futuro.

¿Por dónde se empieza a solucionar el problema? Unos opinan que hay que ampliar la cobertura y los beneficios de los afiliados al sistema. Pero, como advirtieron otros expositores, para lograr esto hay que solucionar antes que nada el problema financiero. Es claro que sin recursos es imposible mejorar la cobertura y las condiciones de vida de quienes hoy viven el síndrome del pánico pensional.

Lo importante en el debate que sigue es saber a qué estratos debe afectar la reforma y si se aplicará para todos o sólo para los nuevos afiliados. Es lógico que a nadie le gusta tener que dar más de lo que ya tiene asegurado. Pero cuando la seguridad social de un país se encuentra frente a una situación como la colombiana, las reformas deben tocar a los que ganan más para aumentar los beneficios generales a largo plazo. “La Ley 100 fue hecha para los de ruana, para los que ganan uno y dos salarios mínimos”, afirmó durante el evento el ministro de Trabajo, Angelino Garzón. Ahora hay que tocar las pensiones altas.

El pacto político y social promovido por los ministerios de Hacienda y de Trabajo avaló una reforma que se basa en cinco grandes puntos. Aumentar en cinco años la edad de jubilación y el número de semanas de cotización a 1.300, incrementar en un punto porcentual los aportes de cotización, disminuir el ingreso de pensión del 65 por ciento del promedio de 10 años al 50 por ciento del promedio de toda la vida y acabar con los regímenes de excepción. Claramente aumenta las obligaciones y disminuye los derechos. Pero resulta necesario para hacer viable el sistema.

A pesar de lo logrado falta definir el punto de corte para la aplicación de la reforma. Por un lado el ministro Garzón propone que se respeten los derechos adquiridos por quienes están ya vinculados al régimen de pensiones y, por el otro, el Ministerio de Hacienda asegura que esto no es suficiente. Lo que se necesitaría es un corte más alto que obligue a los cotizantes actuales a pensionarse más tarde para que el sistema se recupere.

A un gran problema le surgen grandes propuestas. Esto se comprobó en el foro de Medellín. Pero, en definitiva, quedó claro que el consenso entre las partes es la base para aprobar en el Congreso una propuesta de reforma que logre construir soluciones de largo plazo gracias a una política de Estado y no de gobierno. Para esto sindicalistas, gobierno y fondos privados tienen que ceder beneficios y asumir nuevas obligaciones. No hay más remedio.