Así es la receta para formalizar 500 mil empleos

El Gobierno quiere que el Congreso tramite una ley con la que busca formalizar 500.000 empleos y crear 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo. Según el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, la idea es que la tasa de desocupación llegue al 8 por ciento en el 2014.

Las estadísticas dicen que de cada cien empleados, 50 son informales. Es decir, no tienen un contrato laboral ni un empleador que los apoye en sus aportes a salud y pensiones, no ahorran cesantías ni representan aportes parafiscales. De acuerdo con el profesor Ricardo Bonilla, de la Universidad Nacional, muchos de esos informales trabajan por medio de cooperativas de trabajo asociado que operan como intermediarias laborales o por contratos de prestación de servicios, que los obligan a pasar cuentas de cobro sin que el monto que se les paga reconozca sus derechos laborales.

Esa condición se traduce en precarias condiciones para los trabajadores y en problemas financieros para el sistema de seguridad social. Pero hay empresarios que prefieren esta opción porque tener trabajadores vinculados formalmente les cuesta mucho. “La gente prefiere tener una pequeña empresa en la informalidad a pagar los costos de volverse formal”, dice Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

En esas condiciones, “una ley de formalización es lo que se necesita con urgencia porque eso catapultaría todo el sistema de recaudo y ayudaría a eliminar los contratos basura y la precariedad laboral”, comenta Julio Roberto Gómez, de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según Villegas, las empresas que más empleo informal generan son las pequeñas. “A las medianas y las grandes no les cuesta la formalidad. Tienen ya unas dinámicas y unos tamaños suficientes para pagar todas las obligaciones”.

Pero Bonilla le dijo a Semana.com que si bien las pequeñas empresas son las que más empleo generan en el país, y donde se concentra buena parte del empleo informal, la proporción de trabajadores en condiciones precarias también es alta en las medianas y las grandes empresas. “Ellas son las que usan outsourcing. Las pymes no tienen capacidad de crear una cooperativa de trabajo asociado y si acaso, usarán las cooperativas que crearon otros”, explica.

Por ejemplo, una gran empresa puede tener fácilmente3.000 empleados vinculados por medio de una cooperativa (que a veces es creada por la misma compañía) o por prestación de servicios, mientras que una pyme puede tener en esas condiciones a unos pocos trabajadores.

Sin embargo, el proyecto que acordaron el Gobierno y los empresarios se enfoca en reducir la informalidad en las empresas que tienen máximo 50 trabajadores. 

La fórmula que presenta el Gobierno tiene tres pasos. Primero, las medianas y las grandes empresas aceptan que se les desmonten exenciones de impuestos que representan 3,5 billones de pesos. Mientras tanto, las pymes deben empezar a formalizar sus contrataciones y el Gobierno les ayudará económicamente durante varios años con el dinero que empezarán a aportar las grandes empresas. Y tercero, habrá beneficios para quienes contraten a jóvenes menores de 25 años.

Los 3,5 billones de pesos

Los empresarios del país cuentan con varios beneficios tributarios. Bonilla asegura que esas exenciones significaron que el año pasado se dejara de recaudar seis billones de pesos.

Esos beneficios se dividen en dos. Los primeros se reflejan en unas 50 zonas francas, aprovechadas en su mayoría por grandes empresas, y en pactos de estabilidad jurídica que hizo el gobierno pasado para garantizarles a los empresarios que dentro de los próximos 15 años no se incrementen los impuestos que tienen que pagar. “Estos beneficios son muy difíciles de desmontar”, explica Bonilla.

Los segundos son reducciones de impuestos que se hicieron para que las empresas aprovecharan los bajos precios del dólar para invertir en tecnología y maquinaria para modernizarse. Estos son los beneficios que se desmontaron y que se reflejarán en el recaudo de los 3,5 billones de pesos. “O sea, el que aprovechó y mejoró su tecnología logró sacarles buen provecho a estas exenciones”, comenta Bonilla.

Es decir, así les desmonten esos beneficios, las grandes empresas seguirán teniendo exenciones tributarias que les permiten ahorrarse cada año casi tres billones de pesos. Aunque ya los empresarios dieron el visto bueno, se necesita una ley que haga la reforma.

Ayuda a las pequeñas

Como la idea es que las pequeñas empresas formalicen el empleo que generan, sus costos se van a incrementar. Tendrán que pagarles a sus trabajadores los aportes a seguridad social y hacer los respectivos aportes a los parafiscales.

Pero esto no será de tajo, sino que el Gobierno planea hacerlo gradualmente, según lo explica el ministro Santamaría. La ley plantea que en el primer año después de la creación de una pequeña empresa, la totalidad de los costos de esa formalización será descontada de los impuestos que tiene que pagar. En el segundo o en el tercer año se descontará el 50 por ciento. Y después del cuarto año, las empresas tendrán que asumir todos los costos laborales.

Julio Roberto Gómez, de la CGT, cree que esa formalización del empleo se debe traducir en vinculaciones laborales para obreros de la construcción, para conductores de buses y de taxis y para campesinos jornaleros que recogen cosechas. Si llega a ser así, “la nueva ley permitiría que los aportes a seguridad social en riesgos profesionales y parafiscales generen un país distintito. Creo que en ese sentido, el Gobierno está apuntando bien”, comenta.

Trabajo para jóvenes

Por último, el Gobierno acogió la propuesta del Partido Liberal de crear una ley para el primer empleo. Los jóvenes encuentran un problema para ingresar al mercado laboral: los tildan de no tener experiencia y, sin tener oportunidades de acceder a un empleo, nunca la van a tener. Es un círculo vicioso.

Entonces lo que busca la nueva ley es incentivar a las empresas para que contraten a menores de 25 años y, a cambio, recibirán incentivos tributarios. Es decir, si una empresa crea un puesto de trabajo y lo ocupa con un joven, puede descontar de sus rentas los costos de la seguridad social y de los parafiscales que generó aquella contratación.

¿Generará empleo?

El profesor Bonilla ve con reservas la generación de empleo que se pueda generar con esta ley. “Hay que diferencia que una cosa es formalizar el empleo, y otra, generarlo. Esos son dos retos diferentes que tiene el Gobierno. Pasar de la informalidad a la formalidad no significa que se vayan a generar nuevos puestos de trabajo”, dice.

O sea, si con esta norma se ve con claridad una posible solución para disminuir la informalidad, hay que tener otras estrategias claras para disminuir el desempleo, que ronda el 12 por ciento desde hace varios meses.

El sindicalista Gómez, de la CGT, también tiene sus reservas sobre el empleo que pueda generar esta norma. “Las exenciones no resuelven el problema de la generación de empleo. En eso sí hay que tener cuidado porque se puede estar dando un salto al vacío. Si se abre una unidad productiva, no hay que quitarle obligaciones, sino ayudarla con créditos blandos o tasas diferenciales, pero no quitándoles obligaciones porque se podría desviar la intención y terminar enriqueciendo a los empresarios sin generar nuevos puestos”, opina. Y ya hay un antecedente, el de la última reforma laboral.