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El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, aseguró que se están contratando vías sin diseños ni estudios. La CCI advirtió que los Corredores de Competitividad, un proyecto que vale más de dos billones de pesos, también adolece de estos problemas

INFRAESTRUCTURA

Atrapados sin salida

Dos carreteras recién estrenadas en Antioquia ya son un desastre, y la situación se da por todo el país. Ahora el debate se centra en la calidad de la ingeniería nacional.

31 de enero de 2009

En materia de carreteras, la experiencia para el país es amarga. Año tras año, las noticias siempre son las mismas: derrumbes, taponamientos, caídas de calzadas y cierres de puentes por todas partes del país; el tema vial se convirtió en el karma para los colombianos.

Y el mal parece sobrediagnosticado. La falta de visión significó un atraso de 50 años que apenas se empieza a superar. El síndrome Commsa dejó claro que los concesionarios a veces están interesados en tener más abogados que buenos ingenieros, pues el objetivo es encontrar un atajo a los contratos. Además, la politiquería ha hecho que las obras viales se diseñen con criterio electorero y no pensando en el bienestar de las poblaciones.

Ahora ha surgido un nuevo frente de debate: ¿es mala la ingeniería colombiana? ¿No sabe hacer carreteras? El gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, acosado por los continuos derrumbes en la vía de las Palmas -que comunica Medellín con el oriente- y en la vía de occidente, donde queda el famoso túnel hacia Santa Fe de Antioquia, puso en el pabellón de los acusados a los ingenieros nacionales. Según él, les quedó grande hacer una buena vía y por eso, a menos de un año de inaugurada, ya está cerrada por los más de 50 derrumbes que tiene en su trayecto. Por su parte, la vía de Occidente tiene derrumbes antes y después del túnel y apenas lleva tres años en funcionamiento; en este caso es necesario invertir más de 70.000 millones de pesos en reparaciones. Para Ramos, es claro que los responsables son los ingenieros que construyeron estas obras. "Si no son ellos, ¿entonces quién?", dijo en entrevista con SEMANA.

Obviamente, el gremio respondió con una piedra en la mano y acusó al Estado de no hacer bien la tarea, pues los diseños y los presupuestos con los que se planean las vías en Colombia son "michicatos".

Lo único cierto es que en medio de todo están los usuarios que pagan, a veces hasta con su propia vida o su integridad, el desgreño en materia vial. Tanto el Estado como los ingenieros son responsables de lo que está ocurriendo no sólo en Antioquia, sino en vías muy importantes del país: la situación es común y recurrente en las carreteras Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Manizales y Bogotá-Medellín estuvieron cerradas por los continuos derrumbes.

Pero el caso de la vía de las Palmas ilustra muy bien la problemática. Según el director de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), seccional Antioquia, José Fernando Villegas, el concesionario le advirtió a la gobernación desde el comienzo del proceso sobre los riesgos del diseño previsto para esa obra. El concesionario fue más allá y propuso construir un túnel, para evitar los inconvenientes. Sin embargo, la gobernación decidió seguir adelante con los trabajos. Así que para los ingenieros, la responsabilidad es de las propias autoridades, que definen de muy mala forma las obras clave del país.

¿Y por qué el afán de los políticos? Porque la infraestructura siempre ha sido un tema electoral. Porque inaugurar obras resulta efectivo en las urnas. El negocio es bueno para los políticos: ganan votos sin costo político alguno.

Es claro que a la ingeniería también le cabe su cuota de culpa. El director de la CCI en Antioquia señala que es mentira que los ingenieros colombianos no puedan construir grandes obras. "¿Quién hizo el acceso al norte de Bogotá? ¿Quién participó en Porce II? ¿Quién construyó el túnel piloto de La Línea? ¿Quién construyó el túnel de Buenavista en la vía al Llano? La ingeniería nacional. Es completamente falso que los ingenieros colombianos no puedan hacer grandes obras", dice Villegas.

Pero este también es el principal argumento en contra de la ingeniería: si pueden construir buenas obras, no se explica por qué no las construyen todas así. Justamente, porque aceptan las reglas del juego que les ponen sobre la mesa y se les miden a proyectos sin diseños ni estudios avanzados: forman parte del 'régimen'. Si los presupuestos que definen alcaldes, gobernadores y ministros son insuficientes, los ingenieros son los encargados de ejecutarlos. En medio del desastre, las firmas están haciendo un gran negocio: en sus manos están las concesiones que mueven millones de pesos a diario y multimillonarios contratos con el Estado para construir infraestructura.

Hay un típico círculo vicioso: los políticos, al inaugurar obras, ganan votos, y todo sin costo alguno para ellos. Hasta el momento ningún gobernador, alcalde o ministro se ha caído por el desgreño en la política vial del país. Y los ingenieros siguen haciendo negocios rentables porque están en un país que permanece en obra gris. Es un sistema nefasto que premia las ineficiencias, castiga a los usuarios de las vías y por esas razones debe ser erradicado.

La discusión es fundamental en este momento, pues el país está estructurando y avanzando en grandes proyectos y ni las autoridades ni la ingeniería pueden seguir operando de esa forma.

En la lista de espera de inmensas obras de infraestructura están la Ruta del Sol, que vale seis billones de pesos; los corredores complementarios de competitividad, que valen 2,5 billones de pesos, y la Autopista de las Américas, por nueve billones de pesos; esos son sólo unos ejemplos.

El país no puede darse el lujo de seguir aplicando los mismos criterios que llevaron al colapso de la Vía de las Palmas para definir estas grandes obras.

Y las señales en el camino son preocupantes. El presidente nacional de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, advirtió esta semana que los Corredores de Competitividad -negocio que vale 2,5 billones de pesos- no cuentan con los estudios requeridos. En una carta enviada al ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y al director del Invías, Daniel García, el dirigente gremial asegura que "la información técnica, es decir, los estudios y los diseños previos asociados a cada uno de los corredores, es insuficiente y fragmentaria y no se puede considerar de referencia para asumir los riesgos y las responsabilidades en el proceso de preparación de sus propuestas". Según Caicedo, el país corre el riesgo de repetir la experiencia de la Avenida de las Palmas.

El director del Invías respondió que los nuevos proyectos tienen información y estudios, aunque reconoció que no cuentan con diseños definitivos. Señaló que eso no es un problema, pues la información disponible es suficiente para presentar propuestas aceptables.

Sin embargo, se corre el riesgo de entrar nuevamente al círculo vicioso. Si esos proyectos fracasan en el futuro, los ingenieros dirán que ellos lo advirtieron y ningún político responderá por el fracaso.

Nunca como antes es urgente cambiar el statu quo. Las instituciones públicas encargadas de la infraestructura deben empezar a prever eficientemente las obras que se van a adjudicar. Los ingenieros, por su parte, deben asumir una actitud más crítica frente a los problemas de diseño que presentan estas grandes obras. La ingeniería nacional es competente, pero se mueve de manera cómoda en un negocio al que le está sacando grandes dividendos, a pesar de los permanentes líos; así que en este debate no puede pasar de agache.

Es necesario cambiar el rumbo en la definición de las grandes obras de infraestructura.