Aún hay plazo para negociar el mínimo

Los representantes de las centrales obreras del país insisten en que están dispuestos a sentarse de nuevo a negociar con los empresarios el incremento del salario mínimo para 2009.

El plazo para concertar no se ha agotado. La Ley 278 de 1996, que crea la Comisión de Concertación Salarial, establece que, para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar el 15 de diciembre.

Pero si no hay concertación, dice aquella ley, las partes que estén en desacuerdo tienen la obligación de explicar por escrito sus razones dentro de las 48 horas siguientes a la última reunión. En este caso, el último encuentro se hizo el pasado lunes hasta el medio día, por lo que empresarios y sindicalistas debieron radicar este miércoles sus respectivas explicaciones en el Ministerio de la Protección Social.

Luego, cada parte debe estudiar las posiciones de la otra y fijar una posición en las 48 horas siguientes. “De nuevo, la Comisión deberá reunirse para buscar el consenso según los elementos de juicio que se hubieren allegado antes del treinta (30) de diciembre”, dice la norma.

Eso quiere decir que “ahora le corresponde al gobierno decidir si convoca a una nueva reunión o si se pasa por la galleta el proceso de concertación y procede a fijarlo por decreto. Pero hay que pedirle que deje el afán, que de todas maneras hay plazo hasta el 30 de diciembre, según lo ha determinado la ley”, comenta Julio Roberto Gómez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En últimas, si se hiciera esa nueva reunión y no se lograra el consenso respecto de la fijación del mínimo, lo determinará el gobierno teniendo en cuenta la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, la productividad, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la inflación real del año que culmina.

La Corte Constitucional dijo que, además de esos parámetros, el mínimo debe permitirle a quien lo devenga “el acceso a los bienes y servicios básicos” y debe reflejar la función social de las empresas.

Entre la Comisión de Concertación Salarial está Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi). Según ha dicho, la propuesta de los empresarios para el incremento del salario es del 7 por ciento. “Es un planteamiento sensato”, opina, y por eso, el lunes los empresarios decidieron plantarse en esa cifra, suspender la discusión y levantarse de la mesa de negociación al medio día.

La sensatez que evoca Villegas se basa en que ante la crisis económica que viene creciendo en el mundo, los empresarios decidieron no subir mucho los salarios para no tener que despedir gente más adelante.

“Hay que defender el empleo el año entrante porque las amenazas internacionales de tener que destruir empleos formales son muy grandes. En la medida en que los salarios suban de manera excesiva, esa amenaza crece y se destruyen empleos”, explica el empresario.

Para él, subir el mínimo en un 7 por ciento es apropiado porque el Banco de la República tiene como meta para 2009 una inflación del 5 por ciento. En resumidas cuentas, para los empresarios el mínimo justo para el año entrante es de 493.805 pesos.

Los sindicalistas ven que dicho monto no es constitucional. Argumentan que, primero, el incremento no cumple con el requisito de que debe hacerse también con base en la inflación real del año que culmina. Es decir, con base en la que se registrará hasta el 31 de diciembre de 2008, que, para los más conservadores, será del 7,5 por ciento, pero el Banco de la República ya la calcula en 7,7.

Segundo, los estudios económicos hechos por los sindicalistas dicen que la canasta familiar cuesta 972.000 pesos. “O sea que con el mínimo de hoy, que es de 461.500 pesos, los hogares tienen cada mes un déficit de 510 mil pesos”, opina Gómez, de la CGT.

El mínimo de ahora, dice Gómez, serviría para un hogar si lo normal fuera que trabajaran dos o tres personas. Pero “ese no es el caso de hoy, por cuanto que la inmensa mayoría de la gente está en la economía del rebusque y consecuencialmente en muchos casos ni siquiera se accede al salario mínimo legal”.

Sin embargo, la propuesta de las centrales obreras para el incremento del mínimo el año entrante es, por ahora, del 12,5 por ciento, que significaría un salario de casi 520 mil pesos. Y están dispuestos a reducir ese porcentaje en una nueva conversación con los empresarios y el gobierno.

Pero los sindicalistas insisten en que el mínimo de hoy no le permite a quien lo devenga satisfacer sus necesidades básicas, como lo ordena la ley. Entonces, proponen que el incremento se haga gradualmente por encima de la inflación hasta alcanzar en años futuros un monto que cubra, al menos, el costo de la canasta familiar.

Respecto a la visión de Villegas sobre la reducción del empleo si hay salarios más altos, los sindicalistas tienen una concepción totalmente opuesta. “¿Cómo garantizar que la gente trabajadora pueda consumir la producción interna si no tienen un salario que se lo permita?”, cuestiona Tarsicio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Y explica que mientras la gente tenga dinero suficiente, podrá comprar, aumentará su poder adquisitivo y dinamizará la economía interna. “El señor Villegas dijo que le preocupa que se ha presentado una baja en las ventas. Yo creo que eso va a seguir sucediendo si la actitud es mantener su posición sobre el mínimo”, comenta Mora.

Sobre la crisis económica, el sindicalista comentó que “tenemos un problema. En época de bonanza, no tenemos acceso a salarios justos. Y en época de crisis, pues peor”.

Todo lo que dicen los empresarios y los sindicalistas amerita una discusión. Y debe ser de fondo y seria, pues una mala decisión podría afectar seriamente la economía, más aún en momentos difíciles como los que se aproximan.