Azucareros bajo la lupa

Una investigación que se inició hace tres años contra los gremios del sector azucarero y los principales ingenios del país entró en su recta final. El viernes pasado la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia recomendó sancionar a los implicados por poner en marcha una estrategia para limitar la competencia, que se tradujo en incrementos en los precios del azúcar, que afectaron a los consumidores colombianos.

La investigación por prácticas comerciales restrictivas es de una gran trascendencia porque incluye a 12 ingenios, a Asocaña, a dos empresas del sector y a 16 altos funcionarios y exfuncionarios entre los que se encuentran los grandes empresarios de la industria azucarera. Este es uno de los sectores con gran peso en la economía colombiana y en el Valle. En este departamento representa el 17 % del PIB y genera alrededor de 190.000 empleos.

Entre los investigados están Juan José Lülle, presidente de Incauca; Adolfo León Vélez y Rodrigo Belalcázar, de Manuelita; Alfonso Ocampo y Harold Antonio Cerón, de Riopaila Castilla; Mauricio Iragorri, gerente de Mayagüez; Andrés Rebolledo, gerente de Pichichí; Carlos Alberto Martínez, gerente de San Carlos; César Augusto Arango, gerente de Risaralda; Gonzalo Ortiz, gerente de Providencia; Juan Cristóbal Romero, gerente de la Cabaña; Jaime Vargas, gerente de Carmelita, y Wilder Quintero, presidente de María Luisa.

Así mismo está el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño; el presidente de Ciamsa, Clemente Carlos Mira, y Santiago Salcedo, gerente de Central Tumaco (en liquidación).

Según el informe motivado, presentado por la delegada al superintendente Pablo Felipe Robledo, “los ingenios y sus gremios montaron desde 1999 un esquema para limitar la competencia, aumentar los precios del azúcar y restringir su oferta en el mercado nacional. Estos hechos incrementaron sus ingresos y utilidades en perjuicio de las empresas que demandan azúcar y de millones de consumidores”.

Adicionalmente, dice el informe, “usaron mecanismos de política pública tales como el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa) para realizar conductas por fuera del uso de ese instrumento”. También asegura que las empresas compartieron información sensible (precios, exportaciones, cuotas de producción, clientes, etcétera) y diseñaron estrategias encaminadas a limitar las importaciones de azúcar de otros países y evitar que disminuyera el precio interno.

Sobre este último tema, según la SIC, a través de Dicsa y Ciamsa, por orden de su junta directiva conformada por los representantes de los ingenios, habrían creado una estrategia para restringir las importaciones de origen boliviano o generar su encarecimiento a través de barreras de ingreso en el puerto de Buenaventura. Además, señala la SIC, un ingenio costarricense con el que una compañía colombiana negoció importar azúcar solicitó una autorización de Asocaña para hacer efectiva la operación. Según el informe “esto resulta anticompetitivo en la medida que a esta asociación no se le ha atribuido ninguna facultad legal para autorizar o no operaciones de importación de azúcar a Colombia”.

El origen de las investigaciones

La investigación se inició por denuncias ante la SIC y ante el Ministerio de Industria y Comercio relacionadas con cuotas de producción, distribución del mercado del azúcar, estabilidad del precio y el reducido margen de negociación de los industriales. Una de las denuncias recibidas fue la de 130 fábricas productoras de bocadillo veleño, de Vélez (Santander) que se quejaban del incremento del 45 % en los precios del bulto de azúcar.

Además, directivos de empresas como Coca-Cola Femsa, Bavaria, Nestlé de Colombia, Bimbo, Nacional de Chocolates, Meals de Colombia y Casa Luker, entre otros, solicitaron investigar si se estaban llevando a cabo prácticas restrictivas a través del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), creado en 2000. Argumentaban que no existía razón que explicara el constante incremento en los precios internos del producto pues mientras la inflación aumentó 3,7 % en Colombia entre septiembre de 2008 y enero de 2010, el precio del azúcar se incrementó en el mismo periodo 51,4 %.

Teniendo en cuenta estas quejas, la SIC inició una investigación preliminar y en visitas administrativas, testimonios y correos electrónicos determinó que se puso en marcha un esquema anticompetitivo, que lleva varios años, y que ha sido coordinado por Asocaña, Dicsa y Ciamsa. Estas dos son organizaciones conformadas por los ingenios para realizar gestiones de importación y exportación de azúcar. A través de ellas se intercambiaba información confidencial que permitía a los ingenios coordinar su actuación anticompetitiva.

Así, por ejemplo, en una reunión de Asocaña realizada en 2009, presidida por Luis Fernando Londoño Capurro, quien, según la entidad, “ha sido clave para el desarrollo de la estrategia”, se socializó entre los ingenios un documento denominado ‘Resumen de Actividades’ (ver correos) en el que los ingenios discutían sus precios, los clientes a quienes ofrecían el azúcar, así como su volumen de exportación.

Sin embargo, los representantes de los ingenios, en los descargos presentados ante la superintendencia, manifestaron que los cargos son inexactos y que no corresponden a la realidad del mercado del azúcar. Aseguran que nunca han formado un cartel y que en medio de este debate está la intención de algunos empresarios de eliminar el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa) así como la franja andina de precios, dos instrumentos valiosos para la actividad del sector.

Lo cierto es que la investigación de la superintendencia pone en el centro del debate no solo el Fepa sino la política agrícola del gobierno. Este fondo fue creado por el Ministerio de Agricultura de la administración Pastrana, y hoy sigue vigente. Este es un mecanismo para mantener en equilibrio los precios del azúcar en el mercado nacional. A través del Fepa se regulan las cantidades del producto que se venden en el mercado, que es lo que determina el precio.

Por eso los ingenios argumentan que ellos no fijan el precio sino que este se determina por la oferta y demanda generada por el fondo de estabilización. De ahí que alrededor de este tema surja un gran interrogante relacionado con qué tanta responsabilidad le cabe a estos empresarios por aplicar un mecanismo fijado por el Estado. Para la SIC el problema del Fepa radica en que se han desbordado sus funciones, afectando la competencia.

En torno a este debate, los productores de azúcar agrupados en Procaña dijeron la semana pasada que no se puede afectar a un sector que genera miles de empleos, desmontando instrumentos como el fondo y la franja andina de precios, por favorecer a unas empresas del sector de los dulces y la chocolatería.

Durante la asamblea de Procaña, el viceministro de Agricultura, Hernán Román, dijo que ni el gobierno ni el ministro Aurelio Iragorri están discutiendo el desmonte de estos instrumentos, que han mostrado efectividad, pero sí van a mirar su impacto y se van a revisar.

Este capítulo con los precios del azúcar no está cerrado. Ahora se espera el pronunciamiento del superintendente Robledo en torno a si acoge el informe e impone sanciones. Pero desde ya los ingenios alistan sus baterías de argumentos porque enfatizan que no los pueden castigar por una política fijada por el Ejecutivo.