Martes, 17 de enero de 2017

| 1985/09/16 00:00

BAILE DE MASCARAS

Militares activos y en retiro se hacen pasar por agentes de la Procuraduria y montan banda de asaltantes y extorsionistas

BAILE DE MASCARAS

Los titulares de los periódico hablaban de una "falsa Procuraduría", descubierta a principios de la semana pasada por las autoridades. Pero la noticia estaba mal presentada. En realidad, no resultaba muy espectacular la noticia de que un grupo de delincuentes hubiera decidido hacerse pasar por agentes de la Procuraduría delegada para la Policía Judicial. O al menos no tan espectacular como el hecho de que esos delincuentes fueran ni más ni menos que un grupo de agentes de la Policía y del F-2 y oficiales retirados del Ejército, unidos a unos cuantos pandilleros comunes.
Pero lo curioso es que, tan estrechamente relacionados con las Fuerzas Militares, los agentes y ex oficiales no hubieran intentado hacerse pasar precisamente por lo que eran o habían sido en el aparato de seguridad del Estado y, en cambio, hubieran optado por usar el nombre de la Procuraduría para llevar a cabo sus fechorías: robos de carros y asaltos a residencias, extorsiones y, al parecer, una serie de secuestros que se estaban preparando para un futuro cercano.
La clave: un Renault 18
Aunque todo comenzó hace más de 6 meses, cuando las autoridades fueron informadas en repetidas oportunidades de que personas que se identificaban con carnés de la Procuraduría Judicial, entraban a lujosas residencias con el pretexto de adelantar investigaciones sobre tráfico de drogas, falsificación de billetes, secuestros y extorsiones, sólo hasta hace unas pocas semanas se pudo llegar al fondo del asunto. Antes de ello, lo normal era que los incautos moradores de las residencias escogidas para el asalto, abrieran las puertas con toda confianza ante la presentación de los carnés. Un solo robo, del que fue víctima un hacendado en Suba, reportó a los "paraprocuradores" más de diez millones de pesos en muebles y electrodomésticos y un carro Mercedes Benz.
Pero como no hay crímen perfecto, hace unos 20 días se denunció el robo de un Renault 18 en Bogotá y las víctimas acusaron a agentes de la Procuraduria Judicial. En una acción combinada, la Procuraduría (la de verdad), la Policía, el Ejército y el DAS se dieron a la búsqueda del automóvil, que resultó mucho menos complicada de lo que se creyó en un principio. A las pocas horas de cometido el robo, un hombre se presentó a las de pendencias del tránsito, con el fin de efectuar una diligencia de traspaso de los papeles del carro robado. Fue detenido inmediatamente y a las pocas horas, ya había contado toda la historia.
La delegada de la Procuraduría Judicial en el Valle detuvo entonces a los dos compinches del primer capturado, gracias a la información que éste había suministrado. Y cuál no sería la sorpresa de los agentes de Cali al descubrir que uno de los dos detenidos era José Antonio Gaitán Cortés, cabo primero, adscrito al distrito de Saravena en Arauca y quien disfrutaba de sesenta días de licencia. El otro individuo era un delincuente común.
Cárcel con cascada
Los detenidos siguieron el ejemplo de quien los había delatado y también "cantaron". Confesaron que además de carnés de la Procuraduría, contaban con una sede en el barrio Santa Fe en la capital del país, en la transversal 17 N° 22A-12, a donde eran llevadas las personas extorsionadas que se negaban a entregar el dinero exigido. En el patio de ese apartamento de primer piso, se estaba construyendo una pieza con baño, con cemento y techo de Eternit por fuera y paja por dentro. Además, se estaba levantando una fuente de agua que semejaba una cascada con hierba y rocas. Toda una recreación de ambiente campestre. ¿Con qué fin?, al parecer con el de mantener, en un futuro, a posibles secuestrados que al encontrarse vendados y escuchar la cascada creerían estar en el campo y despistarían a las autoridades cuando fueran liberados e interrogados sobre su detención. La fuente cumplía por otra parte con la función de producir un ruido constante que evitaría que los vecinos escucharan los sonidos sospechosos de esta novedosa cárcel.
Pero todos estos sueños con fuente y cascada se vinieron abajo. Entre los capturados, el cabo primero detenido en Cali no era el único sindicado vinculado a las Fuerzas Militares. Aparte de él se encuentran Didimo Campos Rojas, ex agente de la Policía, quien llevaba consigo dos pares de esposas, cargadores, municiones, un libro del grupo antisecuestro de la Dipec y dos brazaletes de cuero, con las siglas F-2 y Fuerza Disponible, FD; Orlando Ureña Durán también ex agente de Policía; Luis iginio Celis Hernández, oficial retirado del Ejército; Hernando Corrales Murcia, otro ex oficial, y tres agentes activos del grupo de inteligencia del F-2: Lorenzo Fortalecha Barrero, Carlos Alberto Carrillo Castellana,: e Ignacio Cruz Torres.
El Procurador delegado para la Policía Judicial, Guillermo Ortega Torres, quien estuvo al frente de buena parte de la operación, se apresuró a explicar que si bien había personal militar vinculado al caso, las instituciones a que ellos pertenecen no podían ser involucradas. Y suena lógico, aunque de cualquier manera en algo resulten salpicadas esas instituciones, pues sus agentes tendrán que comprender que la gente común y corriente se vuelva día a día más des confiada ante los uniformes y también ante los carnés.--

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