Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1996/02/19 00:00

BAJATE DE ESA NUBE

El negro panorama fiscal que afectará al país en lo que queda del siglo, diluye las ilusiones sobre crecimiento del gasto público.

BAJATE DE ESA NUBE

La noche del miercoles pasado la cupula militar se trasladó a las inmediaciones del Palacio de Nariño para asistir en bloque a una reunión en la que se discutiría un tema fundamental para el país. Una cuadra antes de llegar a la casa presidencial, la caravana se desvió misteriosamente hacia el sur. En esta ocasión no se trataba de enfrentar la fuga de otro capo o una nueva escalada guerrillera. Los generales de la República se dirigían al Ministerio de Hacienda para abordar una labor no menos delicada y compleja: discutir posibles recortes al presupuesto militar con el ministro Guillermo Perry y el jefe de Planeación Nacional, José Antonio Ocampo. Este exótico encuentro, en el que ambas partes deben haber sentido que jugaban de visitantes, es el claro reflejo de dos cosas: que el riesgo de una crisis fiscal es el problema más grave que enfrenta la economía colombiana y que la necesidad de una mayor austeridad abarca hasta los sectores más sensibles de la vida nacional.
Y es que la situación actual de las finanzas públicas es delicada. Si bien las proyecciones del gobierno para 1996 plantean un pequeño saldo en rojo en las cuentas del sector público consolidado equivalente a 0.5% del Producto Interno Bruto, las cifras para el gobierno central señalan un déficit cercano a 3.6% del PIB, notablemente superior al que se presentó el año anterior.
Pero lo más grave es que este desequilibrio tiende a incrementarse dramáticamente en los próximos años si no se adoptan los correctivos necesarios. Y a juzgar por la experiencia de varios vecinos latinoamericanos - incluida la actual crisis venezolana-ese sería el peor error que podría cometer el país en su historia económica reciente.

EL ORIGEN
Para el Ministro de Hacienda el eje del problema fiscal radica en un crecimiento desmedido de las transferencias del gobierno central que se aceleraron durante la administración anterior, después de la aprobación de la Constitución de 1991. Según las normas en vigencia, desde ese entonces el gobierno tiene que entregarle a los municipios y a los departamentos una proporción creciente de cada peso que recauda por concepto de impuestos. Perry, además, sostiene que la "orgía legislativa" de 1993. ahondó el problema. En ese año se aprobó la Ley 60 que dispone el mecanismo de transferencias de recursos de la nación a los departamentos y municipios, así como las leyes de seguridad social y servicios públicos. Según el gobierno, las transferencias, como proporción del Producto Interno, se duplicaron entre 1990 y 1995 al llegar a algo más del 8% del PIB.


Ante este diagnóstico la Directora del Banco de la República, María Mercedes Cuéllar, plantea una diferencia de ma tiz al asignarle una mayor responsabilidad al Gobierno: "el aumento en las transferencias no sólo no estuvo acompañado de una reducción en los gastos del gobierno nacional, para neutralizar la disminución en sus disponibilidades, sino que los gastos se siguieron incrementando". Así mismo el analista Pedro Nel Ospina, ex director de la Dian, señala que "sin desconocer el papel de las transferencias en la crisis fiscal, al problema se le adiciona la intención del gobierno de seguir aumentando el gasto público".
Pero más allá de esa discusión la verdad es que todos los analistas coinciden en lo mismo: el lío fiscal es el mayor dolor de cabeza que enfrenta y enfrentará la economía colombiana, por lo menos en lo que queda de este siglo. Y los conocedores concuerdan en que una solución eficaz del problema fiscal pasa por resolver el problema de las transferencias y por una mayor austeridad del gasto público.
En el primer frente, el origen de las dificultades radica en que el proceso de descentralización se ha desarrollado de manera errada al disponer la transferencia de recursos del gobierno central a los departamentos y municipios, sin haber definido detalladamente sus responsabilidades. De esta manera, el gobierno central transfiere un monto sustancial de sus ingresos corrientes a los entes territoriales, pero conserva muchas de las responsabilidades de gasto que éstos, en teoría, deberían asumir. Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que existe la obligación legal de aumentar progresivamente el monto de estas transferencias, que hoy comprenden 15% de los ingresos corrientes de la nación, hasta cumplir el mandato constitucional según el cual en el año 2002 van a llegar al 22 % de esos recaudos.

A GRANDES MALES...

Para el equipo económico del gobierno esta situación hace inevitable una crisis fiscal de grandes proporciones. En palabras de José Antonio Ocampo, director del Departamento Nacional de Planeación, "si no se le pone un techo pronto a las transferencias esto no es manejable". Al respecto, tanto Ocampo como Perry han anunciado que el gobierno va a presentar un proyecto de ley que propone disminuir el ritmo de crecimiento de las transferencias. Y, si es necesario, el equipo económico es partidario de una reforma constitucional. "Estas iniciativas plantean una dificultad política mayor que la de la misma reforma tributaria, pero la magnitud del problema es tan grande que los distintos actores dela vida nacional deberán concientizarse de la importancia de las reformas y acogersu adopción", señaló el Ministro de Hacienda.
Ante el complejo panorama político que enfrenta el problema de las transferencias, la opción inmediata consiste en un mayor esfuerzo para reducir otros componentes del gasto público. Diversos analistas han señalado los Fondos de Cofinanciación como un rubro ideal para iniciar Ios recortes. Estos empezaron a utilizarse hace unos años, con la intención de que el gobierno central apoyara a municipios y departamentos en la reaización de ciertas obras. Aunque la idea es Ioable, no faltan quienes dicen que perdió su filosoffa original. El valor de los Fondos ha tenido un crecimiento reciente excesivo-al pasar de 228 millardos de pesos en 1993 a 625 millardos en 1995-precisamente al tiempo en que los departamentos y municipios han recibido mucho más dinero que antes. Si bien para el Ministro de Hacienda es claro que hay que reducir el valor de estos Fondos, para nadie es un secreto que esta opción representa una inmensa dificultad política, pues a través de ellos se atienden múltiples proyectos que los parlamentarios promueven para sus regiones. Según María Mercedes Cuéllar, "los Fondos de Cofinanciación sirven para atar parte de los recursos locales en beneficio de la clase política tradicional y del Ejecutivo, que sin el apoyo del Congreso queda totalmente maniatado".
Al margen de las dificultades políticas para reducir las transferencias o Ios Fondos de Cofinanciación, el gobierno es consciente de la necesidad de recortar el gasto público en otros frentes. Esa fue la razón por la cual se anunció la semana pasada que el Estado va a apretarse el cinturón en los próximos meses. El Director del Departamento Nacional de Planeación fue tajante al señalar que "las expectativas de gasto de todo el gobierno deben bajar. El ministro Perry señaló el objetivo de reducir el gasto público en un monto efectivo superior a los 220 millardos de pesos en 1996. Así mismo, Perry advirtió que este esfuerzo constituiría una solución al problema fiscal, sólo si viene acompañado del esfuerzo legislativo para poner en cintura a las transferencias y modernizar Ios impuestos municipales y departamentales.
Como siempre sucede en estos casos, no faltan los lugares comunes. Los llamados al control de la burocracia y a la mayor eficiencia del gasto se multiplicaron la semana pasada. Y aunque medidas como la de hacer que los ministros viajen ahora en clase ejecutiva y no en primera cuando se desplacen al exterior. indican que la austeridad está de moda, la verdad es que son necesarios remedios más profundos.
Por ahora el gobierno ha tomado la delantera al sonar la alarma y advertir al país sobre el riesgo de una crisis fiscal y la necesidad de hacer un ajuste para evitarla. Sin embargo, para algunos ésta no deja de ser una actitud un tanto cínica, pues, a la vez que la administración predica austeridad, sigue empeñada, con todo y recortes, en un ambicioso programa de gasto.
Sin embargo, más allá de ese debate, la verdad es que la crisis fiscal ya llegó y Colombia se enfrenta a dos alternativas: agarrar al toro por Ios cuernos o archivar el asunto hasta que el problema explote en serio. En el pasado, la economía se ha manejado de manera responsable. Falta ver si ahora se impone la prudencia y el país decide que como no hay almuerzo gratis, es mejor hacer dieta ahora para poder comer después.

MAS LIOS A LA VISTA
Pocas leyes en Colombia se han celebrado con tantos bombos y platillos como la de seguridad social. Sin embargo apenas pasó la fiesta, el gobierno comenzó asentir los sintomas de un guayabo con ingredientes dé preocupación. Todo por culpa de un interrogante: ¿cómo asumlr los costos que dejó la reforma? Responder a esa pregunta no ha sido facíl.Por un lado el Estado tiene que seguir respondiendo por las pensiones de los actuales afiliados mientras ve caer en picada los ingresos por cotizaciones- por lo trabajadores que se pasaron a un fondo privado- y por el otro, tiene que entregarle bonos a quienes se cambiaron de sistema, reconociéndoles el tiempo de cotización al Seguro Social. Por ambas causas los cálculos dicen que el gobierno tendrá un déficit creciente, que arrancó en 0,9 por ciento del PIB en 1994 y llegará al 2,6 por ciento del PIB en el año 2013. Pero el problema va más allá. El gobierno debe asumir parte de los costos del Fondo de Solidaridad y Garantía para financiar las pensiones de lo estratos más bajos de la sociedad. Así las cosas es fácil concluir que el panorama no es el mejor. De acuerdo con la directora del Banco de la República, María Mercedes Cuellar de Martinez cerca de 3,0 puntos-como porcentaje del PIB-del incrémento del gasto público en estos últimos años tienen su origen en la seguridad social. Pero lo grave del asunto no está sólo por el lado de los gastos que implica ahora la reforma, sino por el de los ingresos, pues los aportes de los afiliados están siendo contabilizados como ingresos corrientes cuando en realidad son un pasivo con el trabajador, aunque para el futuro. Más allá del debate que pueda armarse en torno del tema, lo cierto es que la seguridad social está contribuyendo en gran medida al desajuste en las cuentas del gobierno central y, como en los otros temas, requiere una solución antes de que el país se siga adentrando en un túnel sin salida.

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