BODAS DE PAPEL

Cuando estudiaba derecho en la Universidad Javeriana hace dos décadas, Francisco Morris Ordóñez era aficionado al fútbol, al futbolín, a las serenatas que daban sus amigos del conjunto Los Dinosaurios Resbalosos y a las chanzas pachunas.
En una fiesta de matrimonio, Morris le metió dos huevos en el bolsillo del smoking a un amigo y luego le dio una palmada sobre la faltriquera. En otra ocasión cuando preparaban el examen de derecho procesal penal, su compañero Fernando Casij Galindo le pidió unas gotas para descansar los ojos, irritados de tanto estudiar.
Morris le aplicó dos gotas para dilatar la pupila y Casij estuvo cuatro días sin poder leer.
Se están cumpliendo cinco años de aquella fecha de junio de 1982 en que el país empezó a conocer las consecuencias de la broma más pesada en la vida de Morris: la quiebra en cadena de más de veinte entidades financieras, un hecho sin precedentes en la historia colombiana. Esta vez los perjudicados no fueron sus compañeros de clase sino miles de ahorradores que perdieron sus únicas reservas. Indirectamente, los perjudicados han sido todos los colombianos. La primera etapa de la crisis financiera, que estalló con la intervención de Financiera Furatena el 17 de junio de 1982, costo unos 80 mil millones de pesos.
Adicionalmente, desde su creación a comienzos de 1986, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras ha gastado 62 mil millones para mantener en pie a bancos y financieras.
Sumando ambas partidas, son cinco mil pesos por cada hombre, mujer y niño colombianos.
Las últimas quiebras no son, por supuesto, responsabilidad de Morris.
Por ejemplo, Unión Financiera, intervenida el año pasado, se creo tiempo después de la salida de Morris de la Superintendencia al finalizar el gobierno de Turbay Ayala. Pero es indudable que este nieto de un minero inglés que se radicó en Pacho (Cundinamarca) fue, como policia bancario, el responsable, por acción o por omisión, del mayor descalabro jamás sufrido por el sistema financiero.
Morris aplicó la reserva bancaria, que en realidad es solo el derecho que tienen los clientes a que los bancos no revelen los movimientos de sus cuentas para dilatarle la pupila al país ante los abusos y maniobras iniciados por Jaime Michelsen Uribe con los fondos de inversión Grancolombiano y Bolivariano.
La explosión que se escuchó hace cinco años tenía una mecha muy larga. Los autopréstamos y los fraudes, las falsificaciones de firmas y los créditos a falsos ganaderos eran conocidos por la Superintendencia de tiempo atrás. El Banco Nacional tuvo visitadores permanentes enviados por Morris durante un año antes de su cierre, y a pesar de ello en ese período se aprobaron créditos y sobregiros ilegales en cuantías elevadísimas.
Morris les fijó al Banco Nacional y a otras entidades plazos improrrogables para suspender prácticas prohibidas y rectificar el rumbo. Los plazos se ampliaban una y otra vez y Morris seguía conversando con los banqueros para exigirles nuevas condiciones.
O los sancionaba. La abogada javeriana Stella Villegas de Osorio, superintendente segunda delegada y colaboradora principal de Morris, ha dicho que no le tembló la mano para sancionar las infracciones que se detectaban. El problema radica en que ese procedimiento de imponer multas es ineficaz frente a banqueros de cuello blanco.
Es la conclusión de un estudio de un año sobre las quiebras bancarias en Estados Unidos, realizado por el Comité de Operaciones gubernamentales de la Cámara de Representantes.
El informe, publicado en 1984, señala: "Si bien la persuasión moral y las sanciones gradualmente más severas contra instituciones recalcitrantes pueden dar resultado para manejar problemas normales de vigilancia bancaria, esos mecanismos son totalmente inadecuados frente a individuos corrompidos que deliberadamente se enriquecen a expensas de las instituciones que controlan. De igual importancia, esta fórmula de "respuesta gradual" suministra el tiempo necesario para que los abusos se agraven hasta el punto en que destruyen una institución". En Colombia ese enriquecimiento privado a expensas del dinero del público se llama autopréstamo y lo practicaron Jaime Michelsen, Jaime Mosquera y numerosos personajes menos conocidos. Y es sabido que "todo el sistema (financiero) se estructuró y no de ahora sino desde hace muchos años, apoyado en la figura del autopréstamo" como escribiera Ernesto Samper Pizano, presidente que fue de ANIF.
Otra razón muy importante para que fracasara la política de apretar tuercas e imponer multas de medio millón de pesos a entidades que captaran miles de millones fue la corrupción monda y lironda que imperó en la Superintendencia Bancaria entre 1978 y 1982. Los camiones que descargaban regalos de navidad en las propias puertas de la Superintendencia y los sobornos a altos funcionarios sirvieron para que estos se autodilataran la pupila cuando se topaban con los autopréstamos. Alberto Osorio González, jefe de visita durante el último año de vida del Banco Nacional, fue destituido en 1983 porque en Mercantil Hipotecaria y Mercantil de Factoring se constituyeron a su favor, aunque con un nombre ficticio, pagarés por doce millones de pesos cuyos intereses anticipados cobró el funcionario. Hernando Marroquiin Valencia, empleado veterano de la Superintendencia y jefe de todos los inspectores bancarios, fue también destituido por aumento patrimonial injustificado y porque utilizaba un Renault 18 que le regaló Eduardo Zambrano Caicedo, oscuro y mañoso banquero que en el Banco del Estado era el número dos después de Jaime Mosquera. A Marroquín, que nunca ganó más de cien mil pesos al mes, en una ocasión los ladrones le robaron de su casa de habitación cien mil dólares que mantenía en efectivo. Marroquín falleció en diciembre, víctima de un infarto.

Las sospechas recayeron también sobre Morris Ordóñez, que pasó seis años en el Seminario de los Padres Vicentinos en Funza (Cundinamarca), donde conocio al también seminarista Alvaro Fayad, dirigente del M-19 muerto el año pasado. Es hora de revelar que la Procuraduría General de la Nación dedicó bastantes horas a estudiar el posible pago de comisiones al ex superintendente, pero las pistas de los investigadores se desvanecían cuando los pesos se convertían en dólares y los cabos sueltos que se iniciaban en el país solo podrían atarse con otros en el exterior. No obstante, la Procuraduría sancionó a Morris con destitución simbólica por sus actuaciones en el caso del Banco Nacional, tal vez el único superintendente bancario destituido en los 64 años de la Superintendencia.

Morris, por su parte, considera la crisis de 1982 un hecho excepcional, similar a las quiebras ocurridas en otros paises. En una entrevista radial hace tres años sostuvo que el control estricto de la Superbancaria no evita las crisis, del mismo modo que "unas fuerzas armadas no constituyen suficiente garantía para evitar secuestros, robos, homicidios". Las disposiciones obsoletas también contribuyeron, según Morris. Es cierto que pueden haber normas desuetas, pero si se hubiera aplicado una que viene desde 1923, muchos males se habrían podido evitar. Es la obligación que tiene el superintendente de dar posesión únicamente a los banqueros de conducta intachable y de honorabilidad reconocida. Jaime Mosquera Castro no pudo posesionarse en el gobierno López Michelsen pero posteriormente Morris le levantó el veto y lo autorizó para presidir el Banco del Estado. Y hablando de normas obsoletas, en tiempos de Morris se derogó un decreto de 1974 que habría permitido controlar mejor ciertos abusos.
El decreto permitía intervenir a los intermediarios financieros que ejercieran su actividad sin permiso del gobierno. Una disposición dictada cuando Morris era superintendente disminuyó las facultades del gobierno y estableció que las financieras piratas solo podrian ser multadas con medio millón de pesos pero nunca intervenidas. Era más fácil, por lo tanto, operar por fuera de la ley que someterse a ella. Fue lo que hicieron Félix Correa--que a los clientes de Furatena, vigilada por el gobierno, les expedia pagarés de Correa Acevedo, no vigilada--y Jaime Michelsen--que a los clientes de Pronta les entregaba pagarés de Titulos Grancolombiano, sociedad pirata no vigilada. Por esa autorrebaja en las facultades de vigilancia, ni Correa Acevedo ni Títulos Grancolombiano figuran entre las entidades intervenidas por la Superbancaria (ver recuadro). El total de ahorradores perjudicados es, pues, múy superior. Financiera Empresarial, Isaza Mejia (de Medellin) y la Organización Panamericana de Inversiones son otras de las muchas captadoras ilegales grandes y pequeñas que, si estuviera vigente el decreto de 1974, harían llegar al centenar, o más, el número total de entidades intervenidas. La veintena que maneja la Superbancaria ha provocado muchos traumatismos, por la necesidad de desviar decenas de funcionarios a una labor que la misma Superintendencia reconoce que no estaba capacitada para asumir. Con un centenar de intervenidas el caos habría sido general. Hoy la Superintendencia tiene contratadas doscientas cincuenta y dos personas para liquidar las compañías financieras intervenidas.
Eran tan numerosos los monstruos que Morris venía ocultando que en la agonía del gobierno Turbay Ayala se decidió a mostrar algunos con la intervención de Furatena. Tal vez no previó que esa medida llevaría a grandes retiros en el Banco Nacional y en todas las entidades del grupo financiero de Félix Correa, arrastrando además a compañías no financieras como Fabricato. Pero Morris no tenía alternativa. Si abandonaba el zoológico sin el inventario de las fierás, el nuevo gobierno les habría expuesto al público para condena absoluta e irremisible del anterior cuidador. Belisario no habría podido decir que gobernaba sin espejo retrovisor). Prefirió exhibir algunas, lo cual le permitió culparlas de su ferocidad y mostrarse como domador impotente pero valiente.

Morris tiene, por supuesto, otra interpretación de los hechos. En la entrevista de 1984 dijo: "En los últimos meses captamos, para utilizar un término de común utilización en el sector financiero, muchas antipatías y muchas enemistades por causa de las determinaciones que tomamos a última hora, determinaciones que decidimos tomar a última hora precisamente para asumir la responsabilidad dentro del gobierno al cual pertenecimos y no dejar problemas a nuevas administraciones". Cinco años y dos administraciones más tarde, la responsabilidad de Morris es indiscutible, pero en justicia hay que decir que no se ha examinado la de otros funcionarios. Al fin y al cabo Morris tenía por lo menos un par de jefes.
Pero eso es otra historia.

¿LECCIONES?
La crisis despojó del dineró a los ahorradores y de la inocencia a un país que solo había conocido un puñado de quiebras bancarias sin consecuencia en la historia contemporánea y que confiaba a ciegas en los bancos.
El público se volvió más cuidadoso y en lugar del cuarenta por ciento anticipado escogió los bancos oficiales, entidades eclesiásticas que se suponían incorruptibles, hasta que la quiebra de la Caja Vocacional fue ya la corrupción de la sal.

De la crisis quedan unos nuevos delitos y muchas promesas. Los autopréstamos dan cárcel pero la reforma financiera se quedó en el aire. Y un punto fundamental ni siquiera se discutió. Es la incompatibilidad intrínseca entre dos de las funciones de la Superintendencia, la de policia bancaria y la de defensor de la estabilidad de sistema financiero. Investigar y sancionar los abusos, y divulgar esas sanciones, puede crear pánico en el público, por lo que generalmente predomina el criterio de salvar el sistema y maquillar las faltas, o no sancionarlas, o mantenerlas ocultas, aplazar las investigaciones. Si el procurador tuviera como misión defender la estabilidad de la administración pública, no podría fiscalizar a los funcionarios.

El seguro de depósitos, que es el mecanismo que más confianza da a los depositantes, se puso a descongelar, se llevó a la mesa y otra vez volvió al congelador, aunque está demostrado que, por ejemplo, en el caso de Banco Nacional, más de dos tercios de los depósitos eran inferiores a cien mil pesos. Si las cuentas no superiores a esa suma hubieran estado aseguradas, el gobierno habría tenido que suministrar menos recursos al Banca Popular para comprar las acreencias del público. Lo que se creó en lugar del seguro de depósitos, que lo pagarian las instituciones financieras, fue un seguro para el sector financiero costeado por todos los contribuyentes. No otra cosa significa el Fondo de garantías de Instituciones Financieras. Aunque el Fondo está facultado para organizar el seguro de depósitos, la situación crítica de varios institutos financieros ha hecho que su función principal hasta ahora haya sido la de inyectarle plata del Banco de la República a los bancos anémicos.
En el caso de Unión Financiera, intervenida en octubre, el Fondo fue, no obstante, la salvación de los clientes, que ya recibieron sus depósitos. El Fondo compró todas las deudas de la compañía y se pagará con el producido de la liquidación, si lo hay. La mano salvadora del Fondo no se extiende a los depositantes de entidades intervenidas en 1982 y 1983.

Por ley las actividades del Fondo son absolutamente secretas, tara genética que no ha impedido, sin embargo, que se conozcan algunos errores oficiales. Al Banco de los Trabajadores el Fondo le entregó el año pasado 1.200 millones de pesos y le nombró como presidente a Winston Medina Lozano, que poco antes había sido embargado por el mismo banco por mora en el pago de una deuda de 525 mil pesos. Para posesionarse Medina exigió y obtuvo un crédito de siete millones al 12% pagadero en tres años. Pero el banquero no duró ni un año, aunque sí alcanzó a otorgar préstamos dudosos, y lo más grave es que se rumora que durante su gestión el Banco perdió unos mil millones, casi lo que le prestó el Fondo.

Aun en los casos en que los banqueros oficiales son intachables, el Fondo parece estar aplicando transfusiones a moribundos. Ello se debe a que la intervención de un banco importante con miles de clientes está prácticamente descartada de antemano aunque se justifique por motivos legales y contables, porque generaría el retiro masivo de dineros de todo el sistema financiero, que costaría sumas impredecibles. Han pasado cinco años y la confianza sigue tambaleando.

La democratización de los bancos anunciada por B.B. en 1982, debía conducir a que en 1987 nadie tuviera mas del treinta por ciento de las acciones de una entidad financiera. Los plazos de democratización se han ido ampliando y no sorprendería que algun día se aplazaran hasta el siglo XXI. Con el fardo de deudas morosas que pesa sobre la banca y con la desconfianza generalizada ha sido imposible abrirles el apetito a los inversionistas para que compren acciones de los bancos. La democratización sería saludable más como revitalización de la bolsa que como fórmula para evitar abusos. Es cierto que la concentración de la propiedad facilitó los autopréstamos pues cuando el accionista es uno solo, la junta es de bolsillo, el revisor fiscal es un firmón y la asamblea se reúne solo protocolariamente. No obstante, el control puede mantenerse aun con miles de accionistas atomizados, como ocurrió en el Banco de Colombia, donde Jaime Michelsen fomentó el único programa de democratización que ha operado en los últimos años, sin perder él el dominio absoluto de la situación ni renunciar a los autopréstamos. Hoy se puede detentar el poder sin ser dueño de la mayoría del capital y si subsisten algunos bancos que son de una sola persona, ello se debe en parte a que no encuentran compradores que les permitan rebajar su porcentaje accionario.

LOS JUICIOS
Igualmente desolador es el panorama judicial. B.B. no había cumplido un mes en la Casa de Nariño cuando su ministro de Justicia, Bernardo Gaitán Mahecha, pidió al procurador que interviniera en los procesos iniciados por las quiebras financieras.
En esos días Alcides Guerra, un juez de Medellín, había archivado una denuncia de la Superbancaria relacionada con Correa Acevedo, la financiera pirata de Correa Maya. Fue esa solicitud del gobierno la que desencadenó una ola desconocida de detenciones de banqueros, seguida de una desbandada hacia el exterior de los que no fueron atrapados por el DAS. Así fue que terminaron en la Modelo, en los primeros días de septiembre de 1982, Félix Correa y Jaime Mosquera. Los procesos continuaron pero actualmente buena parte están en el tradicional limbo jurídico. El negocio del Banco Nacional va a cumplir dos años en el Tribunal Superior de Bogotá, pendiente de que se resuelva una apelación. Es un expediente en que a la morosidad se suma la ineptitud de uno de los jueces que lo condujo. Julio César Obando Correa en 1984 ordenó la detención de ocho campesinos y mineros cuyos nombres y cédulas fueron suplantados en el Banco Nacional, según aparecía probado en la investigación. ¡Eran órdenes de captura contra las víctimas y no contra los autores del delito! El juez no fue reelegido por el Tribunal. En otros procesos menos complicados que el del Banco Nacional la demora es la misma, y hace perder respeto por los fallos.

En cambio, la Superintendencia Bancaria, primero con Germán Botero de los Ríos, y luego con Germán Tabares Cardona y los delegados Gonzalo Sanín Posada y Carlos Esteban Jaramillo, ordenaron investigar administrativamente a todos los presidentes, vicepresidentes y directores de las entidades donde se hallaron practicas ilegales. Se partió de la base de que los miembros de las juntas directivas eran responsables incluso por omisión. Si Jaime Lopera Gutiérrez duró solo un día como ministro de Trabajo fue precisamente porque la Superintendencia lo sancionó por no impedir y denunciar, como miembro de la junta de Inversiones Antioquia, ciertas operaciones prohibidas. La misma guillotina afectó a muchas personas que poco tuvieron que ver con el manejo interno y que a veces ni siquiera asistieron a juntas pero que prestaron sus nombres como directores por dinero o por vanidad. En esa misma tónica la Superbancaria investigó a Ignacio Umaña de Brigard, ex embajador en México, por el papel que jugó en la compra del banco de Félix Correa en la Florida. Su actuación fue encontrada ilegal pero no se le sancionó porque había pasado el tiempo que la ley fija para hacerlo. El libro negro de la crisis financiera será más fácil elaborarlo con base en las sanciones de la Superintendencia Bancaria que a partir de los fallos de los juzgados. Hasta ahora no se ha dictado la primera sentencia.

AÑOS DE FUGA
En septiembre Félix Correa Maya cumplirá solo, con sus gafas oscuras que ocultan un ojo de vidrio, cinco años ininterrumpidos en la Cárcel Modelo. En otros tiempos tuvo tanta compañía en el apartamento de la enfermería que, sumando un notario, los banqueros fueron suficientes para formar un equipo de fútbol. Don Félix es el único que no tiene prisa en salir de la carce!, aparentemente, porque considera que corre mis peligro en la calle. Además, se le siguen varios procesos, fuera del del Banco Naclonal. Don Félix perdió su patrimonio y su familia vive con relativa modestia. Muchos otros banqueros estan en la misma situación, a veces agravada por separaciones y enfermedades. Eduardo Uribe Uribe, del Banco Nacional, se presentó voluntariamente al juzgado por insistencia de su padre y poco después, cuando este falleció, tuvo que viajar esposado a Barranquilla para asistir al entierro. Una hija suya tuvo cáncer.
El exillo, sin embargo, parece haber sido la peor condena de todas. Uldarico Robles, tambien del Banco Nacional, huyó a Brasil en 1982, péro vivía desesperado como simple estudiante de portugués, sin poder trabajar y pendiente del giró que le hacían de Bogotá. Se trasladó a Venezuela y, antes de ser detenido en 1984 en San Antonio del Táchira, el olor de la guayaba lo llevó a cruzar la frontera en varias ocasiones. Pasaba a Cúcuta y una vez fue hasta Bucaramanga, y solía emborracharse en una cantina y gritar "abajo Belisario". La policia llegó a detenerlo pero por su condición de borrachito salía libre. En el siguiente cuadro aparecen 16 de 108 personajes centrales de la crisis, el cargo que ocupaban y su paradero actual.

NOMBRE: Félix Correa Maya
CARGO QUE OCUPO: Presidente y principal accionista del Cárcel Modelo, Bogotá.
PARADERO ACTUAL: Grupo Colombia

N: Jaime Mosquera
C. Q. O.: Presidente del Banco del Estado
P.A.: Pagó 2 años en la Modelo. Vive en San Juan, Puerto Rico.

N: Uldarico Robles
C.Q.O.: Vicepresidente del Banco Nacional.
P.A.: Bogotá. Estuvo año y medio en la Modelo.

N: Octavio Becerra
C.Q.O.: Vicepresidente del Banco Nacional
P.A.: Huyó a Brasil en 1982. Tiene orden de captura. Vive en Quito.

N: Eduardo Uribe Uribe
C.Q.O.: Vicepresidente del Banco Nacional
P.A.: Pasó 2 años en la Modelo. Vende cuadros
N: Germán de la Roche Alvarez
C.Q.O.: Accionista del Grupo Central
P.A.: Huyó en 1982. Vive en Nueva York.

N: Octavio Martinez Echeverry
C.Q.O.: Accionista del Grupo Santa Fe
P.A.: Desconocido. Su esposa e hija estuvieron detenidas.

N: Fabio Hurtado Saldarriaga
C.Q.O.: Presidente de Corfiantioquia
P.A.: Medellín.

N: Dario Correa Diaz
C.Q.O.: Accionista de Inversiones Oro; sobrino de Félix Correa
P.A. Fugitivo. ¿Bolivia? ¿EE.UU.?

N: Eduardo Zambrano Caicedo
C.Q.O.: Vicepresidente del Banco del Estado y mano derecha de Jaime Mosquera
P.A.: Huyó a Brasil. En 1985 la Policía brasileña lo acusó de lavar dólares de la droga. Tiene orden de captura. Vive en Quito.

N: Eduardo Uribe de Narvaez
C.Q.O.: Presidente de Central Financiera
P.A.: Pasó 3 años en la Modelo. Vende propiedad raíz.

N: Jorge Castro Lozano
C.Q.O.: Directivo de Mercantil Hipotecaria
P.A.: Detenido poco tiempo, se fue a Miami y ahora vive en su hacienda vecina a Hatogrande.

N: Isaac Mildemberg
C.Q.O.: Directivo de Mercantil Hipotecaria
P.A.: Miami.

N: Gustavo Moreno Jaramillo
C.Q.O.: Presidente de Bancoquia 45 días; allegado a Jaime Mosquera
P.A.: Empresario taurino y dirigente futbolero en Armenia.

N: Nathan Ganitsky
C.Q.O.: Accionista de la Corporación Financiera de la Sabana P.A.: Abrió banco en Miami.

N: Juan Ignacio Sanin Aguirre
C.Q.O.: Directivo de Inversiones Oro; fue representante a la Cámara
P.A.: Desconocido. Huyó en 1982.

EL HUECO NEGRO DE BANCOLOMBIA
Cuando Jaime Michelsen Uribe viajó a Miami el 31 de diciembre de 1983 perdió la presidencia del Banco de Colombia pero muchos lugartenientes suyos siguieron, y algunos siguen, en sus puestos. Su sucesor, Ignacio Copete Lizarralde, que en los años 50 fue presidente del Banco de Colombia y gerente del Banco de la República, remplazó a los vicepresidentes que fueron detenidos o a los que lograron escapar a los detectives que los esperaban en los sótanos del edificio. Los demás ni renunciaron ni fueron despedidos. Fue una ingenuidad destituir a Michelsen, como lo hizo la Superintendencia Bancaria, y no remover a sus súbditos, pues él no manejaba el Banco solo. Muchos consideran que Copete hizo durante dos años una presidencia desganada y que desperdicio la oportunidad de ahondar en los autopréstamos y manipulaciones cuando las pruebas estaban aún frescas.

Seis semanas después de su vuelo, Michelsen hizo la jugada maestra de encartar al gobierno con todo el Grupo Grancolombiano bajo la fórmula del fideicomiso, que fue acordado apresuradamente y sin que se supiera a ciencia cierta qué recibía el gobierno, como se descubrió más tarde en visitas practicadas por la Superintendencia de Sociedades. Esto le ha permitido a Michelsen desde Miami y ahora desde Panamá achacarle al gobierno la quiebra y los malos manejos.

En enero de 1986 el Banco fue nacionalizado y Copete y su actitud calmada y conciliadora dieron paso a Guillermo Villaveces, que venía de la presidencia del Banco Sudameris y es considerado un banquero ortodoxo.
En el gobierno su gestión ha sido bien vista. Empezaron a retirarse los últimos colaboradores de Michelsen que acompañaron a Copete, como Ernesto Michelsen Cuéllar, el vicepresidente internacional. Todavía quedan sin embargo, elementos de la vieja guardia, como Alfredo Holguín Pombo, vicepresidente secretario.

El Banco de Colombia recibió 30 mil millones en créditos blandos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, que además se comprometió a capitalizarlo con 63 mil millones más.

Villaveces viene recortando gastos, congeló los nombramientos y ha dicho que los 63 mil millones del Fondo son indispensables para sanear el Banco. Es una suma alta pero modesta frente a la deuda externa superior a los 500 millones de dólares, sin contar otros "huecos negros". Ni el Banco ni la Superbancaria ni el Fondo de Garantías ni el Ministerio de Hacienda se aventuran a fijár una fecha para el saneamiento total. La única meta parece ser "métale más plata", que es probablemente lo que se seguirá haciendo, porque el cierre del Banco insignia es impensable por el efecto desmoralizador que tendría.

¿Podrá Michelsen retomar algún día el control del Banco? Parece muy improbable, aunque el año pasado el ministro de Hacienda Hugo Palacio Mejía lanzó la idea de reprivatizar, que fue enterrada por las criticas y por el 7 de agosto. Una reprivatización solo se presentaría cuando la institución esté totalmente restablecida y esto tomará años. En la nacionalización se aplicó la llamada "operación acordeón": las acciones se redujeron a un valor ínfimo y el Fondo de Garantías acaparó una nueva emisión, con lo cual los antiguos accionistas quedaron con porcentajes insignificantes del capital. Para comprar las acciones que hoy posee el Fondo Michelsen o sus testaferros necesitarían varios miles de millones de pesos.
Michelsen no puede, obviamente, reconocerlo asi, por eso él y su hijo en las cartas que les publica la prensa insisten en actitudes pugnaces. Son patadas de ahogado, que Félix Correa y Jaime Mosquera no dan porque nunca tuvieron tanto poder bancario y personal como Michelsen Uribe. A Michelsen le pasa lo mismo que a los monarcas en el exilio, que por el cargo que ocuparon no pueden reconocer jamás que perdieron el poder. Por eso Michelsen cree que sigue siendo el rey.
Alberto Donadio