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| 6/10/2017 10:15:00 PM

“Hay que resolver el alcance de las consultas”: Bruce Mac Master

El presidente de la Andi dice que la economía necesita una inyección fuerte de oxígeno. Afirma que el empresariado apoya la paz, pero está alerta a la implementación del acuerdo y pide evitar que dineros ilícitos lleguen a la campaña política.

SEMANA: Hay un debate en torno al pesimismo en materia económica. ¿Usted cree que la confianza se está afectando por un exagerado negativismo?

BRUCE MAC MASTER: Yo no tengo la menor duda de que el pesimismo le hace mal al país, pero también creo que es muy importante que nos digamos la verdad y que levantemos las alertas correctas. Los datos reales son los que les permiten reaccionar a las autoridades monetarias y económicas. Para eso tenemos un sistema de estadísticas. Lo cierto es que la realidad estadística demuestra que los primeros cinco meses del año no han sido buenos. Y cuando los datos muestran esto, hay que sacarlos a relucir. Desde el momento en que nos dimos cuenta de que la demanda venía cayendo y que los datos de la economía no eran buenos, debimos reaccionar. No significa que seamos pesimistas, sino que tengamos la capacidad de reaccionar todos.

SEMANA: El crecimiento de la industria en el primer trimestre del año fue 0,3 por ciento. ¿No es decepcionante?

B.M.M.: Sí, realmente fue muy malo. Pero, si se le quita refinación, el crecimiento fue mucho peor, de menos 1,2 por ciento. Es decir, toda la industria tuvo decrecimiento. Y hay otro dato: según los industriales, el 74 por ciento no cumplió presupuesto de venta en el primer trimestre, y ampliando el periodo a enero-mayo esa cifra sube al 89 por ciento.

SEMANA: ¿Cree que el Banco de la República debería recortar más sus tasas de referencia?

B.M.M.: Sobre eso yo he venido diciendo que el Banco de la República nunca debió elevar las tasas de interés por encima del 6 por ciento. La junta se demoró en subirlas ante la devaluación del peso y luego las incrementó exageradamente. La fórmula típica de que mayor tasa disminuye el ingreso disponible y por lo tanto eso baja la demanda se cumplió en grados que no eran convenientes para la economía. A la junta se le fue la mano. Sabemos que bajar la inflación tiene un costo grande en el crecimiento. El arte de las autoridades es minimizar ese costo. Aquí no se midió y se decidió bajar la inflación como fuera y lo antes posible. Era mejor algo mucho más gradual. Además estoy seguro de que la inflación hubiera bajado porque unas de las razones que nos esgrimieron de su alza no eran monetarias, como el fenómeno de El Niño.

SEMANA: ¿Pero es hora de que el banco acelere el recorte de las tasas?

B.M.M.: Necesitamos un plan de choque. No tengo la menor duda de que hay que meterle una inyección fuerte de oxígeno a la economía y eso incluye bajar dramáticamente las tasas de interés y hacerlo ya. El gerente del Emisor tiene razón cuando dice que el país no va a lograr competitividad en el largo plazo, solamente con reducción de la tasa de interés. Pero, repito, lo que uno no podía hacer era golpear tan duro la demanda que ha sido un activo valiosísimo de Colombia y el motor de la economía durante muchos años.

SEMANA: ¿Y qué otras cosas debería tener esa inyección?

B.M.M.: Que haya una transferencia importante e inmediata de la reducción de las tasas de interés del Banco de la República al crédito de los consumidores y de las empresas medianas y pequeñas. También un plan de incentivos, tanto a la producción de las compañías como medidas keynesianas, como las que se vienen haciendo en la vivienda, a través del subsidio de la tasa. Pero igualmente tenemos que asegurar que el programa de infraestructura 4G se muestre igual de dinámico como el año pasado. Hay otras medidas de tipo administrativo. Por ejemplo, mandarle una señal al mundo de que acá no puede haber dumping, que nosotros no aceptamos las prácticas desleales de comercio y eso pasa cuando el gobierno se indigne porque eso suceda y que se tomen las medidas pertinentes. Otra cosa es que Colombia tiene que luchar para reducir la informalidad porque, entre otras cosas, eso le aumentaría el recaudo al Estado. Se pueden hacer muchas cosas para reactivar la economía como ponerle cero costo a las importaciones de las máquinas y herramientas que no se producen en Colombia.

SEMANA: Va medio año de vigencia de la tributaria que se aprobó el año pasado. ¿Qué balance hacen, cómo le ha pegado a la economía?

B.M.M.: El gran problema de la tributaria es que había sido concebida para reducir los impuestos que no estaban permitiendo que Colombia fuera competitiva. Pero no terminó siendo nada de eso y sí acabó afectando la demanda por el incremento del IVA. Las empresas tienen un alto grado de decepción alrededor de lo que no ocurrió con la tributaria.

SEMANA: También se han quejado los empresarios de la ampliación de la jornada nocturna y el pago de las horas extras. ¿Cuál es su impacto?

B.M.M.: Hay ciertas cosas que ocurren en el momento equivocado y el sentido equivocado. En este momento volver a ampliar la jornada de los recargos nocturnos es un inmenso error. No solo por efecto sobre la competitividad, sino porque los trabajadores se verán afectados. Los cálculos del Ministerio de Hacienda dicen que se destruirán 73.200 empleos formales si se llegara a plantear la jornada nocturna desde las 8 de la noche. Si fuera desde la 9, se perderían algo más de 36.000 empleos. Además, los trabajadores dejarían de recibir anualmente 400.000 millones de pesos al año en salario. Se les está haciendo creer que salen mejor librados y no es así porque las compañías van a operar menos y a contratar menos gente. Esto podría tener un efecto muy malo porque además incrementará la informalidad.

SEMANA: Hay una discusión en torno al tema de las consultas populares que están oponiéndose a muchos proyectos minero-energéticos. ¿Qué tanto les preocupa este asunto?

B.M.M.: Muchísimo. En Colombia tenemos que saber para qué existen las consultas populares. No puede ser que estas, simplemente, sirvan para hacer política o contradecir decisiones de autoridades administrativas. Por ejemplo, si una compañía tiene autorización para operar en una región –tiene licencia–, uno se pregunta si la consulta popular puede decidir que se vaya. O al revés, si a una compañía no le dieron permiso para operar, ¿podría una consulta darle el permiso para que lo haga?  Necesitamos resolver con urgencia cuál es el alcance de las consultas. Es muy grave lo que está pasando. Si los permisos que da el Ejecutivo no son válidos ni confiables, estamos ante una gran incertidumbre. Yo me pregunto, ¿se pueden poner en duda las autorizaciones que dan las autoridades?

SEMANA: Hay quienes advierten que, con esto, se está desinstitucionalizando al país…

B.M.M.: Claramente. No sabemos, al final del día, quién puede dar verdaderamente permisos y revocarlos. En las redes sociales uno pregunta –por ejemplo– si puede una consulta popular revocar un permiso dado por una autoridad y la respuesta que da la gente es que la voz del pueblo es la voz de Dios. A este paso, vamos entonces a quedar en que todas las autorizaciones y todas las decisiones se tengan que tramitar en elecciones. Si fuese así podemos ir prescindiendo de buena parte del Ejecutivo y del Legislativo y comencemos a hacer todo por redes. La incertidumbre es fatal. Hay 44 consultas planteadas en diferentes municipios. Nos estamos jugando la institucionalidad. 

SEMANA: Los fallos de los tribunales parecen ser otro motivo de incertidumbre empresarial, como el que acaba de condenar a Promigás a pagar una enorme indemnización a víctimas en La Guajira…

B.M.M.: Es verdaderamente inaudita. Pedirle a una compañía que les responda a las víctimas por un ataque guerrillero es el mundo al revés. En Colombia tenemos que entender que no habrá ninguna política social que sea aplicable si no tenemos un sector privado robusto, que funcione y genere empleos. El país no ha terminado de entender eso. El empresariado es el motor económico, desde el más pequeño hasta el más grande. Colombia no puede dedicarse a perseguir a las empresas como en el caso de La Guajira que usted menciona y que condena a pagar a Promigás.

SEMANA: Este es un año atípico, con implementación del proceso de paz, además de ser preelectoral, ¿eso puede frenar los planes para reactivar la economía?

B.M.M.: Más allá de que sea fácil o difícil, es lo correcto. Y es algo que debemos construir. Este es el momento de tomar medidas que verdaderamente estimulen la economía. Enviar señales correctas, en lo laboral y frente a la seguridad jurídica. A todos nos conviene que la economía se recupere. Y eso tiene que suceder ya. Esta es la oportunidad para tomar medidas serias que ignoren las consecuencias sobre la popularidad del presidente Santos. La discusión del gobierno no debe ser la popularidad. El gobierno se tiene que gastar sus restos haciendo cosas muy serias para construir un mejor país.

SEMANA: ¿Cómo está viendo el sector privado la implementación de lo acordado en La Habana?

B.M.M.: Yo he dicho que las consecuencias finales del proceso de paz se dan en lo que se defina alrededor de la implementación, con los decretos-leyes y demás. Ahí nos estamos jugando el todo por el todo. Desde el principio se dijo que el proceso de paz nunca sobrepasaría ciertas líneas rojas que tienen que ver con la democracia, la propiedad privada y la libre empresa. Es muy importante que si no se sobrepasaron en el texto acordado y cerrado en La Habana, no lo vayan a hacer nunca, por ninguna razón, en la implementación.

SEMANA: ¿Qué le inquieta en concreto al empresariado?

B.M.M.: Es muy importante para Colombia, por ejemplo, que por ninguna razón vayan a llegar dineros del narcotráfico, secuestro y de la minería ilegal a las campañas políticas. También es muy importante que ninguno de estos dineros vaya a parar en manos de los dirigentes desmovilizados para simplemente disfrutar de esos recursos. Yo digo que tenemos que ser muy cuidadosos de cada palabra que se escribe para que no cometamos un error o crucemos algunas de estas líneas rojas. En el tema de tierras afortunadamente se lograron corregir algunas disposiciones que en nuestra opinión eran equivocadas. Creemos que es tarea de todo el país estar encima del detalle de lo que se defina en la implementación. Hemos estamos muy atentos en el tema de la justicia especial para la paz (JEP).

SEMANA: ¿Y frente a este último tema les queda alguna preocupación?

B.M.M.: No, era muy importante que no se convirtiera en un escenario de revanchas y cacería de brujas. Que todos los empresarios que han sido víctimas de extorsión por años, por grupos paramilitares y de la guerrilla, no terminaran considerados colaboradores o financiadores de las actividades delictivas. Queríamos asegurar que las víctimas fueran consideradas como víctimas y que si alguien iba a ser llamado a la JEP fuera llegando por las razones por las cuales va la gente allí, que es la comisión de delitos de lesa humanidad. Que eso quedara muy claro. También es muy importante que se mantenga la integridad de la Fiscalía. Para nosotros es fundamental que la unidad especial para investigación que se está previendo sea parte de la Fiscalía. Es crucial que mantengamos la institucionalidad que se ha venido construyendo. A todo el mundo le conviene que el acuerdo quede lo mejor posible y que no se crucen las líneas rojas.

SEMANA: Un estudio de Fedesarrollo sobre la implementación de la paz en el país indica que esta costará 148,3 billones de pesos en los próximos 15 años. Para unos es un campanazo de alerta fiscal…

B.M.M.: Es muy importante que el país no vaya a hacerse el de la vista gorda alrededor de las obligaciones que eventualmente se están adquiriendo. Obligación que se adquiere, obligación que hay que contabilizar y presupuestar. No podríamos imaginarnos un escenario en el que se les patee la pelota a los dos o tres próximos gobiernos. Tenemos que prepararnos para cumplir con esto. El mensaje debe quedar claro, es muy importante que el Estado cumpla, pero también que los desmovilizados lo hagan. Colombia debe ser muy estricto en las dos cosas.

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