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| 11/21/1994 12:00:00 AM

BUENOS PROPOSITOS

El Consejo de Competitividad tiene que demostrar que más que intenciones loables, puede conseguir resultados efectivos.

ES UN PROPOSITO DE ESOS con los cuales nadie puede estar en desacuerdo. Por esa razón, cuando el presidente Ernesto Samper instaló la semana pasada el Consejo Nacional de la Competitividad, creado por el mismo gobierno el pasado 24 de agosto, no hubo sino alabanzas para tan buenas intenciones. Como lo dijo el propio mandatario "el gobierno nacional tiene la firme convicción de que o este país avanza en el tema de la competitividad, o no tendra mayores espacios en los próximos 10 años para avanzar en el proceso de la internacionalización de su economía".
Y, la verdad es que Colombia necesita avanzar. Aunque según el ranking más reciente, el país no esta tan mal en esa materia como se podría haber pensado, todavía falta. El reporte más reciente sobre el tema colocó a Colombia en el puesto 30 entre 41 paises de todas las clases y en el puesto 9 entre 18 economías en vía de desarrollo. Por encima de Venezuela y por debajo de México, Argentina y Chile.
Según un informe de la Consejería Económica de la Presidencia de la República, "mientras que en temas como la estabilidad macroeconómica, el manejo de la deuda, la apertura comercial, las variables demográficas o el tamaño del Estado, el país se encuentra en los primeros lugares, en campos como el de la productividad, el ingreso per cápita, la infraestructura fisica, la inversión privada, el tamaño del mercado de capitales, la formación de recursos humanos o las variables tecnológicas, ocupa los últimos lugares entre los paises analizados". De manera que no hay otro remedio diferente al de trabajar en esas areas. Y la manera que escogió el gobierno fue con la composición de este Consejo en el cual tienen asiento representantes del gobierno, de la empresa privada, del sector sindical y de las universidades. La idea general escomenzar con unos comites asesores en cinco temas, seguir con el diseño de pactos de productividad por sectores y acabar entregando una estrategia nacional de competitividad que, en teoría, sería la hoja de ruta para el país en el futuro.
Toda la idea se enmarca dentro de la política del gobierno de promover la concertación entre los diferentes actores de la economía. Así será reiterado una vez más esta semana cuando el presidente Samper de a conocer las bases del llamado Pacto Social que aspira a ponerle coto a la inflación en 1995 si logra poner de acuerdo a los trabajadores empresarios y gobierno en torno a la fijación de los diferentes precios de la economía, incluidos salarios y tarifas.
El problema, por supuesto, va a ser pasar de la realidad a la práctica. Por el lado del tema de la competitividad, el nuevo Consejo corre el riesgo de convertirse en un ejercicio loable pero inutil, que entregue al cabo de meses de trabajo un decálogo de buenos propósitos sobre cómo debería ser el país ideal. El Pacto Social,a su vez, puede volverse un diálogo de sordos que en vez de acercar posiciones, las polarice. Ambos peligros, es cierto, no justifican la cancelación de esas iniciativas. Pero más vale que el gobierno tenga claro que el problema con las buenas ideas no es proponerlas, sino sacar adelante.
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