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| 1/11/2014 7:53:00 AM

El hueco del canal de Panamá

Los retrasos en las obras de ampliación del canal de Panamá no solo afectarían al istmo. También tendrían efectos internacionales. Esta semana será crucial para resolver el lío financiero y evitar una parálisis del megaproyecto.

En agosto se cumplirán 100 años de la construcción del canal de Panamá y las obras contempladas para su ampliación ya no estarán listas en este 2014, como originalmente se había previsto. Una serie de líos, que incluyen demandas y pleitos del consorcio constructor, por nuevas exigencias financieras, tiene al borde de la parálisis a una de las más grandes obras de ingeniería de América Latina.

El gobierno de Panamá hace ingentes esfuerzos para solucionar de aquí al 20 de enero el conflicto, pues a partir de esa fecha el consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC) advirtió que suspendería las obras. El GUPC pide que se le reconozcan sobrecostos por 1.600 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento del valor total del diseño y construcción del tercer juego de esclusas. El consorcio justificó estos sobrecostos por problemas geológicos.

Aunque en los últimos días se realizaron varias reuniones entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) –la entidad gubernamental encargada de manejar esta vía interoceánica– y representantes del consorcio constructor, aún persisten las grandes diferencias entre las propuestas.

Las repercusiones por los retrasos en las obras de ampliación del canal no son menores. Sus implicaciones se sienten en Panamá –que depende en buena parte de los ingresos que genera esta vía interoceánica–, en el comercio internacional porque por el canal se moviliza el 5 por ciento de la carga mundial de mercancías, y en las decenas de compañías internacionales que tienen contratos de obra o de suministro de materiales para el proyecto. Los efectos también se sienten en Colombia, donde el Grupo Argos es uno de los grandes proveedores de cemento para las obras.

El conflicto también alcanzó dimensiones diplomáticas. El presidente Ricardo Martinelli anunció que viajaría a España e Italia para encontrar una solución al problema, tras advertir que esos gobiernos tienen una gran responsabilidad en el proyecto ya que varias empresas de esos países están a cargo de las obras. El GUPC está integrado por la española Sacyr, la italiana Impregilo –que tienen el 96 por ciento del contrato–, y las firmas Jan de Nul, de Bélgica, y Constructora Urbana, de Panamá.

La semana pasada, la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, se adelantó y viajó a Panamá para tratar de encontrar una salida, pero no logró mayores avances ante la radicalización de las partes.

El hueco financiero es un gran escollo. Mientras la ACP propuso entregar un anticipo de 183 millones de dólares bajo la condición de que el consorcio siguiera adelante con el proyecto y se comprometiera a invertir otros 100 millones de dólares, el GUPC replicó y dijo que necesitaba inicialmente 400 millones de dólares.

Pero luego se conoció otra propuesta más agresiva. Según el diario panameño La Prensa, la empresa italiana Impregilo presentó dos opciones: un pago de 1.000 millones de dólares adicionales para concluir las obras o un anticipo de 500 millones mientras se resuelve la controversia por los sobrecostos. Advirtió que en caso de no llegarse a un acuerdo, la disputa se llevaría a un tribunal de arbitraje en Miami (Estados Unidos).

Para Jorge Quijano, administrador de ACP, esta alternativa no es viable. El funcionario le dijo a SEMANA que esta es la primera vez que un contratista intenta forzar a dicha entidad a una negociación fuera de las reglas del contrato y anunció que en los próximos días se reunirá con la aseguradora Zurich para discutir las alternativas.

La situación está tan tensa, que el gobierno de Panamá ha dicho que está dispuesto a terminar el 35 por ciento de las obras faltantes con sus propios recursos y a acudir a otros contratistas, si se agotan todos las fórmulas con el consorcio. El presidente Martinelli ha sido tajante en señalar que “el mundo debe convencerse de que vamos a terminar la ampliación”.

Los efectos

La noticia sobre una posible parálisis en las obras no solo ha causado revuelo en Panamá, España e Italia sino en muchos países cuyas compañías tienen millonarios contratos. En el caso colombiano están involucradas firmas como Argos, que tuvo que duplicar la capacidad de su planta de producción para atender los requerimientos de esta megaobra. Sin embargo, la compañía desestimó un gran impacto en caso de una suspensión en las obras al señalar que los volúmenes que se despacharán a dicho proyecto comenzarán a disminuir a partir de este año.

Según analistas, lo que pase con las obras de ampliación del canal podría tener efectos indirectos en Colombia. La razón es que varias de las compañías que hacen parte del consorcio constructor, también tienen proyectos en Colombia o aspiran a participar en la cuarta generación de concesiones viales.

Sacyr, por ejemplo, está precalificando para cinco concesiones, mientras que Impregilo hace parte de uno de los tres consorcios que realizan las obras de la Ruta del Sol, una de las vías más importantes del país y está precalificada para tres proyectos viales. La compañía Jan de Nul integra uno de los tres consorcios precalificados para la concesión del río Magdalena, un proyecto que demandará inversiones por 2 billones de pesos.

El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, afirma que si bien las tres firmas están presentes en el país y hasta el momento han cumplido, reconoce que si no hay arreglo en Panamá, la situación para estas compañías podría complicarse en Colombia a la hora de licitar ya que se les podría dificultar obtener las pólizas de cumplimiento y los créditos bancarios.

La empresa española Sacyr es recordada en el país porque hizo parte del Consorcio del Magdalena Medio (Commsa) que pretendía construir la vía Tobía Grande–Puerto Salgar, proceso que terminó en un sonado pleito con el Estado en el que intervino el gobierno de España.

Es entendible el revuelo que ha causado en el mundo la posible parálisis de las obras de la ampliación del canal de Panamá. Se trata de un proyecto que demandará inversiones por 5.250 millones de dólares. De estos, 3.200 millones corresponden al tercer juego de esclusas en los océanos Atlántico y Pacífico, que permitirán el ingreso de barcos Post Panamax, que tienen más del doble de la capacidad de los barcos actuales (pueden trasportar hasta 13.000 contenedores).

Para Panamá, el canal no es solo una fuente importante de ingresos sino su principal símbolo de soberanía nacional. Se inauguró en 1914 y durante más de ocho décadas fue manejado por el gobierno de Estados Unidos, hasta 1999 cuando pasó a ser administrado por Panamá.

Ante el incremento en el comercio internacional, el gobierno del vecino país tomó la decisión de ampliarlo en 2006 y en octubre de ese año se ratificó mediante un referendo. La construcción de las nuevas obras arrancó en 2009, cuando ganó la licitación el consorcio GUPC, que presentó la propuesta económica más baja de todas inferior incluso al precio base fijado por la ACP.

Por ahora, el atraso en las obras es de nueve meses, pero podría aumentar el si no se logra un acuerdo que, por lo pronto, no se ve nada fácil.
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