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| 1/14/2017 12:00:00 AM

El tsunami por los sobornos de Odebrecht

La Fiscalía destapó los coimas por 11,1 millones de dólares que la firma brasileña pagó en Colombia para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol, sector 2. Ya rodó la primera cabeza y se avecinan más capturas. ¿Hasta dónde llegará este tsunami?

Estalló en Colombia el escándalo por los sobornos de Odebrecht para quedarse con proyectos de infraestructura en varios países de América Latina. La semana pasada, la Fiscalía General de la Nación reveló que tiene indicios de que el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales recibió uno de los pagos de sobornos, y anunció que la firma brasileña solicitó un principio de oportunidad para colaborar con el proceso y obtener inmunidad en el sistema acusatorio.

Los anuncios del fiscal Néstor Humberto Martínez agitaron el debate en el país sobre la manera como se adjudican las obras públicas y la corrupción rampante en muchos sectores, que se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo de Colombia.

En rueda de prensa, Martínez reveló los resultados de las investigaciones realizadas durante las últimas tres semanas, una vez Odebrecht encendió el ventilador tras llegar a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos el 21 de diciembre. En el caso colombiano la compañía dijo que se pagaron 11,1 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Con base en esas denuncias y la colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía recopiló evidencia de que García Morales exigió 6,5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación de la Ruta del Sol, sector 2, como en efecto ocurrió. La empresa hizo sus pagos por medio de su Departamento de Operaciones Estructurales, en Brasil.

Las autoridades capturaron a García, quien pertenece a una prestante familia de Cartagena, el jueves en la tarde. La Fiscalía le imputará los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. El funcionario se desempeñó como director encargado del desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (Inco), una entidad tan cuestionada que fue reemplazada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Al conocer su captura, el expresidente Álvaro Uribe emitió un comunicado en el que respaldó plenamente las investigaciones de la Fiscalía y dijo que García “traicionó a Andrés Uriel Gallego, un ministro químicamente puro, al equipo de gobierno y a mi persona”.

Este exfuncionario no sería el único implicado en este escándalo ya que la investigación se encuentra en una fase inicial. Por lo tanto, es de esperarse que en los próximos días la Fiscalía capture más funcionarios y particulares que tuvieron que ver con los contratos de la Ruta del Sol, sector 2. Esto se desprende de las revelaciones de la entidad sobre el monto de los recursos restantes en sobornos, es decir, 4,6 millones de dólares, destinados para obras públicas contratadas con la ANI durante la actual Administración. “Tenemos las pruebas documentales y hemos identificados los contratos respectivos”, dijo el fiscal general.

El tema tiene gran impacto en el sector de infraestructura ya que la Ruta del Sol es la obra de ingeniería más importante del país. La otorgó la Administración Uribe en 2009, cuando Andrés Uriel Gallego era ministro de Transporte. Se trata de una carretera de 1.070 kilómetros que conecta los departamentos del centro del país con la costa Atlántica en menos tiempo, por lo que resulta fundamental para mejorar la competitividad. Por su magnitud y extensión se dividió en tres tramos que el Estado adjudicó a igual número de concesionarios.

El tramo o sector 2 comprende 528 kilómetros entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar). Su adjudicación despertó suspicacias por las objeciones que presentaron los aspirantes que quedaron por fuera del proceso. En ese año participaron el Grupo Nule, la compañía española OHL y Odebrecht. El Grupo Nule fue descalificado porque no presentó las garantías necesarias, pues en ese momento afrontaba una difícil situación financiera que tiempo después lo llevó a la quiebra. Hoy sus principales representantes están en la cárcel también por actos de corrupción.

La propuesta de OHL tampoco fue tenida en cuenta porque no cumplió los requerimientos técnicos. Finalmente se abrió un solo sobre con la oferta de la Concesionaria Ruta del Sol (Consol) integrada por Odebrecht, que tenía una participación del 62 por ciento, Episol, filial de Corficolombiana, con el 33 por ciento, y CSS Constructores, de los hermanos Solarte, el 5 por ciento restante.

Uno de los perdedores, Miguel Ricaurte Lombana, entonces presidente de OHL, denunció en ese momento irregularidades y dijo que la licitación fue amañada porque el comité evaluador no permitió abrir el sobre con la propuesta financiera de su compañía, que era inferior a la de Odebrecht.

A pesar de las protestas las obras siguieron adelante. En 2014 el contrato recibió una adición por 1,2 billones de pesos para construir un nuevo tramo de 82 kilómetros, la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra para conectar a Norte de Santander con el sur del Cesar y el río Magdalena. Con esto el valor total del tramo 2 ascendió a 4,4 billones de pesos.

¿Qué se avecina?

Con la decisión de la Fiscalía se abren interrogantes sobre la suerte de este proyecto, que tiene un atraso de más de dos años

–debía entregarse en 2015– y del que, según la ANI, faltan por entregar cerca de 250 kilómetros. Sin embargo, el concesionario asegura que las obras han avanzado en 64 por ciento y que ya están en operación 200 kilómetros de doble calzada.

De acuerdo con la Ley Anticorrupción, en caso de condenas por casos de corrupción de los socios de este u otro proyecto, habría que declarar inválido el contrato y abrir una nueva licitación. También contempla sancionar con una inhabilidad para contratar con el Estado a quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con soborno transnacional. Sin embargo, como Odebrecht solicitó un principio de oportunidad, que lo eximiría de un proceso penal, podría ceder su parte a los otros socios del concesionario o a un tercero, con lo cual las obras seguirían adelante.

La Fiscalía condicionó este acuerda que la empresa pague una reparación integral por el daño causado a la administración pública por 32.000 millones de pesos, cifra equivalente a lo pagado en sobornos, la cual la compañía brasileña ya aceptó.

Temiendo una posible decisión adversa, Episol, filial de Corficolombiana, envió a finales de 2016 una carta a la ANI en la que señala que está dispuesta a cooperar en todo lo que necesiten las autoridades colombianas. Además, afirma que se constituirá en víctima en la indagación, investigación y juicio penal que adelante en este caso.

Así mismo, informó que una vez conocidas las denuncias sobre los sobornos, la empresa convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas para el 3 de enero de este año con el fin de que la constructora Norberto Odebrecht entregara sus explicaciones sobre el tema. Pero la firma brasileña solo contestó con una carta en la que mencionaba el acuerdo de confidencialidad con la justicia estadounidense.

Mientras tanto sigue adelante una demanda de la concesionaria Consol contra la ANI por 700.000 millones de pesos. Según Andrade, el consorcio busca más tiempo para terminar el proyecto, hasta 2018, y que el Estado colombiano lo compense por los perjuicios en el desarrollo de la obra causados por los problemas con las comunidades y por las dificultades para adquirir los predios, entre otros.

Hasta antes de conocerse las denuncias sobre sobornos, Odebrecht estaba interesada en ceder su participación en el consorcio Consol a los socios minoritarios o a un tercer inversionista para conseguir recursos y tratar de salir adelante de la difícil coyuntura en que se encontraba.

Este mismo proceso se surtiría en el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, por 2,5 billones de pesos, que fue adjudicado al Consorcio Navelena, del que hace parte Odebrecht con el 87 por ciento.

Lo cierto es que este episodio vuelve a poner sobre el tapete las denuncias de corrupción que desde varios frentes se hacen sobre los contratos públicos en Colombia. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, viene señalando desde hace varios años irregularidades en la contratación regional. Dice que en municipios y departamentos la problemática es muy grave porque a mayor inversión mayor es la corrupción.

Para el directivo, mientras no exista en el país un pliego único de contratación, los funcionarios van a seguir manejando los contratos discrecionalmente y fijando los requisitos para favorecer a determinadas firmas. En una muestra aleatoria realizada por la CCI a varias regiones se comprobó que en el 65 por ciento de los municipios la contratación se hizo para favorecer a un único proponente. Con la Cuarta Generación de concesiones viales, que está en marcha, uno de los objetivos principales es adjudicar bien las obras y evitar los casos de corrupción.

Impacto regional

Pero si en Colombia el escándalo de Odebrecht está encendido, en otros países de América Latina, donde el tema también está candente, se están viendo los primeros resultados.

Ese es el caso de Perú, donde la empresa pagó sobornos por 29 millones de dólares. La Fiscalía de ese país llegó a un acuerdo con la firma brasileña que la obliga a pagar inicialmente 8,9 millones de dólares por las ganancias ilícitas que obtuvo en esa nación y comprometerse a denunciar a funcionarios envueltos en casos de corrupción.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa pidió a las autoridades acelerar la investigación para que se conozcan los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos por 35 millones de dólares y anunció que aplicará a los corruptos todo el rigor de la ley.

En Panamá, donde la empresa realizó pagos por 59 millones de dólares, el gobierno prohibió a Odebrecht participar en futuras licitaciones hasta que devuelva el dinero pagado en comisiones. En el istmo las autoridades han vinculado al expresidente Ricardo Martinelli y a sus hijos con esta trama de corrupción. En Argentina el escándalo salpicó al jefe de la Agencia de Inteligencia, Gustavo Arribas, quien habría recibido giros por 600.000 dólares.

Cabe señalar que el escándalo se destapó en plena temporada navideña, cuando Odebrecht llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para denunciar a dónde fueron a parar los más de 780 millones de dólares en sobornos que giraron para quedarse con más de 100 contratos en 12 países de América Latina y África. La firma de ingeniería, que tiene más de 40 años de historia, se comprometió a pagar una indemnización cercana a los 3.500 millones de dólares.

La compañía está envuelta en la mayor trama de corrupción de Brasil conocida como Lava Jato, por los pagos en contratos suscritos con Petrobras, en la que resultaron involucrados cerca de 50 dirigentes políticos, entre ellos el expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. El caso llevó a la cárcel al CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que enfrenta 19 años de prisión y quien anunció su colaboración con la Justicia.

La suerte de la otrora poderosa firma de ingeniería, la más grande de América Latina, es más incierta que nunca. Así haga acuerdos con los gobiernos y denuncie a los corruptos, será muy difícil que recupere su reputación. Habrá que ver cuál será su futuro en Colombia.

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