CASO DE URGENCIA

Al principio era el sueño de un grupo de médicos que había trabajado durante varios años en los Estados Unidos y acababan de repatriarse. Tenían en la cabeza la idea de montar en Colombia una institución de atención médica y hospitalaria que contara con instalaciones funcionales y óptimos servicios y a la cual tuviera acceso la mayor cantidad posible de personas de distintos estratos sociales.
Significaba hacer realidad el anhelo de todo joven estudiante de medicina que espera, después de obtener su grado, repartir su tiempo entre la atención a pacientes pudientes que puedan sostenerlo y el servicio a las comunidades menos favorecidas. Se trataba, además, de centrar buena parte del esfuerzo en la salud preventiva, ofreciendo una atención directa a una comunidad marginada específica.
Era ésta, a grandes rasgos, la motivación del grupo de médicos que decidió crear la Fundación Santa Fe y el Centro Médico de los Andes. Se enfrentaron de inmediato a grandes obstáculos para la financiación de su proyecto. Y no era para menos. En Colombia, no existen mecanismos para financiar un proyecto hospitalario de carácter privado, aunque éste se presente como una entidad sin ánimo de lucro, como sucedía con la Fundación Santa Fe.
La Fundación había logrado reunir entre lotes y donaciones en dinero unos 570 millones de pesos, hacia 1978. Se estaba obteniendo un préstamo por 500 millones para la construcción del hospital, gracias a un pool de corporaciones de ahorro y vivienda, que sólo estaban autorizadas a financiar construcción.

BUEN COMIENZO
Faltaba la dotación en equipos y el capital de trabajo. Para financiar estos rubros, no existía sistema alguno en el país. Gracias a una serie de resoluciones de la Junta Monetaria de entonces, que facilitaron la obtención de préstamos en el exterior para el fomento de distintas actividades, la Fundación logró obtener un crédito externo con el Morgan Bank y el Exim-Bank y otra serie de préstamos con las oficinas en Panamá de 4 bancos colombianos.
Las condiciones de la época en que se obtuvieron esos empréstitos por un total de 32 millones de dólares entre 1979 y 1982 fueron, en un principio, inmejorables. Con un interés del 8 por ciento, una devaluación sostenida del peso colombiano de un 7 por ciento y el 2 por ciento que implicaba el aval de 10 bancos del país al crédito con el Morgan y el Exim, el costo de esa financiación alcanzaba apenas a superar el 17 por ciento anual, contra un mínimo del 35 por ciento que hubiera costado un préstamo de igual monto en Colombia, de haber existido las líneas de crédito adecuadas.
Pero con el paso de los años, las circunstancias cambiaron. Las tasas de interés que regían los créditos pasaron de un 8 por ciento a un 16 por ciento, para luego estabilizarse en un 12 por ciento. La devaluación subió al 30 por ciento, de tal manera que el costo de financiación del proyecto pasó de un 17 por ciento a un 40 por ciento o más en términos reales, incluyendo el costo del aval de los bancos colombianos.
El Centro Médico de los Andes entró a funcionar hace un año y ahora sus deudas alcanzan unos 3 mil 450 millones de pesos, de los cuales 650 millones corresponden al estado de la deuda con las corporaciones de ahorro y vivienda para la construcción de la edificación; 300 millones más en créditos que se han obtenido para cancelar cuotas de los préstamos iniciales y, lo más grave, 2 mil 500 millones de pesos en dólares en empréstitos externos que crecen a un interés anual de alrededor de un 40 por ciento.
Aunque el director financiero, Jaime Ospina Gómez, asegura que "no tenemos un déficit operacional, pues nuestra operación directa está cubierta por los ingresos ordinarios, desde que cumplimos 8 meses de labores" él mismo reconoce que "el problema financiero de los préstamos es una bomba de tiempo que puede estallar si no cambiamos, de alguna manera, las condiciones del endeudamiento".
Según el director general, Alfonso Esguerra, la Fundación no está pidiendo ningún regalo por parte del Estado: "Sólo estamos solicitando la apertura de una línea de crédito blanda que nos permita refinanciar la deuda externa como la que han obténido otros gremios en dificultades".
Para distintos sectores financieros y del área de la salud, resulta inaudito que el Estado vaya a refinanciar una institución que, según sus críticos, se ha dedicado a ofrecer a las personas de grandes recursos, los más modernos servicios. El argumento de los detractores de la Fundación ha sido, básicamente, que si el Estado no puede sostener sus propios hospitales, en modo alguno debe salvar de la quiebra "un hospital para ricos".
Las directivas de la Fundación se defienden alegando que sus servicios están "al alcance de todos". Aseguran que así como la clase alta puede ir y debe pagar segun sus posibilidades, hay un cubrimiento no despreciable de sectores de clase media a través de convenios con el Seguro Social y con cerca de 90 empresas privadas.
Su mejor argumento parecen ser los programas de salud comunitaria, desarrollados en un área de influencia específica en una decena de barrios marginados del nororiente de la ciudad, respaldados por una fundación adicional, AMPARE, que corre con los gastos de consulta y hospitalización de los pacientes de esa zona qué, según un censo realizado antes de poner en marcha los programas, en un 80 por ciento no están cubiertos por el Seguro Social. Según la Fundación Santa Fe, estos programas permiten atender unas 8 mil personas pertenecientes, según el Dane, al estrato social bajo-bajo.
Para los críticos del proyecto, todas estas circunstancias no alcanzan a justificar una intervención del gobierno para refinanciar la Fundación. En manos de la Junta Monetaria está el estudio de la apertura de la línea de crédito especial que solicitan las directivas de la Fundación. Y hasta ahora, lo único que se sabe al respecto, es que el caso no registra antecedentes para las autoridades monetarias y resulta tan especial, que su estudio promete demorarse.